En un hecho sin precedente en la historia jurídico-política de México, el 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto Promulgatorio por el cual se declaran reformados 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A iniciativa del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se hace un cambio pleno y absoluto en la estructura y funciones del Poder Judicial y en algunos otros tópicos, como la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.

Decimos que es un hecho sin precedentes en razón de la importancia trascendental que entraña la Modificación Constitucional realizada. El propósito de este estudio es analizar el contenido de dicha Reforma, por lo que hace a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

1.-LA CONSTITUCION MEXICANA

1.1.- NATURALEZA DE LA CONSTITUCION

Producto de las luchas internas por una nueva Nación, el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete es promulgada en Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de acalorados debates en el Congreso instalado con un solo fin: establecer las nuevas Reglas del Juego en un País que buscaba y, aparentemente había encontrado, un nuevo rumbo.

Al asumir la forma de Gobierno Democrática y sustentada en la idea del Estado de Derecho, no es sino un Texto Constitucional el único que puede dar las Normas Esenciales de convivencia en la Nación.

Siguiendo a Ignacio Burgoa Orihuela, podemos definir la Constitución como "...el Ordenamiento fundamental y supremo del Estado que: a) establece su forma y la de su gobierno; b) crea y estructura sus órganos primarios; c) proclama los principios políticos y socio-económicos sobre los que se basan la organización y teleología estatales; y d) regula sustantivamente y controla adjetivamente el Poder Público del Estado en beneficio de los gobernados." (1)

En esta definición, la que se antoja más accesible por ser de carácter descriptivo, se contienen los elementos que caracterizan al conjunto de normas que nos ocupa.

De lo anotado se colige una característica fundamental de la Norma Suprema: su mutabilidad. En efecto, al ser la Constitución el reflejo de un grupo social; al establecer las Bases formales y operativas de ese grupo, es claro que puede ser modificado su contenido y aun su forma. de ahí que hablemos de que en la Constitución se contienen las Decisiones Jurídicas Fundamentales, siendo éstas a criterio del mismo autor en consulta:

a) Políticas: que comprenden las declaraciones respecto de soberanía popular, forma Federal del Estado y forma de Gobierno Republicana y Democrática.

b) Jurídicas: que consisten en limitación del Poder Público en favor de los gobernados por medio de las Garantías Constitucionales respectivas, institución del Juicio de Amparo como medio adjetivo para preservar la Constitución contra actos de la autoridad que la violen en detrimento de los gobernados y, en general, sumisión de la actividad toda de los órganos del Estado a la Constitución y a la Ley, a través de los principios de Constitucionalidad y Legalidad.

c) Sociales: que estriban en la consagración de derechos públicos subjetivos de carácter socio-económico, asistencial y cultural en favor de las clases obrera y campesina y de sus miembros individuales componentes, es decir, establecimiento de garantías sociales de diverso contenido.

d) Económicas: que se traducen en atribución al Estado o Nación del dominio o propiedad de recursos naturales específicos, la rectoría Estatal en ciertas actividades de interés público y el intervencionismo del Estado en las actividades económicas que realizan los particulares y en aras de dicho interés.

e) Culturales: es decir, las que se refieren a los fines de la enseñanza y de la educación que imparte el Estado y a la obligación a cargo de éste, consistente en realizar la importante función social respectiva en todos los grados y niveles de la ciencia y de la tecnología, con base en determinados principios y persiguiendo ciertas tendencias.

f) Religiosas: que conciernen a la libertad de creencias y cultos, separación de la Iglesia y del Estado...(2)

Al ser estas Decisiones Fundamentales emanadas del pueblo, es claro suponer que pueden variar, en tanto variable es la naturaleza humana individual y colectiva. Una Constitución que careciera de la posibilidad de transformarse a través del tiempo, en breve sería inútil y por tanto requeriría ser sustituida por otra, en un interminable devenir Constituyente.

Sin embargo, la mutabilidad Constitucional puede presentar ciertos puntos que vale la pena aclarar:

Atendiendo a que la Constitución plasma las Decisiones Fundamentales, debe tener la posibilidad de autopreservarse. Dicho principio de autopreservación se conoce como Principio de Supremacía. Esto implica que la Constitución es el Ordenamiento Cúspide, el."índice de validez formal de todas las leyes ordinarias o secundarias que forman el sistema jurídico estatal, en cuanto que ninguna de éllas debe oponerse, violar o simplemente apartarse de las disposiciones constitucionales."(3)

De esto derivan dos formas que puede revestir una Constitución: la Flexibilidad o la Rigidez.

La Constitución Flexible puede ser modificada simple y llanamente siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el que se sigue habitualmente para las Leyes Ordinarias o Secundarias, en tanto que la Constitución Rígida requiere un procedimiento especial, que puede ir desde una mayoría específica en el Organo Legislativo ( Constitución Italiana) hasta un procedimiento específico diverso al ordinario. Es rígida una Constitución cuando élla misma prevee un procedimiento agravado para su transformación. (4)

1.2.- LOS CAMBIOS A LA CONSTITUCION.

1.2.1 EL CONSTITUYENTE PERMANENTE Y EL LEGISLADOR ORDINARIO. CONSTITUCION Y LEY

En el propio Texto Constitucional se contiene, en el artículo 135, la posibilidad de transformación de la Constitución, estableciendo un procedimiento Legislativo especial, diverso del contenido en el artículo 72 del Supremo Ordenamiento. Esto es, se asume una mutabilidad rígida, en contraposición al proceso legislativo ordinario.

De acuerdo al artículo 49 Constitucional, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De ahí que no estemos en presencia de entidades autónomas y ajenas, sino, por el contrario, ante partes de un todo. Esto es, frente a un Poder Constituido, distinto del Poder Constituyente por ser éste origen de aquel. En la acertada intervención del Ministro Ulises Schmill en la Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes 30 de agosto de 1994 en la cual se trataba lo relativo a la Controversia Constitucional 1/93 propuesta por el Ayuntamiento de Ciudad Delicias, Chihuahua en contra del Ejecutivo de ese Estado, se asienta: "...Poder es el conjunto de facultades que posee un organismo público, órgano público, ese es el Poder; por tanto el Supremo Poder de la federación no constituye una entidad distinta de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que simplemente se manifiesta que el conjunto de facultades de los órganos del Estado se dividen en Legislativas, Ejecutivas y Judiciales..."(5)

De lo anterior se colige que el Pueblo Mexicano, en ejercicio de su Soberanía, plasmó en la propia Constitución la forma como las Decisiones Fundamentales contenidas en la Carta Constitutiva serían variadas, atendiendo a un proceso formal que garantizara tal Supremacía.

Si la Constitución emana de un Poder Constituyente Originario, claro es suponer que este desaparece al iniciar la vigencia de la Carta Fundamental y que se requiere, para cambios ulteriores, un Constituyente Permanente.

Aquí se presenta una situación concreta que llama la atención al Teórico de la Constitución y el Estado: la convivencia de Poderes Constituyentes y Constituidos en el mismo ámbito temporal. Mientras que el Poder Constituyente Originario ha desaparecido, al aparecer los Poderes Constituidos, en el artículo 135 Constitucional se establece un Organo integrado por la asociación del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados, capaz de alterar la Constitución, mediante adiciones y reformas a la misma. (6) Se aplica el calificativo de Permanente a este Constituyente en razón a que, si bien es cierto desempeña la misma función que el diverso de 1917, sobrevive a aquel en el tiempo.

Por otra parte, el producto que emana de ambas instancias es diverso, pues no podemos igualar los conceptos de Constitución y Ley.

En efecto, siguiendo el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sustentado en el Toca QA 4/83 relativo a la Queja interpuesta por las Responsables en contra del auto de admisión de la demanda de Amparo radicada bajo el No. 410/83 ante el Juez Cuarto en Materia Administrativa del Distrito Federal, "...mientras la Constitución es un conjunto de normas supremas que rigen la organización y funcionamiento de los poderes públicos y sus relaciones de orden social, la ley consiste en el conjunto de normas que derivan su validez y eficacia de la propia Constitución. Igualmente, Constitución y Ley se diferencian por su jerarquía, por su proceso de elaboración y por su contenido. En cuanto a su jerarquía, es incuestionable que prevalece la norma constitucional respecto de la ordinaria, cuando ésta se encuentra en contravención con aquella; en lo que atañe a su proceso de elaboración, la Constitución emana del Poder Constituyente y únicamente puede ser reformada o adicionada por el poder revisor, también llamado Constituyente Permanente, en tanto que la ley proviene de los poderes constituidos y, por lo que se refiere a su contenido, la Constitución establece originalmente los aspectos mencionados, en tanto que la ley desarrolla los preceptos constitucionales sin poder alterarlos."(7)

De ahí que Ley y Constitución difieren y no son sinónimos. sino que Ley emana y es parte del concepto Constitución.

1.2.2 ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD LEGISLATIVA

Acorde a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Mexicana, la Reforma o Adición a la Constitución requerirá que el Congreso de la Unión, por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, acuerden dichas reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Esto es, el Constituyente Permanente está integrado por el Poder Legislativo Federal y los similares de las Entidades Federativas, lo que le otorga una naturaleza mixta en cuanto a su integración. Por Congreso de la Unión debemos entender el organismo bicamaral en que se deposita el poder legislativo federal, o sea, la función de imperio del Estado Mexicano consistente en crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales llamadas "leyes" en sentido material.(8)

Es a cargo de este Organo Colegiado que está el Proceso Legislativo Ordinario a que nos referiremos más adelante.

El Poder Legislativo, como tal se expuso, se deposita en dos cámaras. Una de ellas, la Cámara de Diputados o Cámara Baja, integrada por quinientos diputados, representantes de la Nación, electos bajo dos principios: trescientos diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y doscientos diputados electos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, por circunscripciones plurinominales. La otra Cámara, la de Senadores o Cámara Alta, integrada por cuatro senadores por cada Entidad Federativa, tres de ellos electos por votación mayoritaria relativa y uno asignado a la primera minoría. De lo anterior se deduce que los Diputados representan a los gobernados y los Senadores a los estados como miembros de una Federación.

A efecto de que este Poder Legislativo, Poder Constituido, se transforme en Constituyente Permanente requiere la participación activa de las Legislaturas Estatales, en el proceso de aprobación de las Reformas o Adiciones a la Constitución. Aquí merece el detener nuestra atención para examinar un interesante punto de vista contrario a lo aquí expuesto, sostenido por el maestro Ramón Sánchez Medal en su obra Fraude a la Constitución y que se refiere al Juicio de Amparo que a nombre de diversas Instituciones de Crédito promovió en 1983 en contra del decreto Expropiatorio de la Banca y la reforma al artículo 28 Constitucional:

El maestro Sánchez Medal menciona que no puede considerarse como Constituyente al Poder Revisor de la Constitución, establecido en el artículo 135 de ese Ordenamiento, en razón de que carece de unidad e indivisibilidad, toda vez que el Poder Constituyente verdadero conservaba estas características para que el voto mayoritario se forjara en el fragor de la deliberación. En cambio, en el Poder Revisor primero delibera una Cámara, luego la otra y posteriormente las treinta y un Legislaturas Estatales, lo que lo hace disperso y fragmentado. (9) Por otra parte, sigue diciendo el mismo autor, carece el Poder Revisor de independencia y soberanía, toda vez que no es producto su reunión de la espontanea voluntad popular, sino que es un poder constituido por el propio artículo 135 de la Constitución, vinculado a procedimientos preexistentes y, por tanto, distinto del Constituyente Originario.(10)

Cabe mencionar que el suscrito no comparte estos criterios, dado lo ya expuesto sobre la posibilidad de mutabilidad constitucional, pues de aceptar el punto de vista del maestro Sánchez Medal, la Constitución no solo sería rígida sino inamovible.

1.2.3 DERECHO DE INICIATIVA ANTE LA INSTANCIA LEGISLATIVA ORDINARIA Y CONSTITUYENTE.

Elemento toral en el estudio que nos ocupa y previo al estudio del Procedimiento Legislativo, es la facultad de iniciar leyes que la propia Constitución limita en su artículo 71:

"El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.-Al Presidente de la República.

II.-A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión.

III.-A las Legislaturas de los Estados...."

Decimos que es elemento toral en el análisis pues ambos procedimientos legislativos, el Constituyente y el Ordinario requieren de un acto positivo que les dé inicio.

El polémico y combativo Emilio Krieger, en el semanario Proceso No. 946 de fecha 19 de diciembre de 1994 (11), en entrevista firmada por Sonia Morales y Francisco Ortiz Pinchetti cuestiona la facultad de iniciativa de reforma constitucional en el Presidente de la República.

Tratando de seguir este razonamiento, desgraciadamente mutilado en la entrevista, dada la brevedad de espacio, vale la pena dar por reproducido lo que se dijo páginas atrás respecto de la diferencia entre Ley y Constitución, pues si atendemos el criterio sostenido en el sentido de que son conceptos diferentes, el artículo 71 de la Constitución emplea el término "Leyes o Decretos" y no "Constitución", de lo que se deduce que el Presidente de la República carece de facultad expresa para presentar iniciativa de Reforma o Adición a la Carta Fundamental.

Este razonamiento empleado por el maestro Krieger, adicionado al argumento de que el Presidente de la República tiene, según el artículo 87 del Pacto Federal, obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, lo que no incluye la posibilidad del derecho de Iniciativa Constitucional. Vale decir que aun y cuando parte de una base cierta, es decir, la distinción entre Ley y Constitución y la ausencia de mención expresa en el Texto Supremo de facultad de iniciativa ante el Constituyente Permanente para el Ejecutivo Federal, también lo es que no existe dicha expresión para ninguna otra entidad pública o privada; de ahí que si tomamos tal y como se anotó el razonamiento del maestro Krieger nos encontraremos con que sería imposible el aplicar el artículo 135 Constitucional, por no haber nadie facultado para iniciar tal procedimiento.

Más aun, podríamos englobar en el concepto de Decreto empleado por la Norma en Estudio la Acción ante el Constituyente Permanente, porque la propia Constitución considera al Decreto toda determinación distinta de Ley, lo que entendido en sentido lato daría como consecuencia facultad de iniciativa en este sentido a los entes mencionados en el numeral 71 Constitucional. De esto se deduce que sí existe facultad expresa, tanto para el Presidente de la República como para los Senadores, Diputados y Legislaturas Estatales. Sin embargo, aun y cuando no fuera así y el suscrito estuviera equivocado, la falla de formalidad que significaría la ausencia de facultad del Iniciador de la Reforma o Adición, quedaría convalidada con la aprobación del Constituyente Permanente. Sirve de apoyo a este criterio el contenido de la voz Decreto, citada por el Ignacio Burgoa:

"Decreto.-En su sentido lato implica resolución, orden, determinación, decisión, auto o sentencia, pudiendo identificarse con el concepto de ley."(12)

Obviamente, después de lo expuesto, no queda sino mencionar que tratándose del proceso Legislativo Ordinario, tienen derecho de iniciativa las entidad citadas en el artículo 71 de la Constitución.

Sin embargo, es interesante apuntar que el Poder Judicial carece de la posibilidad de iniciar leyes o decretos, pues es el gran ausente del numeral en cita. En efecto, mientras en las Constituciones Locales, propias de cada Entidad Federativa el Supremo Tribunal de Justicia tiene facultad de iniciativa en los asuntos de su competencia.

Sin embargo, a nivel Federal el Poder Judicial no puede acudir ante el Congreso accionando el proceso legislativo. Esto viene directamente desde el Constituyente originario pues en la Sesión del 6 de Enero de 1917 se aprobó sin discusión y por unanimidad de 141 votos el texto actual del artículo 71 Constitucional.(13)

1.2.4 PROCESO LEGISLATIVO ORDINARIO

Partiendo de la Iniciativa correspondiente, todo proyecto de ley o decreto que no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, en los términos que el Reglamento de Debates del Cuerpo Legislativo determine. De manera preferente se discute el proyecto primero en la Cámara en la cual se presenta, a la que se denomina Cámara de Origen (con excepción de empréstitos, contribuciones, impuestos y reclutamiento de tropas, que deben plantearse primero en la Cámara Baja, cualquier otro tema puede plantearse de manera indistinta en cualquiera de las dos Cámaras) siempre y cuando no transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que esta rinda su dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.(14)

Las actividades de las Cámaras, desde el punto de vista de la manera como actuan, se divide en cuatro grupos:

a) Facultades del Congreso de la Unión, determinadas por el artículo 73 de la Constitución y que se refieren fundamentalmente al Proceso Legislativo que nos ocupa.

b) Facultades Exclusivas de cada una de las Cámaras, que se refieren a actos distintos de los legislativos y que ejercitan de manera separada pero no sucesiva, de manera independiente. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se detallan en el artículo 74 Constitucional y las del Senado en el diverso 76 del mismo Ordenamiento.

c) Facultades del Congreso como Asamblea Unica, es decir cuando ambas Cámaras actuan conjunta y simultaneamente, reunidas en una sola Asamblea. La Constitución contempla tres casos, a saber: designación del Presidente de la República cuando falta el titular (arts. 84 y 85 de la Constitución); protesta del Presidente de la República al tomar posesión del cargo (artículo 87 de la Carta Magna) y la apertura de sesiones ordinarias (artículo 69 de la Constitución).(15)

1.2.5 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ANTE EL CONSTITUYENTE PERMANENTE

Aun y cuando el procedimiento en esencia es el mismo, cabe destacar como nota distintiva, además de porcentajes de votación específicos, la participación de las Legislaturas Locales en la aprobación de la Reforma o Adición. Esto es, no basta una mayoría absoluta de los miembros presentes del Congreso de la unión, sino que se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los asistentes, así como una mayoría (51% como mínimo) de los Congresos Estatales.(16)

1.2.6 EL VETO PRESIDENCIAL

Así como atrae la atención el Derecho de Iniciativa Legislativa, también lo hace la institución del Veto que puede ejercer el Presidente de la República.

En efecto, entendemos con Ignacio Burgoa que el Veto es la facultad que tiene el Presidente de la república para hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que ya hubiesen sido aprobados por el Congreso de la unión, es decir, por sus dos Cámaras componentes. El veto presidencial no es absoluto sino suspensivo, pues su ejercicio no significa la prohibición o el impedimento insuperable o ineludible para que una ley o decreto entren en vigor, sino la mera formulación de objeciones a fin de que conforme a éllas, vuelvan a ser discutidos por ambas Cámaras.(17)

Este Veto solo puede ser interpuesto por el Ejecutivo una sola vez y, en su caso, de desecharse sus observaciones deberá promulgar la ley respectiva.

En este orden de ideas, es preciso determinar que este Derecho de Veto puede ser interpuesto en cualquier caso salvo cuando ejerza el Congreso de la Unión funciones de Colegio Electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a algún alto funcionario de la federación por delitos oficiales ni podrá hacer observaciones al decreto por el que se convoca a sesiones extraordinarias. Lo anterior, contenido expresamente en el inciso "j" del artículo 72 Constitucional, es inútil, pues ya tácitamente estaban excluidas desde el inicio del propio numeral, pues el artículo 72 en comento reglamenta el proceso de formación de toda ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras. Es decir, que no tiene caso determinar situaciones expresas de excepción, pues estaban previamente excluidas pues el veto solo procede contra resoluciones del Congreso.(18)

Siguiendo este razonamiento, podemos afirmar que tratándose de reformas o adiciones a la Constitución, es improcedente el veto pues no se trata de actos referidos por el artículo 72 Constitucional, sino que emanan de un Organo distinto del Congreso de la Unión, en el cual éste solo es parte de un todo.

2.- LA INICIATIVA PRESIDENCIAL. COMENTARIOS GENERALES.

Con fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro el presidente Ernesto Zedillo remitió al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Senadores, una Iniciativa para la Transformación del Poder Judicial y la Seguridad Pública.

En la propia Exposición de Motivos de la Iniciativa se establece que se trata de una Reforma profunda, que parte de la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado fundado en la soberanía nacional, la democracia, la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales.(19)

Los tópicos que aborda la Iniciativa Presidencial pueden clasificarse en:

a) Poder Judicial de la Federación, que podemos subdividir en:

-Integración.

-Regimen jurídico de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Regimen laboral del Poder Judicial.

-Administración del Poder Judicial de la Federación.

b) Controversias Constitucionales y cuestiones de Inconstitucionalidad.

c) El Juicio de Amparo.

d) Ministerio Público Federal.

e) Sistema Nacional de Seguridad Pública

f) Responsabilidad de Servidores Públicos, y

g) Los Poderes Judiciales de los Estados y Distrito Federal.

A continuación se analizara lo relativo al Poder Judicial de la Federación, tema central del presente trabajo.

3.- INTEGRACION DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Con la modificación al artículo 94 de la Constitución se pretende volver al texto original de dicho numeral, aprobado por el Constituyente de 1917, contemplando la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en once Ministros funcionando en Pleno o en Salas. Se parte de la idea por parte del Ejecutivo al formular la iniciativa que es innecesario el sostener veintiun ministros numerarios y cinco supernumerarios cuando su existencia obedeció al rezago acumulado en el despacho de los asuntos, siendo que a la fecha dicho rezago es practicamente inexistente.

Este argumento puede presentar en la práctica cierta sombra de duda, pues si bien es cierto se eliminan funciones administrativas a la Corte, como se verá más adelante, también lo es que se aumenta su competencia, al ampliarse el espectro de atribuciones derivado de las reformas a los artículos 105 y 107 Constitucionales, en los que se crean nuevos procedimientos y asuntos a tratar por la Corte, como son cuestiones de Inconstitucionalidad y Recursos de Apelación, además de la competencia que existe a la fecha como Tribunal de Constitucionalidad.

Aquí cabe mencionar que la Reforma al primer párrafo del artículo 94 agrega el término "Consejo de la Judicatura Federal", pero no modifica el resto del texto, llamando poderosamente la atención que mientras el artículo 49 Constitucional determina que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; que el artículo 50 refiere que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General; que el diverso numeral 80 del Pacto Federal determina que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona llamada "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", el artículo 94 en estudio emplea una técnica distinta y adquiere carácter descriptivo y no enunciativo, pues menciona al todo citando sus partes, sin tomar en consideración que, realmente y a la luz de la Teoría del Estado y de la Constitución, los Tribunales Colegiados, Unitarios y Juzgados de Distrito tienen una jurisdicción derivada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano supremo del Poder Judicial, y, por tanto, tienen carácter de subordinación a ésta.

Admitir lo contrario a lo expresado, solo sería factible si consideráramos a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional Autónomo y no como integrante del Poder Judicial de la Federación, que tendría una competencia diversa relativa a todas aquellas controversias no constitucionales. Veamos un ejemplo: en el artículo 117 de la Constitución Española de 1978 se prevee la existencia del Poder Judicial, para cumplir con la alta función de administrar justicia;(20) sin embargo, de manera autónoma e independiente del Poder Judicial, el artículo 159 contempla la existencia de un Tribunal Constitucional, integrado por doce miembros nombrados por el Rey, de ellos cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.(21)

Caso similar ocurre con la Constitución Italiana, en la que existe la Magistratura Ordinaria y la Corte Constituzionale, con funciones similares al modelo español: se reserva la interpretación Constitucional a un Organo Específico y Autónomo, distinto del Poder Judicial.(22)

De lo antes expuesto, en tanto no se otorgue el carácter de Tribunal Constitucional a la Corte, con naturaleza distinta de la correspondiente al Poder Judicial, debe modificarse la definición descriptiva del artículo 94 y, en su caso, establecer que el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera originaria, la que delegará su jurisdicción en los términos que la Ley señale.

4.- REGIMEN JURIDICO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

En lo relativo al régimen jurídico a que se sujetan los Ministros de la Corte, es importante destacar lo referente a los cambios introducidos al artículo 95 de la Constitución, que determina los requisitos para ser Ministro de la Corte:

-Elimina el limite de sesenta y cinco años como edad máxima para acceder al cargo.

-Amplia la antigüedad en el ejercicio de la abogacía de cinco a diez años como requisito básico para el ejercicio de tan importante función..

-Limita el acceso a la Corte a quienes durante el año anterior a su designación hubieran desempeñado alguno de los siguientes cargos: Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal.

-Establece como requisito a tomarse en cuenta la trayectoria profesional del nombrado.

Esta modificación es tal vez una de las principales, pues se garantiza el acceso a la Corte a personas que no tengan carácter de políticos sino de juristas, lo que constituye el ideal de un Poder Judicial real.

Robusteciendo esta limitación en el acceso a la Corte, se establece en el artículo 96 de la Constitución un nuevo procedimiento de designación de los Ministros que consiste en la presentación de una terna por parte del Presidente de la República al Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. Esto es trascendental pues anteriormente se permitía que el Ejecutivo planteara solo una propuesta para ocupar la vacante y no se requería ni porcentaje de votación ni comparecencia de los candidatos ante el Senado. Con el cambio introducido se garantiza con mayor amplitud el cumplimiento por parte de los propuestos al cargo de los requisitos del artículo 95 Constitucional.

Así mismo, con el fin de lograr el dinamismo en el trabajo de la Corte de introduce un término de duración al cargo de Ministro, el cual no puede exceder de quince años, limitando además la posibilidad que los Ministros, al abandonar su cargo, se aprovechen del nivel de influencia que hayan alcanzado, no pudiendo actuar como abogados, patronos o representantes en procesos ante los Organos del Poder Judicial de la Federación, por un término de dos años posteriores a su retiro del cargo.

Es importante destacar que se busca proteger a quienes desempeñan la alta misión de la Administración de Justicia al concluir su encargo, pues se establece el derecho a un haber por retiro.

5.- REGIMEN LABORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Cambiando el sistema adoptado en 1960, al introducirse en la Reforma el Consejo de la Judicatura, es a éste a quien corresponde conocer, como generalidad, de los conflictos que se susciten entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. Sin embargo y a efecto de preservar la autonomía de la Corte, como excepción corresponde a ésta conocer de los conflictos que surjan con sus empleados.

Es así como la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución plantea un caso de competencia especial, un caso de competencia extraordinaria en materia laboral, pues no serán resueltos esos conflictos en que sea parte el Poder Judicial Federal por un Organo Jurisdiccional sino por una Instancia un tanto peculiar.

Así mismo en el artículo 94 se establece la inamovilidad salarial de los Ministros de la Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Consejeros de la Judicatura Federal, lo que garantiza su independencia de los otros Poderes, ya que en tanto son aquellos quienes determinan el presupuesto del Judicial, pudiera afectarse la imparcialidad de éste.

6.- ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

Como punto central de atención en la Reforma realizada a la Constitución está la modificación del artículo 100, dando lugar a la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

Este novel organismo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Consejo de la Judicatura Federal obedece al propósito de sustraer de la atención de la Suprema Corte una serie de atribuciones no jurisdiccionales que quitaban su atención al alto encargo de Administrar Justicia. (23)

Hagamos, pues un pequeño ejercicio de Derecho Comparado a efecto de acercarnos al Organismo que ahora ocupa nuestro estudio:

6.1 EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA

Conforme al parágrafo dos del artículo 122 de la Constitución Española de 1978 crea el Consejo General del Poder Judicial, como Organo de Gobierno del mismo. En dicho Poder Judicial no esta comprendido el tribunal Constitucional, toda vez que el diverso artículo 159 de la Constitución le da carácter autónomo.(24)

Este Consejo General del Poder Judicial se integra, de acuerdo al parágrafo tres del artículo en comento, por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión.(25)

6.2 EL "CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA" EN ITALIA.

Es un organismo con funciones similares a su igual español, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución Italiana, es decir, atender lo referente a los nombramientos, asignaciones, transferencias, promociones y correcciones disciplinarias en lo referente a los magistrados (término empleado para designar a los entes jurisdiccionales).(26)

De acuerdo al artículo 104 de la Constitución Italiana, el "Consiglio Superiore della Magistratura" se integra por dos clase de miembros: miembros de derecho y miembros electos.

Los miembros de derecho del Consiglio son el Presidente de la República, quien preside el organismo; y, por otra parte el primer presidente y el Procurador General de la Corte de Casación, Organo Supremo del Poder Judicial, del que es ajeno e independiente la Corte Constitucional, al igual que en el caso de España.

Los miembros electos del Consiglio duran en su encargo cuatro años y son en número de treinta, de los cuales veinte se eligen por las dos terceras partes de los magistrados ordinarios de entre los pertenecientes a todos las esferas de competencia; el resto, diez, se eligen por un tercio del Parlamento en sesión común de entre los profesores universitarios ordinarios en materia jurídica y abogados con más de quince años de ejercicio. El Consiglio elige un Vicepresidente de entre los miembros electos por el Parlamento.(27)

6.3 EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL MEXICANO

De acuerdo al artículo 100 de nuestra Constitución y de acuerdo a la reforma en estudio, el Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete miembros de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo será también del Consejo, un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito quienes serán electos por insaculación; así mismo se integra por dos Consejeros designados por el Senado de la República y uno por el Presidente de la República. Estos últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas, además de reunir los requisitos del artículo 95 de la propia Constitución.

Notamos en esto, de manera proporcional, una diferencia porcentual que vale la pena mencionar:

Mientras en el Consejo General del Poder Judicial Español existe un porcentaje de 61% de miembros pertenecientes al Poder Judicial y el resto, el 39% son abogados con más de quince años de experiencia. No hay Consejeros del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo solo formula la propuesta del 39% de los miembros y requiere votación especial.

En Italia la presencia proporcional de miembros del Poder Judicial es del 63%, de Consejeros designados por el Legislativo es el 30%, requiriendo también votación especial y antigüedad de más de quince años de ejercicio profesional, y, finalmente, el 7%, dos miembros, son pertenecientes al Ejecutivo, aunque vale la pena aclarar que el presidente del Consejo es el Presidente de la República, lo que es significativo desde el punto de vista de la División de Poderes.

En el caso mexicano, el 57% pertenecen al poder Judicial, el 14%, un miembro, designado por el Ejecutivo y dos miembros, el 29%, por el Senado.

Aquí cabe destacar que en tanto en los dos casos extranjeros analizados se da una participación de ambas Cámaras del legislativo, en México se excluye a la Diputación; así mismo no se requiere votación especial ni antigüedad específica en el ejercicio profesional para ser electo por el Senado y por el Presidente de la República.

De lo anterior debemos decir que, si bien es cierto debería de ampliarse el número de miembros del Consejo de la Judicatura federal en México, a efecto de ampliar porcentajes en favor de los miembros del Poder Judicial, también lo es que la directiva del Organismo goza de mayos campo de acción que los símiles estudiados, pues en el caso español la designación de todos los miembros, con excepción del Presidente del Tribunal Supremo, son designados por una sola persona, el Rey. En el caso italiano el Presidente de la República preside el Consiglio, lo que, si bien es cierto no le otorga facultades especiales, marca una clara intervención del Poder Ejecutivo en una función que por su propia naturaleza le debe ser ajena.

Finalmente cabe apuntar que se modifican los artículos 108, 110 y 11 de la Constitución, a efecto de incorporar al régimen de privilegio de cierto servidores públicos a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, con el ánimo de facilitar su desempeño.

7.- NOTA FINAL

La reforma en estudio incluye modificaciones en materia de Procuración de Justicia, al permitir la existencia de un Recurso Jurisdiccional para impugnar las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, acabando así con ese absurdo monopolio que convertía al Ministerio Público en omnipoderoso en este sentido, al no ser procedente ni siquiera el juicio de Amparo contra sus determinaciones. Así mismo se cambia la forma de designación del Procurador General de la República y se da intervención al Senado en su designación. Por otra parte, pierde el carácter constitucional de Consejero Jurídico del Gobierno federal, función que asumirá la entidad que determine la Ley.

Por otra parte se reforman los artículos 103 y 107 de la Constitución. En el primer caso para incluir al Distrito Federal al lado de los estados de la Unión. En el segundo caso se introducen cambios en materia de Suspensión del Acto Reclamado, Jurisprudencia, y, tal vez la más importante, la Ejecución de las Sentencias de Amparo, innovación criticada y criticable porque suaviza los efectos del Juicio de Amparo hacia las Responsables y prevee la Ejecución Sustituta de las Sentencias de Amparo en los casos que la Corte, de oficio así lo decida. Finalmente se incluye también la caducidad de la instancia de ejecución de las sentencias de amparo, lo que afecta seriamente el alcance y valor que tradicionalmente tuvo nuestro Juicio de Amparo.

Se modifica sustancialmente el artículo 105 Constitucional, ampliando la competencia de la Corte para tratar Controversias Constitucionales, acciones de Inconstitucionalidad y Recursos de Apelación cuando la federación sea parte. Este artículo es toda una innovación en nuestro Sistema Jurídico y merece comentario aparte, el cual deberá formularse al publicarse su Ley reglamentaria, pues este artículo no inicia su vigencia sino hasta esa fecha, de acuerdo al Octavo Transitorio del Decreto Publicado el 31 de Diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

Noviembre de 1996.

NOTAS

1.-BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. QUINTA EDICION. ED. PORRUA. MEXICO. 1984. PAG. 325.

2.-BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. DICCIONARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, GARANTIAS Y AMPARO. TERCERA EDICION. ED. PORRUA. MEXICO. 1992. PAG. 88.

3.-IBIDEM, PAG. 93

4.-FIORI, M. MANUALE DI DIRITTO CONSTITUZIONALE. ED. CONCORSI PER TUTTI. ITALIA. 1991. PAG. 437.

5.-VERSION ESTENOGRAFICA DEL DECIMO SEGUNDO TURNO, PRIMERA PARTE A CARGO DE BLANCA E. AGUILERA SALINAS Y CARMEN OLVERA LOPEZ DE LA SESION DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DEL MARTES 30 DE AGOSTO DE 1994.

6.- TENA RAMIREZ, FELIPE. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. VIGESIMA SEXTA EDICION. ED. PORRUA. MEXICO. 1992. PAG. 45.

7.-CITADO POR SANCHEZ MEDAL, RAMON. EL FRAUDE A LA CONSTITUCION.PRIMERA EDICION. ED. PORRUA. MEXICO. 1988. PAG. 111 Y SIG.

8.- BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. DERECHO CONSTITUCIONAL.... PAG. 640.

9.-SANCHEZ MEDAL, RAMON. OB. CIT. PAG. 19.

10.- IBIDEM. PAG. 20.

11.-PROCESO. SEMANARIO. MEXICO. 19 DE DICIEMBRE DE 1994. PAG. 35.

12.- BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. DICCIONARIO... PAG. 107.

13.-DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 1916-1917. PRIMERA EDICION FACSIMILAR. COMISION NACIONAL PARA LAS CELEBRACIONES DEL 175 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y 75 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. MEXICO. 1985. TOMO II. PAG. 172.

14.-SAYEG HELU, JORGE. EL PODER LEGISLATIVO MEXICANO. PRIMERA EDICION. ED. TRILLAS. MEXICO. 1991. PAG. 142 Y SIG.

15.- TENA RAMIREZ, FELIPE, OB. CIT. PAG. 295.

16.- SAYEG HELU, JORGE. OB. CIT. PAG. 148.

17.- BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. DICCIONARIO... PAG. 436.

18.-TENA RAMIREZ, FELIPE. OB. CIT. PAG. 294.

19.- INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y LA SEGURIDAD PUBLICA, PUBLICADA POR "EL NACIONAL" EL 6 DE DICIEMBRE DE 1994.

20.- CITADO POR LABASTIDA, HORACIO. LAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS. PRIMERA EDICION. FONDO DE CULTURA ECONOMICA. MEXICO. 1994. PAG. 259.

21.-IBIDEM. PAG. 259.

22.- FIORI, M. OB. CIT. PAG. 265 Y SIG. EN LO RELATIVO A LA MAGISTRATURA Y 363 Y SIG. EN LO QUE RESPECTA A LA CORTE CONSTITUZIONALE.

23.- INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y LA SEGURIDAD PUBLICA, PUBLICADA POR "EL NACIONAL" EL 6 DE DICIEMBRE DE 1994.

24.- CITADO POR LABASTIDA, HORACIO. LAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS. PRIMERA EDICION. FONDO DE CULTURA ECONOMICA. MEXICO. 1994. PAG. 248 Y 259.

25.-IBIDEM. PAG. 248.

26.- FIORI, M. OB. CIT. PAG. 413

27.-IBIDEM. PAG. 268 Y SIG.