Proyecto de Reforma del Marco Legal de la Administración Pública Costarricense
Análisis de Competencias del Sector Público
Bajo la dirección de: Dr. Rodolfo Saborío Valverde
30 de agosto del 2000

I. Administración Central

II. Sector Descentralizado Institucional

III. Entes Públicos no Estatales

IV. Empresas Públicas

I. ADMINISTRACION CENTRAL

A continuación se incluye una descripción de las principales atribuciones de los órganos que conforman la Administración central. La mayor parte de ellas son dadas por legislación ordinaria. Sin embargo, también fue necesario recurrir a decretos y a las tareas que se encomienda a varios órganos en la ley de presupuesto para el actual ejercicio económico. En este último caso, debido a la ausencia de una norma legal ordinaria expresa. Por otra parte, importa resaltar que con el fin de dar una visión de conjunto se incluye al final del recuento de las labores y órganos de cada Ministerio una reseña de las instituciones descentralizadas y no estatales que se relacionan con sus competencias.

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA.

Las principales funciones que orientan la acción de este Ministerio están previstas en la Ley número 7064, de Fomento a la Producción Agropecuaria. En el artículo 48 de esa normativa se le encarga, entre otras labores, la de pomover el desarrollo agropecuario a partir, fundamentalmente, de la investigación y de la extensión agrícola, con objetivos socioeconómicos, de acuerdo con las necesidades del productor agropecuario.

Asimismo, elaborar e implantar los programas de regionalización técnico administrativos y de zonificación agropecuaria, en coordinación con otras instituciones del Sector; atender los problemas que afecten las actividades agropecuarias, en especial los relacionados con las enfermedades, las plagas y la contaminación ambiental; promover y ejecutar, conjuntamente con otros entes del Sector Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables, acciones tendientes a lograr una adecuada disponibilidad de alimentos para la población. Tanto esta última atribución como la de participar en la identificación de las necesidades de construcción y mantenimiento de la infraestructura propia para el desarrollo agropecuario y de recursos naturales renovables, deben entenderse en concordancia con el artículo 16 de la Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990.

Forman parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo la forma de órganos desconcentrados, los siguientes:

a. Junta de Fomento Avícola.

Creada mediante la Ley número 4981, le corresponden las funciones que se señalan a continuación: a) Facilitar la importación a los industriales y avicultores que lo requieran, de las materias primas básicas para la elaboración de mezclas balanceadas para aves, que no se produzcan o que sean escasas en el país, pudiendo mantener cantidades prudenciales de esas materias primas para uso de los avicultores y fabricantes de alimentos para aves de corral, para lo cual podrá efectuar contratos previos y tomar las medidas que estime pertinentes. Las importaciones de esas materias primas serán asesoradas por la Junta de Fomento Avícola a que se refiere la presente ley; b) Fomentar al máximo la producción de ingredientes básicos para la fabricación de alimentos, así como también la producción o industrialización de productos agrícolas que puedan disminuir o sustituir la importación de materias primas de procedencia extranjera; c) Ejercer el exclusivo control, autorización, inspección y supervisión del Consejo Nacional de Producción de la distribución y venta dentro del país de los productos avícolas, especialmente huevos y carne, con el objeto de asegurar las más estrictas normas de calidad e higiene en la venta y consumo de esos productos, para lo cual el Consejo emitirá el correspondiente reglamento y estará autorizado para cobrar los gastos y servicios que su intervención origine, así como para hacer las inversiones e instalaciones que sean necesarias para cumplir con esos propósitos; d) Cooperar con la Junta de Fomento Avícola en la búsqueda de mercados más satisfactorios para los productos avícolas; e) En su red de estancos, mantener permanentemente a la venta productos avícolas comprados directamente a los avicultores nacionales; f) Fomentar el procesamiento y el mercadeo de productos avícolas (artículo 5°).

En la satisfacción de estas tareas el mismo artículo 5° enfatiza la tarea del Consejo Nacional de la Producción.

Por su parte, el artículo 11 de la misma Ley le reconoce funciones más bien relacionadas con la asesoría y educación de los productores del sector, así como de promoción de las condiciones de ese grupo.

b. Junta de Fomento Porcino.

De manera bastante similar al caso recién examinado de la Junta de Fomento Avícola, la Ley 6433 creó la relacionada con la industia porcina, confiréndole atribuciones de promoción, educación, mejoramiento de las condiciones del mercado y búsqueda de su equilibrio.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley en comentario también aquí tiene participación importante el Consejo Nacional de la Producción.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Consejo Nacional de la Producción, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Junta de defensa del Tabaco, Oficina del Arroz, Oficina Nacional de Semillas, Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Corporación Bananera Nacional, Instituto del Café, Junta de Fomento Salinero, Junta Nacional de Cabuya, Liga Agrícola e Industrial de la Caña. Ver detalle para cada uno más adelante

2. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA.

Las funciones de este Ministerio aparecen definidas en el el artículo 2° de la Ley número 7152, en los siguientes términos: Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector; fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros; promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento; dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas; promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología; promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento; tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su competencia; propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general; realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país; asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales.

En el artículo 4° de la Ley en comentario se indica la estructura del Ministerio, entendiendo que estará integrado por la Dirección de Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Dirección General Forestal, la Dirección General de Vida Silvestre, y el Servicio de Parques Nacionales; asimismo, tendrá adscrito al Instituto Metereológico Nacional, con jerarquía de Dirección General.

Este último, bajo la condición de órgano desconcentrado, tiene las características que se indican seguidamente:

a. Instituto Meteorológico.

Creado con base en la Ley número 5222 el Instituto actuará como organismo técnico especializado, encargado de brindar servicio meteorológico a todo el país, partiendo de los siguientes fines: Estudiar, analizar y correlacionar los distintos estados del tiempo o elementos meteorológicos, con cada una de las fases del desarrollo fisiológico de las plantas y producción de los cultivos comerciales tradicionales y los de diversificación agrícola; estudiar, analizar y correlacionar los distintos estados del tiempo o de los elementos meteorológicos; con la aparación y desaparación naturales de las plagas y enfermedades de los cultivos comerciales; definir de acuerdo al clima agrícola, las zonas potenciales de cada cultivo comercial; definir la o las mejores épocas de siembra para cada cultivo comercial en cada una de las zonas ponteciales mencionadas; dar avisos oportunos para los agricultores sobre el estado del tiempo y su evolución esperada, para lograr un desarrollo más racional técnico y seguro de los distintos cultivos, para garantizar la obtención de cosechas más seguras y de mayor rendimiento, y el mayor desarrollo económico del sector agropecuario; instalar estaciones de observación para todos los fines de la meteorología en el territorio nacional; dar todo tipo de información y asistencia a la aviación civil nacional e internacional, en el campo de la meteorología aeronaútica; mantener sistemas permanentes de telecomunicación con los centros meteorológicos internacionales para recibir datos de estaciones marítimas, terrestres y espaciales; recopilar, estudiar y analizar toda la información climatológica y meteorológica que se registre y mida en el país; divulgar información y emitir avisos sobre el desarrollo del estado del tiempo en todo el país, con el fin de servir a los agricultores, comerciantes, transportes terrestres, marítimos y aéreo, turismo nacional e internacional y todas las actividades nacionales; mantener vigilancia sobre el desarrollo del tiempo durante veinticuatro horas diarias en las estaciones meteorológicas de observación principales; suministrar la información y dar asesoría para la preparación de estudios que otras instituciones puedan realizar para lograr el mejor uso del agua para la producción hidroeléctrica, el riego, el consumo humano o cualquier otro uso de provecho para el hombre; editar estadísticas y estudios climatológicos y meteorológicos en publicaciones periódicas; la formación y entrenamiento de un cuerpo técnico competente, que desempeñe satisfactoriamente la administración de la meteorología en el país; establecer, mediante un proceso continuando de educación y divulgación, una clara comprensión y mejor uso de la información meteorológica; así como promover el interés por conocer la importancia de la meteorología en el desarrollo humano; participar en labores dirigidas a la depuración del medio ambiente y en particular en las de defensa frente a la contaminación de la atmósfera; y mantener y fomentar las relaciones y la suscripción de convenios cooperativos con institutos científicos y organismos nacionales, extranjeros e internacionales del ramo.

b. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal cuenta con personería jurídica instrumental; salvo que el cooperante o el donante establezca condiciones diferentes para los beneficiarios.

El objetivo del Fondo será el de financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán en el reglamento y la ley.

c. Dirección General de Hidrocarburos.

De conformidad con la Ley número 7399, se trata de un órgano técnico especializado del Ministerio, a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar los contratos que el Poder Ejecutivo llegue a suscribir para la exploración y explotación de los hidrocarburos.

Específicamente le corresponde elaborar los carteles de las licitaciones públicas y someterlos a la aprobación del Consejo Técnico; analizar las ofertas para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y remitir las recomendaciones técnicas respectivas al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico; fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas; analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos y elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico; recomendar al Poder Ejecutivo la procedencia o la improcedencia de la cesión, parcial o total, de los contratos; así como del otorgamiento de las prórrogas solicitadas por los contratistas; determinar la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP) de yacimientos de hidrocarburos; llevar los registros citados en los artículos 20 y 21 de la Ley mencionada; aprobar la información presentada por los contratistas y dar por satisfechos los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de la misma Ley.

d. Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad.

Se crea mediante Ley número 7788 como órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía con personería jurídica instrumental. Se le dan las atribuciones de formular las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, sujetándose a la convención sobre la biodiversidad biológica y otros convenios y tratados internacionales, así como a los intereses nacionales; formular las políticas y responsabilidades establecidas en los capítulos IV, V y VI de la misma Ley, y coordinarlos con los diversos organismos responsables de la materia; formular y coordinar las políticas para el acceso de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado que asegure la adecuada transferencia científico-técnica y la distribución justa de los beneficios que se denominarán normas generales; formular la estrategia nacional de biodiversidad y darle seguimiento; coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de divulgación, con los sectores políticos, económicos y sociales del país, en torno a las políticas de conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad.

Por otra parte, se le encarga revocar las resoluciones de la oficina técnica de la Comisión y del servicio de protección fitosanitaria en materia de las solicitudes de acceso a los elementos de la biodiversidad, materia en la que agotará la vía administrativa; asesorar a otros órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas y entes privados, a fin de normar las acciones para el uso, ecológicamente sostenible, de los elementos de la biodiversidad; velar por que las acciones públicas y privadas relativas al manejo de los elementos de la biodiversidad cumplan las políticas establecidas en la Comisión.

Asimismo, le corresponde proponer las políticas de acceso sobre los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in situ. Actuará como órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de solicitud de protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad.

e. Sistema Nacional de Areas de Conservación.

Previsto en la ya mencionada Ley número 7788, se declara en su artículo 22 que el Sistema tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.

En síntesis, el Sistema estaría conformado por:

1.- El Consejo Nacional de áreas de Conservación.

2.- La Secretaría Ejecutiva.

3.- Las estructuras administrativas de las áreas de Conservación.

4.- Los consejos regionales de áreas de Conservación y

5.- Los consejos locales.

Se le atribuye la administración de las áreas de Conservación, por medio de un Consejo Regional, conformado por el funcionario responsable del área protegida y contará con un mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores presentes en el área, electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas para este a ese efecto.

En las áreas de Conservación donde sea necesario, por su complejidad, podrán crearse, por acuerdo del Consejo Regional del área de Conservación, Consejos Locales, cuya constitución se definirá en el acuerdo de creación.

f. Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Se trata de un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, creado por medio de la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo propósito fundamental será armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

Ya en un plano más concreto, se resumen sus competencias como sigue: analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública; recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo; atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental; realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos; aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo; elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación; recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental; fijar los montos de las garantías para cumplir las obligaciones ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos; realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.

Es, en general, competencia de la Secretaría, evaluar el impacto de las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Sin su aprobación previa no podrán iniciarse las actividades, obras o proyectos dichos.

g. Tribunal Ambiental Administrativo

La sede de este tribunal administrativo es San José y su competencia alcanza todo el territorio nacional. Es un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio.

Le compete conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; conocer, tramitar y resolver -de oficio o a instancia de parte- las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales; establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.

Sus resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo son irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa.

h. Consejos Regionales Ambientales

Estos Consejos, también creados por la Ley Orgánica del Ambiente, son órganos adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía y constituyen la máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.

Les corresponde promover, mediante actividades, programas y proyectos, la mayor participación ciudadana en el análisis y la discusión de las políticas ambientales que afecten la región; analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de las actividades, los programas y los proyectos que en materia ambiental, promueva el Ministerio del Ambiente y Energía o cualquier otro ente del Estado; atender denuncias en materia ambiental y gestionar, ante los órganos pertinentes, las acciones respectivas; proponer actividades, programas y proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y la conservación del ambiente en la región; desarrollar y poner en práctica actividades, programas y proyectos de educación, que fomenten las bases de una nueva actitud hacia los problemas del ambiente y sienten los fundamentos para consolidar una cultura ambiental.

El artículo 12 de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996 amplía las funciones de los Consejos Regionales Ambientales al atribuirles el conocimiento y análisis de los problemas forestales de la región donde están constituidos y coadyuvar al control y la protección forestales; la participación activa en la concepción y formulación de las políticas regionales de incentivo a la reforestación; la prevención y combate de plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos del patrimonio natural del Estado; además, colaborar en la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales en plantaciones y bosques privados; el seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas regionales de desarrollo forestal y pronunciarse sobre ellos; la recomendación, a la Administración Forestal del Estado del orden de prioridad de las áreas por incentivar; la autorización de la corta de árboles indicada en el artículo 27 de la Ley Forestal.

i. Fondo Nacional Ambiental.

Se crea en la Ley que se ha venido comentando, con el propósito de alcanzar los fines que en ella se proponen y de financiar el desarrollo de los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

En la misma Ley se estipula el origen de los dineros, así como aquellas actividades a las que pueden destinarse y cómo se manejarán.

j. Dirección General de Vida Silvestre

Mencionada supra como parte de la estructura del Ministerio del Ambiente y Energía, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317 la declara órgano competente en materia de planificación, desarrollo y control de la flora y de la fauna silvestres, encargándole los recursos del Fondo de Vida Silvestre. Se explica las competencias que en esa materia ostenta el Ministro, en su condición de rector del sector de recursos naturales, energía y minas.

Asimismo, a cargo de la Dirección propiamente dicha se mencionan las atribuciones de establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación y administración de la flora y fauna silvestres, objetos de la Ley dicha y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; recomendar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos; fomentar el establecimiento de los refugios de vida silvestre y de las fincas cinegéticas en propiedad privada; solicitar, a la respectiva autoridad competente, la detención de las personas que invadan los inmuebles sometidos al régimen de refugios nacionales de fauna y vida silvestres y refugios privados; promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso racional de los recursos naturales renovables del país, en el campo de la flora y de la fauna silvestres que le competen; promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre; extender o denegar los permisos de caza, pesca continental o insular, extracción de flora y cualquier permiso para importar o exportar flora o fauna silvestres; financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre; administrar, supervisar y proteger los humedales.

Por otra parte, le corresponde a la Dirección otorgar permisos de importación de especies de vida silvestre; otorgar permisos de exportación para especies reproducidas en zoocriaderos, inscritos según lo manda la misma Ley; autorizar el establecimiento de fincas cinegéticas privadas y reguladas de acuerdo con el Reglamento de esa Ley; expedir o denegar la licencia de recolecta científica o cultural; llevar un registro de las investigaciones y recolectas relacionadas con la vida silvestre nacional, en el que se anotarán las investigaciones que se desarrollen tanto en las universidades e instituciones públicas o privadas del país, como las que se lleven a cabo en cualquier institución fuera de él; autorizar todas las actividades de investigación y desarrollo que se realicen con el fin de obtener nuevas variedades, híbridos, fármacos o cualquier otro producto que se obtenga de las especies silvestres, de sus partes, productos y subproductos; fiscalizar la ejecución de estas actividades; extender permisos para la exportación de la flora nativa, de sus productos o subproductos y para la importación de la flora silvestre exótica; expedir la licencia de pesca continental e insular.

k. Fondo Forestal

Contemplado en la Ley Forestal, número 7575, su objetivo será financiar programas de desarrollo para fomentar y promover productos provenientes de plantaciones forestales; reforestar áreas con aptitud forestal ya denudadas y efectuar actividades de producción agroforestales; prevenir y combatir plagas, enfermedades de los bosques e incendios forestales; modernizar las industrias forestales y los mercados para sus productos; fomentar las actividades de investigación y capacitación para producir y usar eficientemente los recursos del sector forestal; ejecutar acciones y proyectos tendientes a disminuir la contaminación y el deterioro de los recursos naturales renovables (suelo, aire y agua).

La misma Ley explica la proveniencia de los respectivos fondos y sienta las reglas para su correcta administración.

l. La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos.

También mencionada supra, al hacer el recuento de la estructura administrativa básica del Ministerio, se le encomienda la administración de un impuesto para fomentar la investigación geológica, preparar los cuadros técnicos e impulsar, por parte del Estado, la explotación de las riquezas minerales del país. Deberá fijar el destino de lo recaudado. Asimismo, las resoluciones de la Dirección, durante la tramitación de un permiso o concesión, sólo podrán ser objeto de revocatoria y apelación, este último ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

m. Fondo de Parques Nacionales

Fruto de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, número 6084, se encarga al Servicio de Parques Nacionales el desarrollo y administración de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural del país, con el carácter de una Dirección General.

Corresponderá al Servicio el estudio, de las áreas del territorio nacional aptas para la preservación de la flora y la fauna, para el establecimiento de parques nacionales.

A su vez, es el responsable de la administración del Fondo mencionado.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto Costarricense de Electricidad, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Oficina Nacional Forestal, Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago. Ver detalle para cada uno más adelante

3. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA.

Creado mediante la Ley número 7169, de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, se le encarga en su artículo 20 la definición de la política científica y tecnológica mediante el uso de los mecanismos de concertación que establece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y contribuir a la integración de esa política con la política global de carácter económico y social del país, en lo cual servirá de enlace y como interlocutor directo ante los organismos de decisión política superior del Gobierno de la República. Asimismo, le concierne la coordinación de la labor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología por medio de la rectoría que ejerce el mismo Ministro de Ciencia y Tecnología; la elaboración, puesta en ejecución y seguimiento del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; y el otorgamiento de incentivos, mediante la suscripción del contrato de incentivos científicos y tecnológicos, previa recomendación de la Comisión de Incentivos.

El mismo artículo 20, continúa diciendo que es competencia del Ministerio, sugerir el porcentaje del presupuesto que ciertas instituciones -las indicadas en el artículo 97 de la misma Ley- deberán asignar para ciencia y tecnología, de conformidad con las prioridades del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; así como promover la creación y el mejoramiento de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país. Apoyar las funciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en el campo de la cooperación técnica internacional, con el estímulo del adecuado aprovechamiento de ésta en las actividades científicas y tecnológicas.

Valga resaltar que en el marco de la normativa a la que se viene aludiendo se crea la Comisión de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en adelante denominada Comisión de Incentivos, como parte del marco institucional de política económica del Poder Ejecutivo y como complemento de las políticas sectoriales en industria, exportaciones, agricultura, actividades pecuarias y de pesca.

El objetivo de esta Comisión es clasificar y seleccionar a aquellas personas físicas o jurídicas merecedoras de los incentivos que establece la ley, con excepción de aquellos otorgados por el régimen de Promoción del Investigador, cuya recomendación corre a cargo del Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT).

Por otra parte, el artículo 66 ibídem prescribe que el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT) en asocio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), promoverán el establecimiento y desarrollo de, al menos, dos niveles de organización de la comunidad científica nacional, una academia nacional de ciencias y una asociación para el avance de las ciencias.

Además de los incentivos arriba señalados al Ministerio se le faculta para la entrega de premios, el diseño de programas crediticios especiales, apoyo financiero directo -tanto de parte suya como de otras instituciones públicas- y la creación de parques tecnológicos, todo como mecanismos de promoción de la ciencia y tecnología (véanse los artículos 73, 74, 77, 88, 91, 92, 97, 98 y 99 de la Ley mencionada).

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, Comisión de Energía Atómica de Costa Rica. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Academia Nacional de Ciencias. Ver detalle para cada uno más adelante

4. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.

La Ley número 7638, en su artículo 2, señala como atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior las de definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera incluso la relacionada con Centroamérica, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país. Asimismo, la de dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas materias. Permite que mediante acuerdo del Poder Ejecutivo se autorice a los jerarcas de otros ministerios o entidades públicas del Estado que tengan competencia legal específica sobre determinada materia a firmar tratados y convenios, así como sus modificaciones. Junto con los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y Ganadería y el de Hacienda, le atañe la definición de la política arancelaria. Al Ministerio, por sí mismo, se le atribuye el dictado de las políticas referentes a exportaciones e inversiones, materia en la que debe dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales.

En la misma norma se le atribuye la representación del país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión. Debe, a su vez, establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países.

También se liga este Ministerio al de Relaciones Exteriores y Culto y a los Ministerios rectores de la producción nacional, para el estudio de las represalias comerciales que se deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica y que serán ejecutadas en el país por los organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en cuestión.

Le corresponde al Ministerio de Comercio Exterior otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen de admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, revocarlos; según lo dispuesto en su ley de creación y en otras leyes o reglamentos aplicables.

Asimismo, le compete evaluar las políticas de comercio exterior e inversiones por lo menos una vez cada dos años, mediante una Comisión mixta de evaluación de las políticas de comercio exterior e inversiones, integrada por un representante del Ministerio de Comercio Exterior, uno del Ministerio de Planificación, dos del sector privado y dos investigadores especialistas en la materia, provenientes de universidades públicas.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto Costarricense de Turismo. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Promotora del Comercio Exterior. Ver detalle para cada uno más adelante

5. MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES.

En relación con este Ministerio, debe hacerse ver que la amplia cantidad de actividades que engloba en el ámbito cultural ha compelido a laborar con base en programas. Esto, sin embargo no es conclusión a la que se llegue gracias a su Ley de Creación (número 4788) que se concentra más en los atributos de corte administrativo, sino que es fruto de regulaciones aisladas, tanto de rango legal, como reglamentario, según se detalla adelante.

En este sentido, importa hacer notar que la Ley número 4788 simplemente anuncia que el entonces nuevo Ministerio asumiría las responsabilidades, injerencias y funciones que la ley señalaba al Ministerio de Educación Pública en relación con la dirección General de Artes y Letras, la Dirección General de Educación Física y Deportes, la Editorial Costa Rica, el Museo Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge, y la Comisión establecida por ley Nº 3535 de 3 de agosto de 1965.

Asimismo, el artículo 4° de esa Ley encargó al Ministerio la elaboración de una política nacional de juventudes, con el fin de que la juventud se incorpore plenamente al desarrollo nacional y a que participe en el estudio y solución de los problemas nacionales y para lo cual el artículo 5° siguiente trasladó las funciones que la ley constitutiva del Movimiento Nacional de Juventudes señala a la Presidencia de la República, al Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte.

Como se adelantaba en los párrafos anteriores, son diversos los programas y órganos desconcentrados de este Ministerio, entre ellos:

  1. Junta Administrativa del Archivo Nacional,
  2. Creada por Ley número 5574, esta norma se limita a conferirle unas cuantas atribuciones principalmente administrativas (véanse los arts 2°, 9°, 12 y 13), sin que se haga descripción funcional del órgano.

  3. Centro Costarricense de Producción Cinematográfica,
  4. Se le crea como institución técnica y cultural especializada del Estado, adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar la producción y cultura cinematográfica nacionales. Se le dota de personalidad jurídica de derecho público e independencia en el ejercicio de sus funciones, concepto que entra en evidente contradicción con el carácter inicialmente asignado de órgano desconcentrado (esto, según el artículo 1° de la Ley número 6158).

    En el artículo 2° de la Ley indicada se alude a varios objetivos para el Centro, como son la producción, adquisición, archivo y distribución de toda naturaleza de películas, sin perjuicio de las que realicen los particulares; la organización de cursos de los diversos procesos de la producción cinematográfica y de funciones y festivales de cine; la creación de premios ocasionales o periódicos en el campo de la cinematografía; y la representación de Costa Rica en los eventos internacionales sobre cinematografía.

  5. Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.
  6. Fruto de la Ley número 7672, su artículo 3° puntualiza entre sus objetivos los de servir como monumento vivo a la obra del insigne humanista, pensador latinoamericano, ex Presidente de la República y Benemérito de la Patria, don José Figueres Ferrer; patrocinar, facilitar y promover el desarrollo cultural y artístico; servir de sede para la discusión de ideas políticas y filosóficas que impulsen la democracia, como forma de preservar el pensamiento de don José Figueres Ferrer y ofrecerse como sede a los grupos artísticos y culturales del cantón de San Ramón.

  7. Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas.
  8. Por Ley número 5118 se creó esta Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, encargándole la preparación de los actos, investigaciones, estudios y publicaciones que ella estime convenientes para conmemorar las fechas de la Historia Patria que juzgue dignas de ser festejadas. Tendrá, además, a su cargo, la erección de monumentos, placas conmemorativas, y en general todos los actos que tiendan a hacer eficaz su función general de velar por el mantenimiento y relieve del patrimonio histórico nacional.

  9. Movimiento Nacional de Juventudes.
  10. Según lo dispone la Ley número 3674 el Movimiento Nacional de Juventudes estará adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional, y estará encargado de elaborar programas y coordinar actividades de la juventud al servicio de la Nación. Será apolítico y no tendrá afiliación religiosa, ni perseguirá fines de lucro. Su objetivo será inculcar en la juventud costarricense sentimientos de amor a la Patria y al trabajo, y espíritu de servicio, altruismo y cooperación. A este efecto creará centros de atracción en las comunidades que ofrezcan a los jóvenes un marco de posibilidades de estudio y trabajo, complementarias de las recibidas en los centros académicos y llevará a cabo todas aquellas actividades que contribuyan al logro de sus fines.

  11. Museo de Arte Costarricense.
  12. El Museo de Arte Costarricense se creó (Ley número 6091) como órgano adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para velar por el fomento, la conservación, la divulgación y el estímulo de las artes y la literatura costarricenses en todas sus manifestaciones.

    Asimismo, se le asignó la labor de reunir y exhibir las obras más importantes de las artes plásticas costarricenses, en forma metódica, sistemática y constante, por medio de su colección permanente y de exhibiciones temporales, organizadas tanto en su sede como en otras salas de exposición, dentro y fuera del territorio nacional; estimulará la investigación y la creación artísticas por medio de becas y de talleres especiales; propiciar la investigación y la divulgación de los valores artísticos costarricenses mediante documentos y reproducciones, publicaciones y conferencias; supervisar las colecciones de arte del Estado, procurando su adecuada conservación, y decidir sobre toda adquisición de obras artísticas que se haga con fondos del Gobierno.

  13. Museo Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

En la Ley de Creación de este órgano, número 7606, se aclaran sus objetivos, como sigue: recuperar, conservar y divulgar los hechos destacados de la vida del ex Presidente de la República y Benemérito de la Patria Dr. Rafael Angel Calderón Guardia; resaltar y reconocer la importancia de su obra social en beneficio de la sociedad costarricense; difundir los principios del humanismo cristiano, con el objetivo de procurar el desarrollo cultural y la promoción humana, a la luz del pensamiento reformador del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia; desarrollar y apoyar actividades tendientes a fortalecer la cultura nacional.

h. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

La Ley de Creación de este órgano, número 5619, se limita a aspectos puramente administrativos como son el señalar que la Junta Administrativa del Museo tendrá personería jurídica para atender todo lo relativo al cuidado de la Institución y al enriquecimiento de su patrimonio (artículo 2°), describir los bienes que integran su patrimonio (artículo 3°), y el mecanismo de designación de su personal (artículo 6°).

i. Teatro Popular Melico Salazar.

De conformidad con la Ley número 7023 el Teatro es una institución cultural especializada del Estado adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo y la popularización de la cultura. Tiene personería jurídica de derecho público e independencia en el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales de desarrollo y las disposiciones de la ley que la rige.

Se le define como sede, organizadora y progamadora de los espectáculos del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, la Compañía Lírica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, la Orquesta Sinfónica Nacional y su programa juvenil (véanse, en este sentido los Decretos Ejecutivos número 23.566-C, 26.994-T, 27.990-C y 27.991-C). Además, se le atribuye la organización de festivales de las artes del espectáculo en el ámbito nacional e internacional; la suscripción de convenios artístico-culturales con entidades de los sectores público y privado, nacionales y extranjeras y ser la sede para los actos plenarios o solemnes de entidades estatales y públicas, así como de las organizaciones sociales y políticas del país, previa autorización de la Junta Directiva, para los efectos de la fecha más oportuna.

j. Museo Nacional.

Es un establecimiento destinado a coleccionar y exponer permanentemente los productos naturales y curiosidades históricas y arqueológicas del país,con el objeto de que sirva de centro de estudio y de exhibición

k. Teatro Nacional.

Se trata de un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con personalidad jurídica propia, creado por Ley Nº 1 del 8 de octubre de 1897.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Editorial Costa Rica, Instituto Costarricense del Deporte. Ver detalle para cada uno más adelante

6. MINISTERIO DE ECONOMíA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

En los artículos 1° y 4° de la Ley Orgánica de este Ministerio, número 6054, se enumeran sus atribuciones, valiendo la pena destacar las siguientes: Participar en la formulación de la política económica del Gobierno y en la planificación nacional, en los campos de su competencia; ser el organismo rector de los sectores de comercio, integración e industria; el fomento del comercio interno por medio del sistema de comercialización, para estimular el consumo de los productos nacionales; la formulación, dirección y coordinación de la política de precios, pesas y medidas, y de abastecimiento de mercado en el comercio interno; así como de la política de importación, de comercio exterior y de fomento a la diversificación de las exportaciones. Respecto de esta última función es importante hacer notar que tácitamente se le ha sustraido lo atinente a la definición de la política de comercio exterior, con la creación de un Ministerio específico para ese ramo.

Son también funciones del Ministerio de Economía la de formular, coordinar y supervisar la ejecución de la política en materia de turismo, interno y externo, la cual será ejecutada por el Instituto Costarricense de Turismo; fomentar la participación del país en exposiciones industriales comerciales y turísticas; y representar al Gobierno en las reuniones y negociaciones comerciales de carácter nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la salvedad ya reseñada de la intervención del Ministerio de Comercio Exterior.

Son órganos desconcentrados del Ministerio de Economía, los siguientes:

a. Comisión para Promover la Competencia.

El origen de este órgano descansa en la Ley número 7472, concretamente en su artículo 18, que lo caracteriza como de máxima desconcentración; adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Su función consistirá, en esencia, en conocer, de oficio o por denuncia y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.

Para satisfacer el cometido dicho, se le confirieron las potestades de velar por que los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse y eliminar los innecesarios; de recomendar a la Administración Publica la regulación de precios y el establecimiento de restricciones que no sean arancelarias; de investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas en esa Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás agentes económicos, la información o los documentos relevantes y sancionar cuando proceda; de sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de la misma Ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado; de establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, carteles, concentraciones y prácticas ilícitas; de emitir opinión en la materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos. Ias circulares y los demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico. Por su parte, el artículo 25 de la Ley que interesa se centra en la potestad sancionadora de la Comisión, fijando las penas que puede imponer.

  1. Comisión Nacional del Consumidor.

Creada también por la Ley número 7472 esta Comisión es, igualmente, un órgano de máxima desconcentración adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Su misión, sin embargo, es la de velar por el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de esa Ley y las demás normas que garanticen la defensa efectiva del consumidor, que no se le hayan atribuido, en forma expresa, a la Comisión para promover la competencia (artículo 44). En el artículo 50 se definen con mayor precisión sus contornos, al hacer recuento de sus potestades: Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los consumidores, de acuerdo con el artículo 29 de la misma Ley; sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de la Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor; ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, medidas cautelares; ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 41 de esa misma Ley, debiendo publicarse la parte dispositiva de la resolución para que sea del conocimiento general; ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. Puede fijar, asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según corresponda; trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo 60 de esta Ley.

Aunado a la labor de la Comisión se prevé el funcionamiento de una Unidad técnica de apoyo con labores, principalmente, de instrucción de los asuntos. Las sanciones que la Ley autoriza a la Comisión a decretar están contempladas en el artículo 54 de la Ley que interesa.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ver detalle más adelante

7. MINISTERIO DE EDUCACIóN PúBLICA.

Este Despacho Ministerial posee una Ley Orgánica -la número 3481-, cuyo artículo 1º menciona, escuetamente, que su labor se centra en la administración del ramo de la Educación, para la ejecución de las disposiciones pertinentes del título sétimo de la Constitución Política, de la Ley Fundamental de Educación, de las leyes conexas y de los respectivos reglamentos. Asimismo, el numeral 2 estipula que le corresponde poner en ejecución los planes, programas y demás determinaciones que emanan del Consejo Superior de Educación.

Los artículo 3° y 5°, por su parte, le encomiendan mantener y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con las instituciones que imparten enseñanza superior y las demás instituciones que trabajan en el campo educativo y cultural, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, mientras que el 4° le asigna la coordinación e inspección de la educación que se imparta en todo centro docente privado, así como la vigilancia administrativa de toda forma de estímulo que el Estado brinda a la iniciativa privada en materia educativa.

Son órganos desconcentrados de este Ministerio, los que siguen:

a. Consejo Superior de Educación Pública.

Creado mediante la Ley número 1362 el Consejo tendrá a su cargo, desde el punto de vista técnico, la orientación y dirección de la enseñanza oficial, debiendo conocer de los planes de edificación escolar; los proyectos para la creación de nuevos tipos de escuelas y colegios; los planes para incrementar la Educación Pública; los proyectos de ley, reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los establecimientos educacionales y resolver sobre los problemas de correlación e integración del sistema educacional; los textos de estudio, el tipo de mobiliario y de material de enseñanza que deban emplear las escuelas y los colegios, previo informe de los Directores Generales de Educación; las solicitudes de autores nacionales para la edición o compra de ediciones de sus obras; las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y profesionales extranjeros que deseen estudiar o ejercer la docencia en los institutos nacionales que no sean de la competencia de la Universidad de Costa Rica, previos informes de los Directores Generales de Educación a quienes compete la materia; las resoluciones de la inspección de escuelas y colegios privados, así como del establecimiento de nuevas instituciones de este carácter; y, los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del Personal docente.

b. Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada.

A partir del contenido de la Ley número 6693, es posible apuntar como funciones de este Consejo la autorización para la creación y el funcionamiento de las universidades privadas, cuando se compruebe que se llenan los requisitos que esta ley establece; aprobación de los estatutos de estos centros y sus reformas, así como los reglamentos académicos; autorización de las escuelas, y las carreras que se impartirán, previos estudios que realice la Oficina de Planificación de la Enseñanza Superior (OPES); aprobación de las tarifas de matrícula y de costo de los cursos, de manera que se garantice el funcionamiento adecuado de las diversas universidades privadas; aprobación de los planes de estudio y sus modificaciones; vigilancia e inspección sobre las universidades privadas, de acuerdo con el reglamento, que al efecto propondrá al Poder Ejecutivo, para ser aprobado por éste; y aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo 17 de esta ley.

En caso de ser necesario, el Consejo puede designar una junta interventora universitaria de aquellas universidades privadas o entidades afiliadas o adscritas a éstas, que cesen en su actividad universitaria, de hecho o de derecho, a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio a su cargo. Esta junta tendrá potestades de administración y de dirección política y administrativa, coordinación y vigilancia, y podrá darle a la entidad intervenida la organización interna que mejor convenga, a fin de preservar el nivel de enseñanza debido.

c. Fondo Nacional de Becas.

Según lo dispone el artículo 4° de la Ley número 7658 son fines del Fondo Nacional de Becas: Conceder becas a estudiantes costarricenses de bajos recursos económicos para que cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos, dentro o fuera del país; realizar investigaciones permanentes sobre la necesidad de conceder becas a mediano y largo plazo, a estudiantes de escasos recursos económicos, de manera coordinada con el Ministerio de Educación Pública y las demás instituciones relacionadas con el desarrollo educativo; coordinar con las demás instituciones estatales y privadas el máximo aprovechamiento de las becas del Fondo. Además, servir de receptor tanto de las becas que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ofrecen gobiernos extranjeros y organismos internacionales, como de las provenientes de organismos e instituciones privadas; verificar, periódicamente, el aprovechamiento del recurso económico que se les concede a los becarios y su rendimiento académico; ofrecer orientación profesional a los beneficiarios del sistema de becas del Fondo y colaborar con ellos a fin de que se vinculen con estudios que correspondan a su verdadera vocación, para que puedan desarrollarse académicamente de acuerdo con sus capacidades; y, administrar la asignación de becas a estudiantes pobres.

d. Escuela Centroamericana de Ganadería.

Por Ley número 4401 se estableció esta Escuela en el cantón de Atenas, a nivel intermedio, con el objetivo fundamental de formar técnicos ganaderos que contribuyan al mejor desenvolvimiento de las actividades pecuarias del país.

e. Tribunal de Carrera Docente.

Está previsto en el Estatuto del Servicio Civil, a cargo de las atribuciones que a continuación se detallan: conocer de todos los conflictos que se originen dentro del Ministerio de Educación Pública, tanto por el incumplimiento de las obligaciones, como por el no reconocimiento de los derechos del personal docente; y dictar el fallo que en cada caso corresponda; conocer de lo resuelto, por el Director del Departamento de Personal, en relación con las peticiones de los servidores, sobre derechos inherentes a ellos en sus puestos; conocer de las apelaciones que se presentaren contra resoluciones dictadas por el Director del Departamento de Personal, en los procedimientos de ese mismo capítulo. Lo resuelto por el Tribunal en este caso, no tiene recurso ulterior.

Además de los órganos descritos anteriormente, administran un presupuesto separado las siguientes unidades:

Oficina de Cooperación Internacional para la Educación (OCIE), creda por el Decreto Ejecutivo 18674-MEP de 4 de noviembre de 1988, ejerce la administración financiera de los recursos afectos a programas o proyectos especiales que para el año 2000 manejará recursos por 9 mil millones

Centro Nacional de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el Desarrollo Industrial (CEFOF), creado por Decreto Ejecutivo 21331-H de 1 de abril de 1992, como una institución de enseñanza superior parauniversitaria oficial.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Colegios Universitarios, Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, Comisión Nacional de Rectores, Instituto Nacional de Aprendizaje. Ver detalle para cada uno más adelante

8. MINISTERIO DE GOBERNACIóN Y POLICíA.

Este órgano carece de una ley orgánica propia, razón por la que se reseñan los objetivos que le encomienda la ley de presupuesto, entre los que destaca el de fungir como director de los programas que se agrupan en su seno bajo la condición de órganos desconcentrados, procurando un mejoramiento de su respuesta al administrado y la supervisión del destino de los fondos que en ellos deba emplearse.

Funciones más concretas se encomienda a dichos órganos desconcentrados:

a. Dirección General de Migración y Extranjería.

Esta Dirección se creó por Ley número 37 bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía, encargándosele el control de la entrada y salida de nacionales y extranjeros; conceder licencias y dispensas inmigratorias; extender y visar pasaportes para los particulares; vigilar por que cada permiso de ingreso, reingreso y permanencia, se otorgue una vez llevada a cabo una investigación de los antecedentes y de la conducta del solicitante, de sus medios económicos y de las garantías que ofrezca, para el caso de que deba disponerse su expulsión del país; y de todas aquellas funciones que tengan relación directa con la dirección y control del movimiento migratorio en el país (artículo 1°).

b. Imprenta Nacional.

La Imprenta Nacional encuentra la previsión de sus fines en la Ley número 5394. Entre ellos, en los artículos 2° y 7° se señalan los de administración y preservación -incluyendo renovación y mejoramiento- de los bienes de la imprenta, sin que se haga la fijación de alguna competencia específica.

c. Dirección de Desarrollo de la Comunidad.

El artículo 1° de la Ley número 3859 califica a la Dirección como un órgano del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, instrumento básico de desarrollo y encargado de fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Más adelante, en el artículo 3° de la Ley citada, se enuncian los principios y objetivos de la Dirección, incluyendo el de promover la creación de oportunidades para el perfeccionamiento integral de la persona humana, descubrir sus capacidades y cualidades y canalizarlas en beneficio de la comunidad y del país; el de establecer un clima propicio para la creación de nuevos valores y la adaptación de nuevos hábitos y actitudes, a través de un proceso de perfeccionamiento interno de la población que asegure su participación activa y consciente en las decisiones y acciones para resolver los problemas económicos y sociales que la afectan; la creación de una conciencia colectiva de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes, por medio del estímulo y orientación de organizaciones distritales, cantonales, provinciales, regionales y nacionales; la coordinación y orientación de los programas públicos y privados para la aplicación de los principios, métodos y técnicas del desarrollo de la comunidad; la realización de estudios e investigaciones sociales y la contribución al establecimiento de los canales adecuados en ambas direcciones entre las comunidades y los organismos técnicos, administrativos, legislativos y políticos en general; el planeamiento y la promoción de la participación activa y organizada de las poblaciones en los programas nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social.

La misma norma encarga, asimismo, la evaluación permanente de los programas mencionados; el entrenamiento del personal necesario para el desarrollo de las técnicas de desarrollo de la comunidad; el asesoramiento y coordinación en la ejecución de estos programas.

A nivel de las propias comunidades, el artículo 6° ibídem dispone que la Dirección actuará a través de las asociaciones de desarrollo y, será por medio de éstas, que las comunidades participen activamente en todos los planes y programas dirigidos a su propio desarrollo.

Otro elemento fundemental de acción de la Dirección consiste en el diseño del plan nacional de desarrollo de la comunidad (artículo 10).

Finalmente, importa hacer notar que el artículo 35 de la Ley mencionada encomienda a la Dirección controlar minuciosamente las actividades económicas de las distintas asociaciones, para lo cual deberá organizar un sistema especial de inspección y auditoría. Para estos efectos, la Dirección indicará en cada caso cuáles registros contables debe llevar la asociación y qué tipo de informes debe rendir periódicamente.

9. MINISTERIO DE HACIENDA.

Pese a su capital importancia en el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Estado en general, el Ministerio de Hacienda carece de una ley orgánica. Las funciones de sus óganos desconcentrados se encuentran dispersas en distintos cuerpos normativos. De ahí que el único método plausible para cohesionar su actividad fuera la descripción contenida en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico del 2000.

Con base en este plan, se puede afirmar que forman parte de los objetivos del Ministerio el minimizar el déficit fiscal mediante una mejor recaudación, la racionalización del gasto y una mayor flexibilidad en su asignación; lograr un aumento sostenido de la recaudación tributaria, facilitando a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y combatiendo de manera sistemática y efectiva el fraude y la evasión; mejorar los sistemas de recaudación y control fiscal así como los servicios que prestan las administraciones tributarias y aduaneras; promover la actualización del marco normativo que regula las diferentes áreas de acción de la institución; promover el desarrollo del mercado financiero mediante una participación que propicie condiciones que estimulen el ahorro interno y la integración con el mercado financiero internacional; desarrollar la capacidad institucional para formular y concertar la política económica; modernizar el proceso presupuestario a efecto de que propicie eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos; fomentar el espíritu de gerencia y el sentido de responsabilidad en la función pública; actualizar permanentemente la estructura organizacional del Ministerio para lograr una mayor articulación e integración y capacidad para responder a las circunstancias; promover el espíritu de servicio y la atención del usuario como fin último de la institución.

De manera más específica se le encomienda también la participación en la fijación de la política relacionada con los ingresos y los gastos públicos, de acuerdo y conjuntamente con las directrices del Presidente de la República; formular, ejecutar y liquidar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Gobierno de la República; velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, tasas, contribuciones, productos del uso de la propiedad fiscal y en general de todos los ingresos públicos; llevar un control de la situación del Tesoro Público y mantener una política congruente entre la ejecución del gasto y las posibilidades de los recursos de tesorería; coordinar los aspectos fiscales con las políticas monetarias, cambiarias y crediticias fijadas por el Banco Central de Costa Rica; dirigir y coordinar las dependencias del propio Ministerio y sus relaciones con los sectores público y privado; participar en la formulación e instrumentación de las políticas de exoneración de impuestos, compra de bienes y servicios para uso gubernamental, crédito interno y externo, la prevención y persecución de la defraudación fiscal.

La Ley de Administracion Financiera, número 1279, contempla las competencias de varias dependencias del Ministerio de Hacienda, sin llegar a calificarlas como órganos desconcentrados, sino que más bien los llama órganos administrativos básicos o componentes de la organización financiera del Estado.

En este sentido, el artículo 2º de la Ley dicha estipula que para el normal desarrollo de las actividades que le corresponden, el Ministerio de Hacienda contará con las oficinas que estime convenientes y necesarias; aclarando que las que ahí reseña (Tesorería Nacional, Oficina del Presupuesto, Contabilidad Nacional y Proveeduría Nacional) forman la organización financiera básica del Estado. Detalla al respecto el artículo 5° que, sin perjuicio de la fiscalización superior que corresponde a la Contraloría General de la República, cada una de las oficinas que en conjunto forman la organización financiera del Estado está obligada a ejercer vigilancia y la fiscalización internas de todas las operaciones de cualquier naturaleza que éstas sean, procurando que ellas se realicen dentro de los mandatos legales vigentes y en beneficio del Estado. Especialmente están en la obligación de velar por que la actividad que específicamente se encomienda a cada una de ellas se realice en la mejor forma posible. En el desempeño de esta gestión podrán realizar revisiones y arqueos, verificaciones, comprobaciones y toda clase de actos que normalmente conduzcan a un mejor cumplimiento de su misión, sin perjuicio de los que las leyes o los reglamentos les confieren en forma expresa y particular.

a. Tesoreria Nacional.

Sobre este órgano de relevancia constitucional, el artículo 10 de la Ley de Administración Financiera, indica que es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; y es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de renta o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas nacionales. Continúa diciendo el artículo 11 que debe vigilar por la exacta y correcta recaudación de los impuestos, rentas, tasas y demás ingresos del Tesoro Público y no podrá efectuar ningún pago si éste no se ajusta exactamente al Presupuesto Nacional o a disposiciones legales de carácter fiscal vigentes y que ordenen la respectiva erogación de fondos públicos. No expedirá órdenes de pago, si no hay fondos para hacerlas efectivas.

La Tesorería está obligada a rendir diariamente al Ministro de Hacienda un informe de la situación de fondos del Erario Público y a recomendar las medidas que estime convenientes a efecto de que no falten los indispensables para atender los gastos de la Administración Pública (artículo 15).

b. Oficina de Presupuesto.

Según el artículo 35 de la Ley en comentario la misión de esta Oficina es la de cumplir la labor que se encomienda al Poder Ejecutivo de preparación de los proyectos de presupuesto, tanto ordinarios como extraordinarios, respetando la técnica de la Ciencia Hacendaria.

La Oficina estudia y ordena los anteproyectos que remiten los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y cada uno de los Ministros de Gobierno al Ministro de Hacienda. Posteriormente, formula el proyecto general de presupuesto, con los estudios que al efecto realiza y los probables ingresos del período fiscal. En este proyecto podrán ser rebajadas, aumentadas, suprimidas o modificadas cualesquiera de las partidas que figuren en los proyectos parciales citados.

Asimismo, una vez terminado el año fiscal es también a la Oficina del Presupuesto a la que le corresponde efectuar la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que hubieren sido aprobados, así como las ampliaciones. En esta labor la vigila la Contraloría General de la República, que podrá hacer las observaciones y salvedades que estime convenientes. La Oficina deberá presentar dicha liquidación al Ministro de Hacienda antes del quince de febrero siguiente, éste a su vez, y en nombre del Poder Ejecutivo, la presentará a la Contraloría General de la República a más tardar el 1º de marzo siguiente. La Contraloría, de conformidad con las estipulaciones del artículo 17 de su ley Orgánica deberá remitirlo a la Asamblea a más tardar el 1º de mayo inmediato siguiente. A la Asamblea Legislativa corresponde la aprobación o improbación final y definitiva de la cuenta presupuestal.

Por otra parte, el artículo 57 de la Ley citada tilda a la Oficina del Presupuesto de organismo técnico especializado; al cual corresponde el control jurídico-contable, económico y financiero del presupuesto, así como la ejecución de las disposiciones que le son propias conforme a lo dispuesto en las leyes; en cumplimiento de todo esto podrá requerir de las dependencias públicas toda la información que estime necesaria respecto a los gastos del presupuesto. Le corresponde también realizar los estudios conducentes en las diversas dependencias públicas, a fin de proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones necesarias para el mejoramiento de los servicios, pudiendo recabar, a ese efecto de todas las dependencias administrativas los informes que estime convenientes.

Será obligación de la Oficina del Presupuesto (artículo 59 ibídem), también, recopilar y analizar las leyes que tengan relación con ingresos y egresos del Tesoro Nacional, y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones que considere convenientes para su perfeccionamiento.

c. Contabilidad Nacional.

Ateniéndose al texto del artículo 73 de la Ley varias veces citada, puede afirmarse que la Contabilidad Nacional tiene por función primordial llevar las cuentas de todo el patrimonio nacional y que, en ejercicio de tal función, es el centro de las cuentas de la Hacienda Pública, estando a su cargo la Contabilidad Oficial de la Nación. La Contabilidad de la Deuda Pública consolidada corresponde llevarla a la Institución u organismo encargado de ese servicio. La Contabilidad Nacional sólo llevará registro de la deuda flotante y de las sumas globales de la deuda consolidada para efecto de lo dispuesto en el artículo 75 de la misma Ley.

En resumen, corresponden a la Contabilidad Nacional las siguientes funciones: Llevar un registro detallado de todos los bienes, derechos y deudas u obligaciones del Estado o bajo su administración y custodia así como de las operaciones o transacciones que aumenten o disminuyan dichos bienes o deudas; llevar un registro minucioso de todos los actos que afecten el Tesoro Público, especialmente la recaudación, custodia y pago de fondos; revisar las operaciones aritméticas que contengan las cuentas y si notare algún error, comunicarlo a la Tesorería y Contraloría; archivar todas las cuentas del Gobierno, de modo que sea posible localizarlas con facilidad, una vez hecha la revisión que indica el inciso que antecede; prestar su colaboración a la Contraloría General de la República para el examen y fenecimiento de las cuentas de las instituciones y corporaciones del Estado y de los funcionarios públicos; inspeccionar los bienes, libros y documentos en poder de las Dependencias sujetas a su fiscalización; cooperar con la Contraloría General y con las otras oficinas de la Administración Pública para el mejor desempeño de las funciones que a ellas corresponden; y rendir informes periódicos de su labor. El reglamento a esta ley determinará la forma y condiciones de ese informe.

De conformidad con el artículo 80 ibídem esta Oficina es la encargada de dictar los sistemas, prácticas, procedimientos, terminología y formularios que deben adoptar todas las dependencias y oficinas públicas de la Nación y en los establecimientos que desempeñen las funciones de Cajero del Gobierno. Ninguna oficina pública podrá adoptar formularios oficiales para la movilización de bienes sin la aprobación de la Contabilidad Nacional. Igualmente es la encargada de establecer la forma y especificación de los reportes o informes de la contabilidad que dichas instituciones deben rendir a las oficinas.

Todas estas medidas deben tomarse de común acuerdo con la Contraloría General de la República, siguiendo lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8º de la Ley de la Contraloría. Igual procedimiento habrá de seguirse al establecer cualquier reforma en el sistema de contabilidad.

d. Proveeduria Nacional.

Su regulación se encuentra en la Ley número 7494, específicamente en el artículo 103, según el cual es un órgano técnico y consultivo del Ministerio de Hacienda, con las siguientes funciones: tramitar en todas sus etapas incluso la de adjudicación, los procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a proveedurías institucionales; brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades de contratación administrativa; evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés público; administrar el fondo circundante.

Son, por otra parte, verdaderos órganos desconcentrados del Ministerio de Hacienda:

  1. Servicio Nacional de Aduanas.
  2. De acuerdo con la definición que sienta la Ley General De Aduanas, número 7557 (artículo 8°), el Servicio Nacional de Aduanas es el órgano de la Administración Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene a su cargo la aplicación de la legislación aduanera. Está constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los demás órganos aduaneros y dispondrá de personal con rango profesional, especializado para ejercer la gestión aduanera. Los órganos del Ministerio de Hacienda que administren los tributos, podrán establecer planes conjuntos de fiscalzación que incluyan la coordinación de funciones y el intercambio de información tributaria de sujetos pasivos para lograr una eficiente recaudación tributaria.

    Como objetivos del Servicio Nacional de Aduanas la Ley (artículo 9°) fija: ejercer, en coordinación con las demás oficinas tributarias, las facultades de administración tributaria, respecto de los tributos que generan el ingreso, la permanencia y salida de mercancías objeto de del comercio exterior; apoyar el desarrollo del comercio exterior; aplicar las regulaciones no arancelarias que norman las entradas y salidas de vehículos, unidades de transporte y mercancías del territorio aduanero, en coordinación con las demás oficinas competentes; actualizar los procedimientos aduaneros y proponer las modificaciones de las normas, para adaptarlos a los cambios técnicos y tecnológicos y a los requerimientos del comercio internacional; generar las estadísticas del comercio exterior; cumplir, dentro del marco de su competencia, los lineamientos y directrices que se deriven de la política económica del Gobierno de la República.

    El artículo 11 hace recaer en la Dirección General de Aduanas la superior jerarquía nacional en materia aduanera. En el uso de esta competencia, le corresponde la dirección técnica y administrativa de las funciones aduaneras que esa Ley y las demás disposiciones del ramo le conceden al Servicio Nacional de Aduanas; la emisión de políticas y directrices para las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo; el ejercicio de las atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones interpuestas ante ella por los administrados. Asimismo, la Dirección coordinará y fiscalizará la actividad de las aduanas y dependencias a su cargo, para asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico aduanero, acorde con sus fines y los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la emisión de directrices y normas generales de interpretación, dentro de los límites de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

  3. Tribunal Aduanero Nacional.
  4. De conformidad con el artículo 205 de la Ley número 7557 este es un órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda. Tendrá competencia para conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.

  5. Direccion General de Tributacion.
  6. Mediante la Ley número 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios (artículo 99), se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del Código dicho. Ese órgano puede dictar normas generales para los efectos de la correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

    Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando el Código otorga una potestad o facultad a la Dirección General de Tributación, se debe entender que también es aplicable a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Hacienda, en sus ámbitos de competencia.

    En su labor de verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Administración Tributaria queda facultada a usar todos los medios y procedimientos legales, en especial para requerir a cualquier persona natural o jurídica, esté o no inscrita para el pago de los tributos, que declare sus obligaciones tributarias dentro del plazo que al efecto le señale; para cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas por los medios y procedimientos de análisis e investigación legales que estime convenientes, al efecto de determinar la verdadera magnitud del hecho imponible y el tributo correspondiente; para requerir el pago y percibir de los contribuyentes y los responsables los tributos adeudados y, en su caso, el interés, los recargos y las multas previstos en este Código y las leyes tributarias respectivas. El titular de la Dirección General de Tributación está facultado para fijar mediante resolución con carácter general, los límites para disponer el archivo de deudas tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna o económica concreción; para organizar y gestionar el cobro administrativo de los tributos, intereses y recargos que aplique y para solicitar la intervención de la dependencia que tenga a su cargo el cobro de los créditos a favor del Estado; y para interpretar administrativamente las disposiciones de este Código, las de las leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para evacuar consultas en los casos particulares fijando en cada caso la posición de la Administración, sin perjuicio de la interpretación auténtica que la Constitución Política le otorga a la Asamblea Legislativa y la de los organismos jurisdiccionales competentes.

  7. Tribunal Fiscal Administrativo.

También regulado por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 158, se le encarga la decisión de las controversias tributarias administrativas. Dicho Tribunal es un órgano de plena jurisdicción e independiente en su organización, funcionamiento y competencia, del Poder Ejecutivo y sus fallos agotan la vía administrativa. Debe funcionar con las dos Salas especializadas a que se refiere el artículo 163 del Código, con sede en la ciudad de San José, y competencia en toda la República para conocer de: los recursos de apelación de que trata el artículo 156 del Código; las apelaciones de hecho previstas en el artículo 157 del Código.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Banco Central de Costa Rica, Bancos del Estado, Instituto Nacional de Seguros. Ver detalle para cada uno más adelante

10. MINISTERIO DE JUSTICIA.

En la Ley Orgánica que prevé este Ministerio -número 6739- se le encargan las labores de actuar como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; ser el organismo rector de la política criminológica y penalógica; administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas; y fungir como facilitador y coordinador de los centros cívicos, que se crearán para centralizar los servicios que brindan las entidades públicas.

También le corresponde la coordinación de todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o indirectamente, con la prevención de la delincuencia; formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención del delito, la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las causas y factores de la delincuencia en Costa Rica; administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la libertad individual, de conformidad con la ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social, Nº 4762 del 8 de mayo de 1971; desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la reincidencia y, en su caso, asegurar su readaptación social; administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y personas jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro Nacional, Nº 5695 del 28 de mayo de 1975; autorizar el funcionamiento de las asociaciones que se constituyan de conformidad con la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939, o inscribir sus respectivos estatutos, así como la personería de los correspondientes órgano directivos; preparar o autorizar todos los proyectos de ley, así como los decretos ejecutivos que le encomiende el Poder Ejecutivo; autorizar las ediciones oficiales de cualquier texto legal; y coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y funcionamiento de los centros cívicos.

El Ministerio de Justicia cuenta con varios órganos desconcentrados:

a. Dirección General de Adaptación Social.

Los fines que le asigna la Ley número 4762 son: La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por las autoridades competentes; la custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados, a cargo de la Dirección General; la seguridad de personas y bienes en los Centros de Adaptación Social; la investigación de las causas de la criminalidad; la recomendación de las medidas para el control efectivo de las causas de la criminalidad; el asesoramiento de conformidad con la ley a las autoridades judiciales; hacer las recomendaciones pertinentes en caso de tramitación de gracias y beneficios de acuerdo con el diagnóstico criminológico; coordinar los programas de la Dirección relacionados con la prevención del delito y su tratamiento con instituciones interesadas en este campo; proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a la presente estructura legal; y estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de construcciones penitenciarias.

b. Registro Nacional.

El Registro Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, integra bajo un solo organismo varios registros y dependencias. Sus fines serán: Unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán los sistemas (Ley número 5695).

Estará dirigido por una Junta Administrativa, que tendrá personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines de esa ley con funciones generales de administración.

Habrá, además, un Director General, de quien dependerán jerárquicamente, para efectos administrativos, los directores de las diversas dependencias integradas del Registro Nacional.

c. Procuraduría General de la República.

Según la Ley número 6815, atañen a la Procuraduría General una cantidad importante de funciones, entre ellas destacan las de ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia; dar los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales; y representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública. Cuando los entes descentralizados y las empresas estatales requieran la intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado por la Notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria de la institución descentralizada.

Asimismo es competencia suya la de poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la Administración Pública - haciendo las recomendaciones que estime convenientes - cualquier incorrección de los servidores públicos que encontrare en los procedimientos jurídico - administrativos, lo cual se hará por medio del Procurador General o del Procurador General Adjunto; intervenir en las causas penales, de acuerdo con lo que al efecto disponen esta ley y el Código de Procedimientos Penales; interponer el recurso de revisión contra las sentencias de los tribunales del país, y contestar las audiencias que se le otorguen en los recursos de inconstitucionalidad, conforme con las disposiciones de la ley; cumplir las actuaciones, facultades y deberes que el Código de Procedimientos Civiles y otras leyes atribuyen al Ministerio Público. Se exceptúan las materias de índole penal; defender a los servidores del Estado, cuando se siga acción penal contra ellos por actos o hechos en que participaren en el ejercicio de sus funciones. En ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan cometido delito en contra de los intereses de la Administración Pública, o que hayan violado los derechos humanos.

Debe también actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo - terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental; tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; velar por la aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas materias. Investigar de oficio o a petición de parte toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada. Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento de los procesos penales en que se impute la comisión de una infracción o la violación de la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo - Terrestre. Para ello podrá ejercitar la acción penal, de oficio sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público; interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la acción civil resarcitoria.

Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con Municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental a fin de poner en marcha proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la zona marítimo - terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continenetal para tutelar los recursos naturales, mediante actividades preventivas que involucren a las comunidades del país.

Por otra parte, está facultada para tomar acciones legales en resguardo de los intereses de los consumidores; intervenir, en representación de los intereses del Estado, en todos los demás asuntos que señalen las leyes del país.

Para cumplir con su cometido, la Procuraduría podrá realizar las investigaciones que considere pertinentes, y recibirá las denuncias hechas por cualquier persona contra funcionarios y autoridades administrativas o de policía. Cuando constatare una violación de los derechos humanos que configure delito, presentará la denuncia ante el Jefe del Ministerio Público, el cual deberá informarle sobre el resultado de esas denuncias. Los tribunales penales deberán, asimismo, notificar a la Procuraduría sobre todas las resoluciones que recaigan en el proceso.

La violación, configurare o no delito, constituirá una infracción a la relación de servicio del funcionario o empleado autor de la misma. En este último caso, una vez comprobados los hechos por la Procuraduría, se requerirá al respectivo jerarca la imposición de la sanción disciplinaria que legalmente sea procedente.

En el ejercicio de estas funciones, la Procuraduría podrá inspeccionar oficinas públicas, sin previo aviso, y requerir de ellas documentos e informaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones contraloras. Quedan a salvo los secretos de Estado, declarados así por el Consejo de Gobierno, y los documentos declarados confidenciales por la ley. Ningún servidor público en el ejercicio de las funciones propias del cargo, podrá negarse a dar su colaboración cuando así lo requiera la Procuraduría.

Finalmente, se le atribuye el velar por la seguridad, el funcionamiento y la actualización, en los campos informático y jurídico, del sistema informático de la Institución, constituido por los equipos, sistemas operativos, programas utilitarios y desarrollados específicamente y las licencias y demás derechos de propiedad intelectual que lo integran. Este sistema incluye el Sistema Nacional de Legislación Vigente.

d. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.

El artículo 13 de la Ley número 4672 -que crea el Patronato- determina los siguientes fines para ese órgano: Realizar las inversiones y licitaciones para la obtención de los bienes que se adquieran con los fondos específicos que establece la ley número 4021 y otros que en el futuro se asignen con los mismos propósitos; vender directamente los productos excedentes, provenientes de las actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario, a dependencias del Estado, instituciones autónomas, o al sector privado; atender, con el producto a que se refiere el inciso anterior, los gastos por remuneración, servicios, suministros y materiales destinados a la operación de las mencionadas actividades agropecuarias, industriales y artesanales; disponer de los recursos que se obtengan por cualquier medio, para el mantenimiento y la construcción de la infraestructura penitenciaria, incluida la adquisición de bienes y la contratación de servicios, así como para el mejoramiento de las condiciones de los internos en el Sistema Penitenciario, a efecto de lograr un mayor respeto de los Derechos Humanos. Con el fin de que los salarios pagados a los internos cumplan los propósitos educativos y sociales pretendidos, se reglamentará debidamente su distribución, tomándose en cuenta que deben cubrirse cuatro aspectos: atención familiar; gastos administrativos causados; indemnización civil si la hubiere y ahorro personal.

11. MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS Y TRANSPORTES.

De conformidad con la Ley número 4786, que reformó la número 3155 de 5 de agosto de 1963, de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, esa dependencia tiene como objeto: en materia de red vial planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las carreteras y colaborar con las Municipalidades en la conservación de los caminos vecinales. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras y caminos existentes o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos; en materia de aviación civil planificar, construir, mejorar, mantener, operar y administrar los aeropuertos nacionales y sus anexidades. Regular y controlar el transporte y el tránsito aéreo y sus derivaciones por medio de una Junta de Aviación Civil y por las dependencias administrativas que se estimen convenientes. En materia portuaria el de planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior.

Asimismo, se le encarga la regulación, control y vigilancia de los transportes por ferrocarriles y tranvías; del transporte continuo de mercaderías a granel; y de cualquier otra modalidad de transporte no mencionada en este artículo.

Por otro lado se le encomienda construir, mejorar y mantener las edificaciones y demás obras públicas no sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar que se les dé el uso adecuado. La planificación de estas obras se hará conjuntamente con los organismos a los cuales incumbe su funcionamiento, operación y administración.

Otras labores de este Ministerio consisten en planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa civil, para controlar inundaciones y otras calamidades públicas; planificar y efectuar cartas geográficas, hidrográficas y mapas de la República. Estudiar, investigar y laborar sobre aspectos geográficos, hidrográficos, geofísicos y de otra índole que sean complemento de esas funciones; planificar, regular, controlar y prestar los servicios técnicos de catastro.

Los siguientes son órganos desconcentrados insertos en la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes:

  1. Aviación Civil.

En esta materia, se actúa a través de dos órganos: el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, creados los dos por medios de la Ley número 5150.

En lo que toca al Consejo Técnico de Aviación Civil, el artículo 10 de la Ley mencionada estipula entre sus funciones, las siguientes: el otorgamiento, prórroga, suspensión, caducidad, revocación, modificación o cancelación de certificados de explotación o permisos provisionales para servicios de transporte aéreo, de aviación agrícola, de talleres de mantenimiento de aeronaves, fábricas de piezas o partes de las mismas, de escuelas para la enseñanza aeronáutica, sus diferentes ramas y para cualquier actividad lucrativa que el Poder Ejecutivo juzgue necesario que debe contar con la posesión de un certificado de explotación o permiso provisional; el otorgamiento, prórroga, suspensión, caducidad, revocación, modificación o cancelación de permisos o concesiones para el funcionamiento de aeródromos, aeropuertos, servicios de despacho aéreo, comunicaciones aeronáuticas, radio ayudas para la navegación aérea y demás instalaciones aeronáuticas y servicios auxiliares de la aeronavegación; opinar sobre la concertación, adhesión, ratificación de tratados, convenciones o convenios internacionales sobre aviación civil en que tenga interés el Estado; conocer y resolver sobre las tarifas relativas al transporte de pasajeros, carga y correspondencia que las empresas de transporte aéreo aplican, ya sean nacionales o internacionales, así como las concernientes a trabajos de aviación agrícola o de cualquier otra actividad relacionada con la aviación civil; establecer, modificar y cancelar rutas aéreas en el territorio nacional; vigilar el buen cumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno con motivo de tratados, convenciones o convenios internacionales sobre aviación civil; proponer al Poder Ejecutivo la promulgación, mediante decreto, de cualquier reglamento, norma o procedimiento técnico aeronáutico aprobado por la Organización de Aviación Civil Internacional; proponer ternas al Poder Ejecutivo para la integración de las delegaciones que deban representar a Costa Rica en conferencias internacionales de aviación civil; estudiar, determinar y aplicar las tarifas que mediante decreto estableciere el Poder Ejecutivo, por la prestación de servicios aeroportuarios, facilidades de navegación aérea, radio comunicaciones y cualesquiera otros servicios auxiliares de la misma, así como también por derechos de expedición de licencias al personal técnico aeronáutico, certificados de explotación, certificado de aeronavegabilidad.

En el mismo texto del artículo 10, se agregan las competencias de nombrar, cuando sea del caso, una comisión de investigación de accidentes, de conformidad con el reglamento que se expida; estudiar y resolver cualesquiera otros problemas que se relacionen con la aviación civil; como organismo técnico le corresponde toda la supervisión de la actividad aeronáutica del país; y el otorgamiento, prórroga, suspensión, caducidad, revocación, modificación o cancelación de permisos para la construcción y el funcionamiento de aeródromos particulares, en los cuales únicamente podrán aterrizar aeronaves nacionales, debidamente inscritas en el Registro Aeronáutico Costarricense.

Además, para construir y operar aeródromos en el país se requerirá autorización del Consejo Técnico de Aviación Civil.

Respecto de la Dirección General de Aviación Civil, el artículo 18 de la Ley que interesa, indica que le corresponde velar por el cumplimiento estricto de esta ley, sus reglamentos, los tratados, los convenios o las convenciones internacionales sobre aviación civil que el Estado suscriba y ratifique constitucionalmente; así como la actualización y revisión de los reglamentos de aviación civil promulgados conforme a las normas y recomendaciones internacionales dictadas regularmente por la Organización de Aviación Civil Internacional; otorgar, refrendar, revalidar, convalidar, suspender temporalmente o cancelar licencias y certificados de aptitud del personal técnico aeronáutico y llevar el registro correspondiente de tales licencias y certificados; llevar los registros nacionales de matrícula de aeronavegabilidad de las aeronaves y otorgar las copias y certificados legales; otorgar, refrendar, revalidar, suspender y cancelar matrículas y certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves nacionales; así como otorgar, suspender, revocar o cancelar, total o parcialmente, los certificados operativos o certificados de operador aéreo (COA); supervisar la construcción de aeródromos y aeropuertos, sean públicos o particulares, fijando sus condiciones técnicas de funcionamiento; fiscalizar los aeródromos y aeropuertos nacionales o particulares y administrar, mediante la creación del organismo correspondiente, aquéllos; autorizar las construcciones, instalaciones y plantaciones en las zonas de servidumbre aeronáutica; otorgar permisos para vuelos en tránsito o vuelos especiales de aeronaves civiles extranjeras que ingresen al territorio nacional o vuelen dentro de él; autorizar vuelos de aeronaves civiles costarricenses al extranjero y su reingreso al país; autorizar las construcciones de hangares, talleres, oficinas o instalaciones dentro de los aeródromos y aeropuertos, fijando sus condiciones de acuerdo con los planos reguladores y las disposiciones reglamentarias respectivas; fomentar el desarrollo de la aviación civil, facilitar el establecimiento de clubes aéreos, servicios aeronáuticos, talleres de mantenimiento y supervisar las actividades técnicas de las mismas; fiscalizar los planes de estudio y funcionamiento de los establecimientos civiles de enseñanza aeronáutica; fomentar y apoyar el adiestramiento y la capacitación de técnicos costarricenses en todas las ramas de la aeronáutica; supervisar e inspeccionar las operaciones aeronáuticas por medio de sus inspectores, quienes ejercerán la potestad plena de examinar y calificar la documentación, disponer la inspección y prueba de aeronaves civiles, motores, hélices e instrumentos, también instalaciones y servicios aeronáuticos.

Por otro lado, el artículo 46 ibídem indica que es función privativa de la Dirección General de Aviación Civil el otorgamiento, revalidación, suspensión o cancelación de los certificados de aeronavegabilidad y documentos equivalentes, a las aeronaves civiles de nacionalidad costarricense; mientras que el 62 obliga a los miembros del personal técnico aeronáutico costarricense a contar con licencias y certificados de aptitud, expedidos por la Dirección General de Aviación Civil. Además, en la norma 88 se dispone que todos los aeródromos y aeropuertos civiles del país están sujetos al control, inspección y vigilancia de la Dirección General de Aviación Civil. Los aeropuertos internacionales funcionarán y serán administrados de conformidad con el reglamento interno que al efecto se expida.

Finalmente, en el artículo 128 se atribuye a la Dirección General de Aviación Civil el control de los servicios auxiliares de la navegación aérea. En el ejercicio de esta atribución dictará las medidas que sean convenientes para la mayor seguridad y eficiencia de los vuelos con el fin de proteger la vida humana y la propiedad.

El artículo 94 establece una labor compartida entre los dos órganos a los que se ha hecho referencia al indicar que en los aeródromos y aeropuertos civiles la autoridad superior en lo que concierne al régimen interno respectivo, será ejercida por el Consejo Técnico de Aviación Civil y su administración estará a cargo de la Dirección General de Aviación Civil.

En los aeropuertos internacionales, la Dirección General de Aviación Civil coordinará las actividades administrativas de las autoridades de migración, aduana, sanidad y de policía, las cuales estarán subordinadas al despacho correspondiente y ejercerán sus atribuciones independientemente.

b. Consejo Nacional de Vialidad.

Creado en virtud de la Ley número 7798, el Consejo Nacional de Vialidad, es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo de la red vial nacional, así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la ley mencionada.

Sus objetivos (artículo 4°) son: Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; administrar su patrimonio; ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional; fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad; promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la construcción y conservación vial; celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

En el artículo 23 se le obliga a elaborar planes anuales y quinquenales de inversión relacionados con la ampliación y conservación de la red vial nacional, definiendo a través de ellos los progresos durante estos períodos. En este sentido, el Consejo deberá acatar las políticas y los lineamientos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y coordinará esta labor con las unidades correspondientes.

c. Consejo de Seguridad Vial.

Por Ley número 6324, concretamente en el artículo 9º, se encarga al Consejo las siguientes atribuciones: Conocer los análisis de los asuntos referentes al tránsito, para identificar problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes; conocer y aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas de promoción de la seguridad vial; administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar las sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que requieran las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Público y de la Policía de Tránsito; y conocer, tramitar y resolver cualquier otro asunto que le someta el Ministro de Obras Públicas y Transportes.

d. Consejo Nacional de Concesiones.

Mediante el artículo 7° de la Ley número 7662 se confiere al Consejo personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar el Fondo de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos necesarios para cumplir sus funciones.

Por su parte, el artículo 8° le señala las siguientes atribuciones: Velar por la transparencia, oportunidad y legalidad de los actos y procedimientos administrativos que realice la Secretaría Técnica del Consejo; aprobar, rechazar o modificar el cartel de licitación de las concesiones; adjudicar la concesión y suscribir el contrato, en nombre de la Administración concedente, cuando le corresponda; velar por que la Secretaría Técnica ejerza las funciones de inspección y control de las concesiones otorgadas; designar al Secretario Técnico responsable de la Secretaría Técnica del Consejo; conocer y aprobar el informe de labores que el Secretario Técnico deberá presentar semestralmente; conocer los informes de auditoría emitidos respecto del manejo y la operación del Fondo de Concesiones; autorizar las contrataciones que realice la Secretaría Técnica y aprobar el presupuesto de gastos del Consejo, que deberá ser sometido a la autorización de la Contraloría General de la República.

e. Instituto Geográfico Nacional.

Actualmente adscrito al Ministerio de Obras Públicas, inicialmente el Instituto Geográfico Nacional lo estuvo a la Secretaría de Fomento, por disposición del artículo 1° de la Ley número 59. Su objetivo es la ejecución de la Carta Geográfica y Mapa Catastral de la República, y los estudios, investigaciones o labores de carácter geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tengan relación con dicha obra.

Es, además, la autoridad oficial en todo lo relativo a las materias técnicas mencionadas; entendiéndose que su autoridad se exitende a las actividades de cualquier orden que tengan por origen los trabajos confiados a su cargo o sean la consecuencia de éstos.

El artículo 3º define como tareas fundamentales suyas las de confección de una carta topográfica general del territorio, a la escala de 1/50.000; de los planos de la ciudades y pueblos y alrededores a escalas que variarán de 1/200 a 1/10.000, según su importancia o magnitud; de un mapa físico-político de la República a la escala de 1/250.000; de mapas agrícolas, geológicos y de fuerzas hidráulicas y demás recursos naturales, a las escalas convenientes; de las cartas catastrales en todo el territorio nacional, siguiendo las normas que el reglamento al respecto dicte; de una carta de turismo a la escala de 1/100.000; del mapa internacional (para Costa Rica) a la escala de 1/1.000.000; la determinación astronómica en los puntos fundamentales que definen el trazo de las fronteras de la República y la de ciudades o puntos importantes en el interior del territorio; del nivel medio del mar en un puerto de las costas Norte y Sur de la República; la medición de una red fundamental de nivelación de precisión con suficiente densidad de cotas para servir a las diversas necesidades técnicas; la organización, manejo y vigilancia del Departamento de Catastro; la confección de una geografía descriptiva de todo el territorio nacional.

f. Consejo de Transporte Público.

Creado por Ley número 7969, sobre el Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Taxi, es un órgano de desconcentración máxima con personería jurídica instrumental.

Entre sus atribuciones están: Coordinar la aplicación correcta de las políticas de transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, el otorgamiento y la administración de las concesiones, así como la regulación de los permisos que legalmente procedan; estudiar y emitir opinión sobre los asuntos sometidos a su conocimiento por cualquier dependencia o institución involucrada en servicios de transporte público, planeamiento, revisión técnica, administración y otorgamiento de concesiones y permisos; servir como órgano que efectivamente facilite, en razón de su ejecutividad, la coordinación interinstitucional entre las dependencias del Poder Ejecutivo, el sector empresarial, los usuarios y los clientes de los servicios de transporte público, los organismos internacionales y otras entidades públicas o privadas que en su gestión se relacionen con los servicios regulados en la ley de la materia; establecer y recomendar normas, procedimientos y acciones que puedan mejorar las políticas y directrices en materia de transporte público, planeamiento, revisión técnica, administración y otorgamiento de concesiones y permisos; velar por que la actividad del transporte público, su planeamiento, la revisión técnica, la administración y el otorgamiento de concesiones, sus sistemas operacionales y el equipamiento requerido, sean acordes con los sistemas tecnológicos más modernos para velar por la calidad de los servicios requeridos por el desarrollo del transporte público nacional e internacional; conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a los comportamientos activos y omisos que violen las normas de la legislación del transporte público o amenacen con violarlas; preparar un plan estratégico cuyo objetivo esencial sea organizar, legal, técnica y administrativamente, el funcionamiento de un plan de desarrollo tecnológico en materia de transporte público; promover el desarrollo y la capacitación del recurso humano involucrado en la actividad, en concordancia con los requerimientos de un sistema moderno de transporte público; fijar las paradas terminales e intermedias de todos los servicios de transporte público remunerado de personas; otorgar permisos por un plazo hasta de doce meses, ante una necesidad no satisfecha y debidamente probada, de servicio público en la modalidad de taxi; solicitar los reajustes de tarifas de todos los servicios de transporte remunerado de personas; aprobar sus planes operativos anuales; proponer al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sus presupuestos anuales. El Consejo se encargará de definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con las materias de su competencia; para tal efecto, deberá coordinar sus actividades con las instituciones y los organismos públicos con atribuciones concurrentes o conexas a las del Consejo.

g. Tribunal Administrativo de Transporte.

Este órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, fue creado por Ley número 7969. Sus atribuciones le son exclusivas y cuenta con independencia funcional, administrativa y financiera.

Tales competencias radican en conocer y resolver, en sede administrativa, los recursos de apelación que se interpongan contra cualquier acto o resolución del Consejo de Transporte Público; establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación del transporte público; las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa.

h. Junta de Administración del Muelle de Golfito, creada por Decreto Ejecutivo 21965 de 10 de febrero de 1993, tiene como funciones dirigir el funcionamiento de ese muelle, nombrar al personal necesario para ello y aprobar el presupuesto que el Presidente de la Junta someta a su consideración.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Ver detalle para cada uno más adelante

12. MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL.

Con una basta diversidad de funciones, la Ley número 5525, creó el Ministerio de Planificación Nacional. Así, por ejemplo, en su artículo 5° se da al Ministro de ese Ramo la función de asesorar al Presidente de la República en materias de su especialidad, y por encargo de éste a cualquiera de los otros organismos de la Administración Pública; en el artículo 9º se le encarga velar por que los programas de inversión pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas y demás organismos de Derecho Público, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad establecido en los planes nacionales de desarrollo; en el artículo 18 aparece como coordinador de programas de racionalización administrativa, con el propósito de mejorar la capacidad de planeamiento y ejecución de las actividades de las instituciones estatales.

Asimismo, en el artículo 10 se le da un papel de fiscalización sobre los ministerios y organismos autónomos que deseen obtener créditos en el exterior, en relación con su prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 11 se le atribuye la formulación, negociación, coordinación, aprobación y evaluación de los programas de asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Además, en el artículo 7º se hace mención de un departamento especializado, al que se encarga la preparación de los proyectos de presupuesto bajo la forma de presupuesto por programas con las atribuciones, potestades y funciones que determina el artículo 177 de la Constitución Política.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto de Fomento Municipal.

13. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

La observación que debe formularse en este punto es similar a la traída a colación al explicarse las principales funciones del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que a pesar de su preminencia en la Administración Pública, adolece de una regulación propia.

También se usa para describir su funcionamiento, por ende, la ley presupuestaria. En este sentido, se puede decir que le corresponde brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma de decisiones, mediante la definición, evaluación y seguimiento de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre los Poderes del Estado, instituciones autónomas, entes privados, organizaciones y grupos de poder de la sociedad civil y la Presidencia de la Republica. Asimismo, le corresponde preparar y presentar los instrumentos legales requeridos para el adecuado accionar del sector público; así como, lograr una política coherente en la lucha contra el narcotráfico, la prevención integral de la drogadicción y la atención a refugiados.

Sus objetivos consisten en la armonización del funcionamiento del Poder Ejecutivo; la promoción el diálogo a nivel nacional, regional y local en la búsqueda de las soluciones y transformaciones del país; la facilitación del proceso de toma de decisiones al Presidente de la República, poniendo a su disposición información oportuna y fidedigna; la coordinación con la Asamblea Legislativa de la aprobación de proyectos, presentación de mociones y relaciones en general; el coadyuvar a la seguridad nacional mediante el suministro de información clave a nivel nacional, regional o internacional; garantizar la protección y seguridad del Presidente de la República, altos integrantes de órganos del Estado, mandatarios extranjeros y representantes externos, oficiales y población en general; el establecimiento de canales de comunicación entre las instituciones estatales y las comunidades; la prevención de manera integral de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico; asegurar la protección jurídica, económica, social y administrativa de la población refugiada en el país por medio de la aplicación de políticas y directrices para este sector.

Son órganos adscritos de este Ministerio:

a. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

La Comisión es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia, mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. Consta de actividad, calificada como ordinaria y que comprende la organización y coordinación del sistema nacional de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y las disposiciones legales correspondientes; el dictado, en tanto no sea facultad expresa de otra institución pública, de normas, resoluciones y dictámenes vinculantes, que regulen servicios y trámites en la construcción de obras civiles, públicas y privadas; así como concesiones varias en prevención del riesgo inminente de emergencia; la realización, promoción y apoyo de estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos para promover sistemas físicos, técnicos y educativos, con el fin de prevenir riesgos de inminente emergencia y atención de emergencias; el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otras entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyos cometidos sean afines con la Institución, y la suscripción con ellas, de los acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que estime convenientes; la preparación, coordinación y atención de situaciones de inminente riesgo de emergencia, mediante el estudio y la implantación de las medidas oportunas para mantener en observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y los daños que puedan derivarse de ellas, se realizarán los esfuerzos necesarios para propiciar el conocimiento y la organización por parte de los habitantes, en especial de los grupos que se encuentran en riesgo mayor; la redacción del Plan Nacional de Emergencias, en consulta con las entidades cuyas competencias se incluyen, así como la actualización y el desarrollo de dicho Plan. Este Plan será emitido por decreto ejecutivo; la elaboración y actualización de los planes reguladores para la prevención de riesgos inminentes de emergencia en cada municipio, acordes con el Plan Nacional de Emergencias, en el que participarán entidades públicas y privadas, así como la sociedad civil en general. La Junta Directiva deberá aprobarlos; la coordinación de la redacción del Plan regulador de prevención de riesgos y atención de emergencias general para las zonas afectadas; la promoción, elaboración y oficialización de los mapas de zonas de riesgo inminente de emergencias; la gestión de la ayuda internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y la atención de emergencias; la coordinación de la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecerles a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto lo acuerden. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos o donaciones de bienes, según las posibilidades del país.

Además, desarrolla actividad que se califica como extraordinaria, originada en una declaratoria de estado de emergencia, correspondiéndole planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación.

b. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

A este Consejo se le definen las siguientes competencias: Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento; conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas; investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley; fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos; participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o recomendar el retiro de la habilitación respectiva; conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los programas y servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por las instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos se empleen conforme a su destino; determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos destinados a los programas y servicios para las personas adultas mayores; llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores, así como de las personas a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social haya expedido el carné de identificación correspondiente; promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se encuentren en riesgo social; impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento; elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los objetivos de este Consejo; velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores; y coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas adultas mayores.

c. Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas.

El Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia, dotado con personalidad jurídica instrumental, según lo dispone la Ley número 7786, sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas. Como fin básico se le asigna el de luchar contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

d. Centro Nacional de Prevención contra Drogas.

Creado también por la Ley número 7786 (artículo 92), se le atribuyen las mismas características que al Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y se le adscribe, de igual manera, al Ministerio de la Presidencia. Será el ente rector de las materias preventivas contra las drogas. Expresamente se aclara que ejercerá sus funciones sin perjuicio de aquellas que son propias del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Le corresponde adoptar un Plan Nacional Antidrogas que oriente la actividad pública sobre ese tema, asesorar a esas instituciones y coordinar acciones concretas con ellas.

14. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene por función colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al efecto en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional.Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras (artículo 1° de su Ley Orgánica, número 3008).

A su vez, la Dirección General de Asuntos Exteriores debe concentrase en el estudio y opinión escrita de los asuntos de carácter político y diplomático, la negociación de actos internacionales de carácter político o diplomático, así como su interpretación y aplicación; la preparación de exposiciones sobre dichos actos, y la vigilancia de la fiel ejecución de los mismos.También la corresponde la relación del país con los organismos internacionales reconocidos y la coordinación de la gestión diplomática y consulta de Costa Rica en el exterior (artículo 8° ibídem).

Finalmente, debe anotarse que el artículo 10 de la misma Ley reseña la estructura del Servicio Exterior de Costa Rica, en el cual incluye el Servicio Diplomático y el Servicio Consular integrado por Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios, Ministros Residentes, Consejeros, Encargados de Negocios, Secretarios y Agregados; así como por Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules, Agentes Consulares y Cancilleres.Dichos cargos son prestados en las Misiones Diplomáticas y Consulares del país. Aclara que los demás empleados de dichas oficinas no pertenecen al Servicio Exterior.

15. MINISTERIO DE SALUD

El artículo 2° de la Ley número 5412 define las atribuciones de este Ministerio como sigue: Elaborar, aprobar y asesorar en la planificación que concrete la política nacional de salud y evaluar y supervisar su cumplimiento; dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular o general y ordenar las medidas y disposiciones ordinarias y extraordinarias que técnicamente procedan en resguardo de la salud de la población; ejercer el control y fiscalización de las actividades de las personas físicas y jurídicas, en materia de salud, velando por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes; ejercer la jurisdicción y el control técnicos sobre todas las instituciones públicas y privadas que realicen acciones de salud en todas sus formas, así como coordinar sus acciones con las del Ministerio; fiscalizar económicamente las instituciones de asistencia médica o que realicen acciones de salud en general, cuando sean sostenidas o subvencionadas, total o parcialmente, por el Estado o por las municipalidades o con fondos públicos de cualquier naturaleza; realizar las acciones de salud en materia de medicina preventiva, sin perjuicio de las que realicen otras instituciones; otorgar las prestaciones de salud en materia de medicina curativa y de rehabilitación, a través de los organismos creados al efecto, sin perjuicio de las que realicen otras instituciones.Estos servicios se cobrarán de conformidad con la capacidad económica del usuario, entendiéndose que las personas de escasos recursos los recibirá gratuitamente, todo conforme lo determine el reglamento respectivo; realizar todas las acciones y actividades y dictar las medidas generales y particulares, que tiendan a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, con miras a la protección de la salud de las personas; importar en forma exclusiva y directa, drogas estupefacientes, sustancias y medicamentos que por su uso pueden producir dependencia física o psíquica en las personas; mantener un sistema de información y estadística, relativo a la materia de salud, para cuyos efectos todas las instituciones que realicen acciones de salud pública y privada, están obligadas a remitir los datos que el Ministerio solicite, todo conforme al reglamento respectivo.

Son órganos desconcentrados de este ramo:

a. Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.

Por Ley número 1153, artículo 4°, se pone en manos del Consejo la resolución de las materias que, en relación con esa ley, sean sometidas a su conocimiento por el Director General o por cualquiera de sus otros miembros. En el artículo 6° se indica, con mayor especificidad, que el Consejo emitirá las normas sobre dirección técnica de las Instituciones de Asistencia Médico-Social.

b. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.

El Consejo Nacional está encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y Educación Especial, en coordinación con los Ministerios de Salubridad Pública, Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social, así como de la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de rehabilitación y educación especial para personas física o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país (artículo 1° de la Ley número 5347).

En el artículo 2º de la Ley citada se ponen bajo su cuidado las siguientes funciones: Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y privadas que se ocupen de la rehabilitación y la educación especial; coordinar un plan nacional de rehabilitación y educación especial que integre sus programas y servicios con los planes específicos de salud, educación y trabajo, evitando duplicaciones y utilizando los recursos económicos y humanos disponibles; promover la formación de profesionales especialistas en rehabilitación y educación especial, en conexión con las universidades y entidades que tengan a su cargo la preparación de personal profesional, técnico y administrativo; fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para los disminuidos físicos o mentales; organizar el registro estadístico nacional de los disminuidos físicos o mentales para su identificación, clasificación y selección; motivar, sensibilizar e informar acerca de los problemas, necesidades y tratamiento de la población que requiere rehabilitación y educación especial; gestionar en coordinación con los Ministerios respectivos la provisión anual de los fondos necesarios para la atención debida de los programas de rehabilitación y educación especial asegurando su utilización para los fines establecidos; coordinar con los Ministerios y organismos nacionales e internacionales la canalización por medio del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el otorgamiento de las becas ofrecidas para el adiestramiento de personal en los campos de rehabilitación y educación especial; y, además estimular la superación del personal solicitando becas adicionales.

c. Instituto Nacional de Investigación y Enseñanza en Salud.

De conformidad con el artículo 1° de la Ley número 4508 el será un organismo encargado de realizar programas nacionales de investigación y enseñanza en el campo de la salud y la nutrición.

d. Consejo Interinstitucional de Asistencia a la Madre Adolescente.

Creado por Ley número 7735, los fines del Consejo son: Promover programas preventivos, educativos, divulgativos y de capacitación sobre las implicaciones del embarazo en la adolescencia, dirigidos a estudiantes de secundaria y las familias costarricenses; coordinar, apoyar, asesorar y contribuir al mejoramiento de los programas y las acciones de las organizaciones, públicas y privadas, en favor de las madres adolescentes; coordinar con el Ministerio de Educación Pública programas académicos en el nivel nacional e internacional, cuyo contenido considere tema de estudio a la madre adolescente; además, promover cursos de capacitación dirigidos a este grupo, con el fin de incorporarlo en centros educativos, en los ámbitos profesional o vocacional; para este efecto, coordinará con el Instituto Nacional de Aprendizaje; propiciar y apoyar la participación comunal y adoptar las medidas necesarias para fortalecer la unión de las familias, a fin de atender a las madres adolescentes, tanto en el proceso anterior al parto como en el posterior, siempre que el embarazo no haya sido producto de una relación incestuosa; promover la atención integral de las adolescentes, en las clínicas, los centros médicos y las comunidades; facilitar la incorporación de la madre adolescente al trabajo remunerado; recomendar la construcción de albergues temporales, para las madres adolescentes que no cuenten con el apoyo de sus familiares, y solicitar que se incluyan en los rubros presupuestarios correspondientes.

e. Instituto Nacional Sobre Farmacodependencia y Alcoholismo

El artículo 5° de la Ley número 5412 califica al Instituto Nacional sobre Farmacodependencia y Alcoholismo como un órgano adscrito al Despacho del Ministro. En el artículo 21 de la misma Ley se pone a su cargo la investigación, prevención y lucha contra el alcoholismo, así como la coordinación de los programas públicos y privados orientados a ese mismo fin. Lo dirige una Junta Directiva designada por el Poder Ejecutivo, tiene una cuenta corriente propia y sus actividades se rigen por un Reglamento General previa aprobación del Poder Ejecutivo.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Caja Costarricense de Seguro Social, Junta de Protección Social, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Patronato Nacional de Ciegos, Patronato Nacional de Rehabilitación. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Instituto Costarricense contra el Cáncer. Ver detalle más adelante

16. MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA

Según lo dispone su Ley Orgánica, número 5482, el Ministerio de Seguridad Pública tiene por función preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio de la legalidad conforme se especifica en el artículo 3º de esa misma Ley, mediante el respeto y acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país. La jurisdicción del Ministerio se extiende a todo el territorio nacional, agua territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución Política, a los tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional. Estas funciones las respalda la Ley número 7410, Ley General de Policía, bajo el entendido de que ese es el ramo encargado -junto con el Presidente de la República y a través de las fuerzas de policía-, de garantizar a los habitantes del país la seguridad pública (artículos 1° y 4° de la última Ley mencionada).

A las fuerzas de policía, en general, el artículo 8° de la Ley 7410 les encomienda resguardar el orden constitucional; prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República; velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía; asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público; actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, en procura de la debida coordinación, de conformidad con las instancias y los órganos previstos al efecto; actuar, supletoriamente, en la realización de los actos de emergencia necesarios, cuando se enfrenten a situaciones que deban ser atendidas por algún cuerpo policial especializado; ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan, en los asuntos de su competencia, los tribunales de justicia y los organismos electorales, a solicitud de estos; colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, en todas las actuaciones policiales requeridas y remitirles los elementos probatorios y los informes del caso, según corresponda; colaborar en la prevención y la represión del delito, sobre bases de reciprocidad, con las organizaciones internacionales de policía, de conformidad con los convenios vigentes; auxiliar a las comunidades, las municipalidades y las organizaciones de servicio público y colaborar con ellas en casos de emergencia nacional o conmoción pública; mantener actualizados los registros de armas, explosivos y equipos indispensables para cumplir sus funciones; llevar los libros de registro necesarios; levantar y mantener actualizados los registros de armas, propiedad de particulares, permitidas por ley y otorgar los permisos para portar armas; controlar el manejo de explosivos para usos industriales mineros o recreativos.

17. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Este Ministerio tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y bienestar social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo costarricense (artículo 1° de la Ley número 1860).

Asimismo, se reseñan como funciones suyas en el artículo 2°, las de protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores; procurar que las organizaciones profesionales cumplan su misión social, y, tratándose de los trabajadores, propender a un más alto nivel de la cultura, de la moral y de la economía de éstos; velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las situaciones de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los riesgos futuros que les puedan acaecer; estudiar y solucionar todos los problemas resultantes de las relaciones entre el capital y el trabajo; formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su familia y la comunidad; organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social; y garantizar la aplicación de las leyes sociales.

Fungen como órganos desconcentrados del Ministerio de Trabajo, los siguientes:

a. Consejo de Salud Ocupacional.

En la Ley número 5767 se enuncian como funciones del Consejo las de promover las mejores condiciones de salud ocupacional en todos los centros de trabajo del país; realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia; promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo, condiciones óptimas de salud ocupacional; promover, por todos los medios posibles, la formación de personal técnico subprofesional, especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional y la capacitación de patronos y trabajadores, en cuanto a salud ocupacional; llevar a cabo la difusión de todos los métodos y sistemas técnicos de prevención de riesgos del trabajo; preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y de equipo de protección personal de los trabajadores, para las diferentes actividades; preparar proyectos de ley y de reglamentos sobre su especialidad orgánica, así como emitir criterios indispensables sobre las leyes que se tramiten relativas a salud ocupacional; proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de proteccón personal de los trabajadores, que puedan ser importados con exención de impuestos, tasas y sobretasas; llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional, por iniciativa propia o en colaboración con entidades públicas o privadas; efectuar toda clase de estudios estadísticos y ecónomicos relacionados con la materia de su competencia.

b. Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

La Dirección, encargada de administrar el fondo de desarrollo social y asignaciones familiares, se creó -Ley número 5662- como como una dependencia técnica permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo superior jerárquico es el titular de esa Cartera y tendrá a su cargo, además de lo que se establece en otros artículos de esta ley, la determinación sobre las escalas y montos de los beneficios que se llegaren a otorgar en efectivo.

c. Direccion Nacional de Pensiones.

La Dirección Nacional de Pensiones, según la Ley número 7302, es un órgano técnico,administrador, contralor, tramitador de pensiones y jubilaciones para funcionarios públicos, tanto de regímenes contributivos como no contributivos; además funge como consultor en materia de pensiones para los altos jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Gobierno General.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de la Mujer, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto de Fomento Cooperativo. Ver detalle para cada uno más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Consejo Nacional de Cooperativas. Ver detalle para cada uno más adelante

18. MINISTERIO DE VIVIENDA.

El Ministerio de Vivienda no está regulado por legislación especialmente dedicada a establecer su estructura y funciones, de manera que se acude de nuevo al recurso de la ley de presupuesto.

En ella se fija como misión del Ministerio el constituirse en una Entidad Rectora y Facilitadora de la oferta y demanda de vivienda, los asentamientos humanos y desarrollo urbano, brindando a las familias en el medio donde desarrollan sus actividades básicas de subsistencia, un ambiente sano, con acceso a infraestructura y servicios básicos.

Asimismo, se establecen a modo de objetivos institucionales el definir lineamientos básicos de la política gubernamental en materia de su competencia; así como dar seguimiento y evaluación a nivel nacional, regional y local; buscar eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, acorde con la identificación y asignación racional de recursos; promover programas y actividades que conduzcan de manera participatoria, concertada y con equidad de género a la atención de los asentamientos humanos, velando por su cumplimiento.

Finalmente, se le asignan los objetivos específicos que se mencionan a continuación: generar un proceso de fortalecimiento institucional y sectorial con el objeto de dar respuesta adecuada a la demanda de vivienda; mantener actualizados los sistemas de información que permitan el seguimiento y cumplimiento de las metas del MIVAH y del Sector; diseñar, desarrollar y operar un Sistema de Información Geográfico, como apoyo al análisis y toma de decisiones en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos; satisfacer las necesidades de la población, particularmente la de menores ingresos, a través de la organización de la oferta y demanda habitacional; potenciar capacidades institucionales y comunales a través de procesos y metodologías de capacitación; mejorar el proceso de toma de decisiones oportunas y adecuadas por medio de la evaluación institucional y sectorial; a través de la administración eficiente de los recursos institucionales; promover procesos de desarrollo urbano territorial en coordinación con entidades competentes; mantener actualizado un registro de los asentamientos en precario y tugurio, así como de la demanda habitacional; mantener actualizados registros de terrenos estatales aptos para el desarrollo de asentamientos humanos; y aportar criterios técnicos en la búsqueda de soluciones y la identificación de necesidades de la población.

Entes descentralizados relacionados con el ramo: Instituto Nacional de Vivienda y Urbansimo. Ver detalle más adelante

Entes no estatales vinculados con la materia: Banco Hipotecario de la Vivienda. Ver detalle más adelante

SECTOR DESCENTRALIZADO INSTITUCIONAL

En este apartado se reseñan las instituciones de Derecho Público creadas fuera del ámbito de la Administración Central, advirtiendo que se restringe a aquellas que se distinguen del Estado centralizado en el ámbito funcional, no así a las que tienen esa condición por razones territoriales (municipalidades).

1. AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PúBLICOS.

De reciente creación, por obra de la Ley número 7593, se le señalan en esa normativa (artículo 4°) como objetivos, los de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los servicios públicos definidos en esa ley (suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización; telecomunicaciones; acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas residuales y pluviales; suministro de combustibles derivados de hidrocarburos; riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa pública o por concesión o permiso; cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo; servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales; transporte de carga por ferrocarril; recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales); procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestatarios de los servicios públicos; asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de la misma Ley; formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad; coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones; ejercer la regulación de los servicios públicos.

Asimismo, en el numeral 5° se definen como funciones las de fijación de precios y tarifas; velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima.

Se señalan como obligaciones de la Autoridad Reguladora las de regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestatarios de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida; realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público; velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales.

Estos deberes, fundamentalmente de fiscalización se ven reforzados por posteriores disposiciones en las que se reconoce a la Autoridad potestades de inspección de instalaciones y equipos (artículo 21), de aplicación de pruebas de exactitud y confiabilidad (artículo 23), de obtención de información por parte de las entidades reguladas (artículo 24), de tramitación de quejas y sancionadoras (artículos 27, 28, 38, 41 y 44).

También encarga la Ley a esta entidad labor de preparación de reglamentos con el fin de especificar las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deberán suministrarse los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero para cada caso. El Poder Ejecutivo promulgará estos reglamentos (artículo 25).

Además, de los artículos 29, 30 y 36 de la misma Ley se desprende la competencia de la Autoridad Reguladora en torno a las tarifas de los servicios públicos.

2. BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.

En el artículo 3° de la Ley número 7558 se enuncian las funciones esenciales del Banco Central, entre las que cabe destacar las de mantenimiento del valor externo y de la conversión de la moneda nacional; custodia y la administración de las reservas monetarias internacionales de la Nación; definición y manejo de la política monetaria y cambiaria; gestión como consejero y banco-cajero del Estado; promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional; emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales de la economía nacional; determinación de políticas generales de crédito y la vigilancia y coordinación del Sistema Financiero Nacional; custodia de los encajes legales de los intermediarios financieros; establecimiento, la operación y la vigilancia de sistemas de compensación; establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento y el control de las entidades financieras.

Más adelante, en el artículo 28 se establecen las competencias y deberes de la Junta Directiva del Banco Central, estipulándose, entre otras, el determinar el régimen cambiario que considere apropiado, ajustándose a las disposiciones legales; establecer las tasas de interés y de redescuentos del Banco, así como las comisiones para sus operaciones activas y pasivas; dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia de la República y reglamentar de modo general y uniforme, las normas a que los intermediarios financieros deberán ajustarse; aprobar, modificar y controlar el programa monetario y su ejecución, por lo menos trimestralmente; aprobar la compra de letras del tesoro; regular las operaciones de crédito y establecer las condiciones generales y los límites de las diferentes operaciones del propio Banco, autorizadas por la ley; determinar los niveles de los encajes mínimos legales, el margen máximo de intermediación financiera, el límite máximo global de las colocaciones e inversiones de las instituciones financieras y los recargos arancelarios, de acuerdo con la ley; fijar las posiciones del Banco como representante, agente o depositario del Estado, en sus relaciones con instituciones monetarias y bancarias de carácter internacional, de conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la República y designar los funcionarios que deba nombrar el país en esas instituciones, siempre que esa designación le corresponda al Banco Central; acordar el presupuesto anual de la Institución y los presupuestos extraordinarios. Ambos requerirán la aprobación de la Contraloría General de la República; aprobar la memoria anual, los balances y las cuentas de ganancias y pérdidas, así como el destino de las utilidades, de acuerdo con los preceptos de ley; dictar los presupuestos, ordinarios yextraordinarios, de los órganos desconcentrados encargados de la supervisión de las actividades financieras, así como el régimen de salarios y otras remuneraciones.

Es también importante destacar la función señalada por el artículo 99 de la Ley que aquí interesa, en el sentido de que el Banco Central Rica ejercerá las funciones de consejero financiero, agente fiscal y banco-cajero del Estado.

Como órganos desconcentrados de esta institución fungen los siguientes:

a. Superintendencia General de Entidades Financieras

Se trata de un órgano eminentemente fiscalizador, cuyo ámbito de actividad lo definen los artículos 118, de la Ley Orgánica del Banco Central, número 7558. En el primero de ellos se señala que los entes autorizados por el Banco Central a participar en el mercado cambiario, aun cuando no realicen intermediación financiera, quedarán sujetos a la supervisión de la Superintendencia. En este caso, la Superintendencia deberá vigilar que estos cumplan con las leyes y disposiciones del Banco Central en materia cambiaria.

Además, el artículo 128 de la misma Ley establece las funciones que corresponden al Consejo Directivo de la Superintendencia, vinculadas con potestades de organización interna y de dirección de la actividad de la Superintendencia, incluyéndose la adopción de decisiones de la mayor importancia, como la de autorizar la intervención de las entidades de intermediación financiera, así como solicitar su quiebra y liquidación, al órgano jurisdiccional competente, con arreglo a lo establecido en la ley y con obligación de informar de inmediato al Banco Central o la de dictar las normas generales para el registro contable de las operaciones de las entidades fiscalizadas, así como para la confección y presentación de sus estados financieros y los manuales de cuentas, con el fin de que la información contable de las entidades refleje, razonablemente, su situación financiera. Asimismo, le atañe la emisión de directrices en la materia de su competencia.

En el caso concreto del Superintendente, el numeral 131, le atribuye las potestades de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Banco Central para las funciones propias de su cargo, con las atribuciones de un apoderado generalísimo sin límite de suma; de ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y, en general, de proposición a ese Consejo de las medidas que estime pertinente sean adoptadas.

b. Superintendencia General de Valores.

Creada por Ley número 7732, como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica y teniendo por antecedente la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia tienen como misión velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines. Regirá sus actividades por lo dispuesto en la Ley mencionada, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. Regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de valores, la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados con ellos.

En virtud del artículo 4° siguiente se obliga al Poder Ejecutivo, a los órganos de la administración central y descentralizada, así como a los entes públicos a consultar a la Superintendencia General de Valores, antes de dictar actos de alcance general relativos a los mercados de valores. Asimismo, es obligado el pronunciamiento de la Superintendencia sobre las políticas dictadas por otras instituciones, que afecten estos mercados y su coordinación con el Poder Ejecutivo. También podrá plantear las propuestas referentes a dichos mercados, que considere necesarias.

La Superintendencia elaborará y dará publicidad a un informe anual, en el que se reflejen su actuación, los criterios que la han guiado y la situación general de los mercados de valores.

En el artículo 5°se prevén funciones anexas de la Superintendencia, como la de autorizar, regular y supervisar la oferta pública de valores realizada en Costa Rica, excepto los casos establecidos en esta ley; la de autorizar el funcionamiento de las bolsas, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las centrales de valores, las sociedades de compensación y liquidación y las sociedades clasificadoras de riesgo. Asimismo, las de regular y supervisar, de conformidad con las disposiciones de la ley en comentario, dichas entidades así como los emisores de valores, las entidades de custodia de valores en general y los puestos y agentes de bolsa; además, velar porque cumplan con las disposiciones de esta ley y los reglamentos dictados por la Superintendencia. Otro ejemplo de estas atribuciones complementarias es el establecimiento, mediante reglamento, de las normas contables y de auditoría de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente deberán someterse los sujetos fiscalizados. También se hace referencia a labores de fiscalización de la actividad de quienes participan en el mercado bursátil, requiriendo información, prescribiendo medidas cautelares, entre otras.

c. Superintendencia de Pensiones.

Por mandato de la Ley número 7523, específicamente de su artículo 33, se sometió el Régimen de pensiones a la regulación y fiscalización de una Superintendencia de Pensiones, órgano de máxima desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, adscrito al Banco Central de Costa Rica. Sus funciones son las siguientes: Autorizar el funcionamiento de las personas jurídicas que se constituyan como operadoras y llevar un registro de ellas; fiscalizar el funcionamiento de las operadoras autorizadas; fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos y la composición de la cartera de inversiones, así como solicitar información a los administradores de los demás regímenes públicos de pensiones sobre la composición de su cartera de inversiones; fiscalizar la constitución, el mantenimiento, la operación, la aplicación y la inversión de los recursos destinados a la reserva para pérdidas de capital; exigir a las operadoras el suministro, al público y al ente regulador, de informes sobre su situación financiera y los resultados de operación, así como cualquier otra información que considere de importancia, con la periodicidad, por los medios y bajo las condiciones que el propio ente regulador indique. Podrá solicitar la misma información sobre los fondos administrados; velar por que toda publicidad o promoción de las actividades de una operadora, del fondo que administra y de los planes de pensiones que ofrece, esté dirigida a proporcionar información que no induzca a equívocos o confusiones; dictar las resoluciones de carácter general para que las operadoras ajusten sus actividades y operaciones a la Ley, sus reglamentos y a los usos y sanas prácticas del mercado; ordenar la intervención administrativa, la suspensión y aún la cancelación de la autorización de funcionamiento de una operadora, según corresponda, de acuerdo con la gravedad de la infracción, cuando la operadora incumpla los requisitos y las obligaciones estipuladas en esa Ley, sus reglamentos o las disposiciones de carácter general emitidos por el propio ente regulador; efectuar la liquidación de las operadoras, de acuerdo con lo fijado en el Código de Comercio; autorizar los planes de pensiones, dictar normas y evaluar la solidez financiera de los fondos de pensiones; coordinar sus políticas con el Banco Central de Costa Rica y las demás entidades supervisoras e informar, periódicamente, a la Junta Directiva de este Banco, de la situación financiera del sistema.

3. BANCO CRéDITO AGRíCOLA DE CARTAGO, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y BANCO DE COSTA RICA.

Estos Bancos del Estado, constituídos como instituciones autónomas, tienen una regulación funcional común, que deriva de la Ley número 1644. Según el artículo 3° de esa Ley compete a tales instituciones colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y bancaria de la República; procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional; custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad; evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos de que dispone el Sistema.

Ateniéndose al texto del artículo 54 de la Ley dicha los bancos serán considerados como comerciales o hipotecarios, según la naturaleza de las funciones que desempeñen de acuerdo con la Ley.

Por otra parte, el artículo 88 dispone que los Bancos de Costa Rica y Crédito Agrícola de Cartago, podrán tener Secciones de Juntas Rurales de Crédito Agrícola o Juntas de Crédito al Pequeño Agricultor, encargadas de promover el crédito agrícola y el mejoramiento económico y social del pequeño agricultor, rigiéndose sus operaciones por las disposiciones generales del capítulo que contiene la norma en comentario, de acuerdo con la política monetaria, crediticia y bancaria de la República. El Banco Nacional de Costa Rica tendrá un Departamento de Crédito Rural, encargado asimismo, de promover el crédito agrícola y el mejoramiento económico y social del pequeño agricultor. Sus operaciones se regirán igualmente por las disposiciones generales del mismo capítulo indicado y, en lo conducente, estarán de acuerdo con la política monetaria, crediticia y bancaria de la República.

En el artículo 105 se alude a una Sección Industrial de los bancos, encargada de fomentar la creación de nuevas ramas industriales y la ampliación de las ya existentes en el país, mediante la realización de las operaciones autorizadas en el capítulo que contiene esta disposición. Esta Sección financiará sus operaciones de crédito con los recursos del Banco que la Junta Directiva ponga a su disposición.

4. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Esta Institución fue creada para aplicar el seguro social obligatorio e incrementar el voluntario a través de la Ley número 17. Internamente, consta de una Junta Directiva, cuyas atribuciones son, en resumen: dirigir la Caja, fiscalizar sus operaciones, autorizar el implantamiento de los seguros y resolver las peticiones de los asegurados en último término, cuando sea del caso; acordar las inversiones de los fondos de la Caja; aceptar transacciones judiciales o extrajudiciales; dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución; aprobar los balances generales de la misma; aprobar el presupuesto anual de gastos, e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes.

5. COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMóN.

La Ley número 7941 le dio carácter de institución semiautónoma de educación superior con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Estará exento de todo tipo de impuestos, tasas y sobretasas. Su presupuesto ordinario, así como las modificaciones deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República. La educación que imparta se orientará preferentemente a carreras relacionadas con la tecnología, las artes, las ciencias del deporte, la gestión, promoción y administración del turismo en todas sus modalidades, las ciencias del mar, en especial, con la industrialización y la comercialización de los recursos marinos; el ambiente y las ciencias forestales; el cultivo de las lenguas indígenas, según reza el artículo 76 de la Constitución Política y, en general, carreras que, a criterio del Consejo Directivo, sean procedentes para impulsar el desarrollo humano y socioeconómico de la provincia de Limón.

6. COLEGIO UNIVERSITARIO PARA EL RIEGO Y EL DESARROLLO DEL TRóPICO SECO.

Mediante la Ley número 7403 se creó el Colegio Universitario para el Riego y el Desarrollo del Trópico Seco, como una institución de educación superior parauniversitaria, dedicada a impartir carreras completas, a investigar, a capacitar y a promover la acción social. El Colegio que será reconocido por el Consejo Superior de Educación.

7. COLEGIOS UNIVERSITARIOS DE ALAJUELA, CARTAGO Y PUNTARENAS,

Los Colegios Universitarios son instituciones de educación superior parauniversitaria reconocidas así por el Consejo Superior de Educación, y cuyo objetivo principal debe ser ofrecer carreras completas, de dos o tres años de duración, a personas egresadas de la educación diversificada. El nivel de las carreras de educación superior parauniversitaria es intermedio, entre la educación diversificada y la educación superior universitaria (artículo 2° de la Ley número 6541)

El artículo 3° de la misma Ley les atribuye como fines los de ofrecer programas de formación, capacitación o perfeccionamiento a los miembros de la comunidad; promover y participar, para bien de la comunidad, en labores de acción social y de investigación de los problemas de ésta; contribuir en la labor de conservar, enriquecer y transmitir la cultura nacional; ofrecer servicios descentralizados a las universidades oficiales del país, mediante convenios firmados con ellas, entre otros.

8. COMISIóN NACIONAL DE ASUNTOS INDíGENAS.

Parte de los objetivos fundamentales de esta Comisión son promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con miras a elevar sus condiciones de vida y a integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo; servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; promover la investigación científica del modo de vida de los grupos indígenas, con el propósito de lograr el más cabal conocimiento de éstos, y fundamentar así la orientación de los programas tendientes a su bienestar, para poder valorar objetivamente nuestras tradiciones culturales autóctonas; fomentar la divulgación de los asuntos indigenistas a fin de crear conciencia sobre éstos, y así poder estimular el interés por el estudio de su cultura, en especial lo referente a las lenguas indígenas, cuyo uso y estudio serán activamente promovidos; velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; velar por el cumplimiento de cualquier disposición legal actual o futura para la protección del patrimonio cultural indígena, colaborando con las instituciones encargadas de estos aspectos; orientar, estimular y coordinar la colaboración de la iniciativa privada en las labores de mejoramiento social, económico y cultural de la población aborigen; promover mediante el desarrollo de adiestramiento una mayor capacitación de quienes ejercen profesiones o cargos en las zonas habitadas por los indígenas; organizar en las distintas comunidades indígenas cooperativas agrarias, proporcionándoles educación agrícola, ayuda técnica y financiación adecuada; establecer centros de salud con personal bien adiestrado, procurando capacitar elementos de las diferentes zonas habitadas por los indígenas para que puedan ejercer estas funciones en el futuro; crear consejos locales de administración para resolver en principio los múltiples problemas de las localidades indígenas; y servir de órgano oficial de enlace con el Instituto Indigenista Interamericano y con las demás agencias internacionales que laboren en este campo (artículo 4º de la Ley número 5251).

9. COMISIóN NACIONAL DE ENERGíA ATóMICA.

La Comisión de Energía Atómica de Costa Rica es una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, bajo la superior dirección del Poder Ejecutivo, regida por las Leyes 4383, Ley Básica de Energía Atómica para usos Pacíficos y Ley 6518 que reformó el artículo 4° de la ya citada. Entre sus funciones se encuentran las de supervisión, coordinación, fomento o realización de: a) Los programas de investigación científica encaminados al desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica a la agricultura, la medicina y la industria; b) La producción, posesión, importación, exportación, transporte, comercialización y uso de sustancias radioactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares; c) La prospección en el territorio nacional de yacimientos minerales radioactivos; d) La divulgación de información técnica y científica nuclear; asesorar al Gobierno sobre la legislación necesaria para procurar una adecuada protección de los habitantes contra los peligros derivados de las radiaciones, así como en todos los asuntos de carácter técnico o legal relacionados con la energía atómica, para los que sea requerida; e) Extender licencias a personas idóneas para la producción, posesión, importación, exportación, transporte, comercialización y uso de sustancias radioactivas naturales o artificiales, o de equipos e instalaciones para su producción o utilización; formular recomendaciones al Gobierno con el fin de orientar la política nacional o internacional del país en asuntos referentes a la utilización de la energía atómica; procurar el mejor uso de las fuentes de asistencia técnica ofrecidas al país, de manera que rindan el mayor beneficio posible.

Además, en casos muy calificados en que la salud y seguridad del público así lo requiera, le compete tomar las indispensables medidas de emergencia a fin de evitar posibles daños.

10. COMISIóN NACIONAL DE PRéSTAMOS PARA LA EDUCACIóN.

Mediante la Ley número 6041 se estatuyó un fondo, a cargo de la Comisión con el fin de conceder préstamos a costarricenses, para estudios de educación superior parauniversitaria y para estudios de educación superior universitaria, dirigidos hacia carreras y especializaciones de postgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito personal y las condiciones socio-económicas de los beneficiarios, quienes, preferentemente, deberán ser de zonas rurales; realizar permanentemente investigaciones sobre necesidades de financiación de estudios superiores, a mediano y largo plazo, de acuerdo con los lineamientos y prioridades señalados en los planes nacionales de desarrollo, para la formación de los recursos humanos que requiera el país; coordinar con las entidades estatales y privadas el mejor aprovechamiento de las becas que ofrecen los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales y los privados; verificar periódicamente, de acuerdo con documentos, el rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de préstamos, y tomar las medidas correctivas procedentes; colaborar con los beneficiarios de préstamos a fin de que se vinculen a trabajos acordes con sus estudios, mediante la comunicación con entidades que requieran personal profesional especializado; administrar en fideicomiso fondos de organismos públicos o privados, destinados a financiar estudios de su personal, así como de sus familiares, cuando esa colaboración le sea solicitada; y, ofrecer orientación profesional a los estudiantes y personal interesados que quieran realizar estudios, dentro o fuera del país.

La máxima autoridad de la Comisión la conforma un consejo directivo, el cual deberá, de un modo general, velar por la realización de sus fines y, definir la política a seguir en la asignación de los beneficios, aprobarlos y fijar sus condiciones.

11. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS Y TECNOLóGICAS.

Estrechamente vinculado al funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, en general, al sistema que con ese rector se propone, al Consejo le atañe específicamente promover el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador (artículo 2° de la Ley número 5048); ayudando financieramente a quien efectúe o desee efectuar trabajos de investigación (artículo 3°); prestando asesoría científica y técnica al Gobierno de la República y laborando coordinadamente con la Oficina de Planificación Nacional en todo lo que se refiera a políticas de investigación o de labores creativas (artículo 5°).

12. CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIóN.

La finalidad del Consejo, según el artículo 3° de la Ley número 2035, es la transformación integral de las actividades productivas del sector agropecuario, en procura de su modernización y verticalización para darle la eficiencia y competitividad que requiere el desarrollo económico de Costa Rica; asimismo, facilitar la inserción de tales actividades en el mercado internacional, con énfasis en los pequeños y medianos productores, para buscar una distribución equitativa de los beneficios que se generen, entre otros mediante esquemas de capacitación y transferencia tecnológica. Además, tendrá como finalidad, mantener un equilibrio justo en las relaciones entre productores agropecuarios y consumidores, para lo cual podrá intervenir en el mercado interno de oferta y demanda, para garantizar la seguridad alimentaria del país. Podrá fomentar la producción, la industrialización y el mercadeo de los productos agrícolas y pecuarios, directamente o por medio de empresas de productores agropecuarios organizados, avaladas o respaldadas por el Consejo. El fomento de la industrialización y el mercadeo deberá obedecer a las prioridades del desarrollo económico; para este fin, el Consejo establecerá las reservas financieras correspondientes que le permitan obtener los recursos técnicos necesarios.

El desarrollo de estos objetivos depende, en parte, de la ejecución y desarrollo de un Programa de Reconversión Productiva, a fin de lograr la transformación integral de las actividades en las que el Consejo participa. Además, coordinará actividades y colaborará con todos los organismos de crédito, extensión agrícola, asistencia técnica y de cualquier otra índole, cuyo esfuerzo aunado logre fomentar la producción nacional y la estabilidad de los precios.

El Consejo Nacional de Producción podrá otorgar prestaciones en recursos humanos y técnicos, en beneficio de las organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios a título gratuito u oneroso, de acuerdo con las disposiciones de su Junta Directiva.

En el artículo 5° de la Ley bajo estudio se define como actividades ordinarias del Consejo, entre otras, las de fomentar, facilitar y propiciar condiciones que generen los procesos organizativos, nacionales y regionales, y los de cooperación entre organizaciones y grupos de productores nacionales; de operación de los silos, las secadoras, cámaras de refrigeración, plantas de transformación e industrialización agrícola u otro medio de almacenamiento, movilización y transporte de los artículos que puedan ser adquiridos por ley. Podrá dar en arriendo, en préstamo gratuito u oneroso o en administración, en forma directa, con organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios, la infraestructura y las actividades antes señaladas, excepto la Fábrica Nacional de Licores; el impulso y fomento de la industrialización agrícola y pecuaria, en las zonas cuya posibilidad de producción lo amerite; realizar -bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en conjunto con las demás instituciones del sector agropecuario- programas de asistencia y cooperación interinstitucional; para esto, se pondrán a disposición del Ministerio los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenten dichas instituciones, sin necesidad de convenios específicos para ninguna de las partes; exportar o importar, sin perjuicio de la libre importación y exportación por terceros y previo estudio de abastecimiento nacional, productos agropecuarios directamente o por medio de las organizaciones de productores avaladas o respaldadas por el Consejo. Para que pueda exportar, deberá dejar en Costa Rica la cantidad suficiente que garantice la seguridad alimentaria; coordinar, con otros entes públicos u organizaciones privadas, la certificación de calidad de los productos agropecuarios y la metrología industrial; promover la reglamentación de todo tipo de mercados para vender productos de origen agropecuario de consumo popular, y promover o fiscalizar el establecimiento de mercados, por medio de organizaciones de productores agropecuarios, asociaciones de desarrollo comunal o cooperativas que cuenten con la infraestructura mínima necesaria. Para cumplir con este fin, dispondrá de la colaboración de las instituciones involucradas.

También corresponde al Consejo la elaboración del Plan nacional anual para la reconversión productiva del sector agropecuario, que involucrará en su ejecución a las organizaciones de productores legalmente constituidas, el Estado y las instituciones autónomas y semiautónomas del sector agropecuario, sin demérito de la autonomía funcional y administrativa de cada una; en forma periódica, revisará dicho plan.

13. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES.

Las funciones propias del Consejo se encuentran enumeradas en el artículo 3° de la Ley número 6162, siendo las más importantes de ellas las siguientes: señalar a la Oficina de Planificación de la Educación Superior las directrices necesarias para la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Educación Superior; y aprobar, preliminarmente, el Plan Nacional de Educación Superior y las reformas que se introduzcan a él, y enviarlo a los consejos directores de las instituciones de educación superior estatales con rango universitario, para su conocimiento y aprobación definitiva, con las enmiendas que a bien tengan introducirle esas instituciones.

14. EDITORIAL COSTA RICA.

El fin principal de la Editorial es el fomento de la cultura del país mediante la edición de obras literarias, artísticas y científicas de costarricenses y de extranjeros en casos de mérito especial. Además, puede publicar las obras didácticas que por disposición oficial del Ministerio de Educación Pública, deban ser usadas en escuelas y colegios del Estado (artículo 2° de la Ley número 2366).

15. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

El Instituto fue creado con la calificación de institución autónoma mediante la Ley número 2726, con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional.

De forma más específica, el artículo 2° de la Ley mencionada describe las labores del Instituto, que consistirán en dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esa ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades; administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos; hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.

Por otra parte, le corresponde al Instituto elaborar las tasas y tarifas para los servicios públicos a que se refiere la Ley en comentario, prestados en el país por empresas públicas o privadas.

16. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.

En la definición del marco legal que rige esta institución deben tomarse en cuenta el Decreto Ley número 449 y la Ley número 3226. Llama la atención la ausencia de una definición expresa de las funciones que le son propias, centrándose la normativa, más bien, en las potestades administrativas del ente y en previsiones principalmente instrumentales (véanse en este sentod los arts 3°, 4°, 5° y 6° de la última ley mencionada).

En igual sentido la Ley número 5961 se constriñe a declarar de interés público la investigación, exploración y explotación de los recursos geotérmicos del país y a poner en manos del Instituto la actividad.

La Ley número 6313, por su parte, se limita al tema de la expropiación de inmuebles y constitución de servidumbres.

Son sociedades anónimas propiedad del Instituto:

  1. Radiográfica Costarricense S.A.

Mediante la Ley número 3293 se autorizó al Instituto para constituir una sociedad anónima mixta con la Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica, con el fin de llevar a cabo la explotación de parte del servicio de telecomunicaciones.

b. Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

También con naturaleza de sociedad anónima, en virtud de la Ley número 4197, se adscribe al Instituto Costarricense de Electricidad la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, encargada, originalmente, del suministro del servicio de electricidad en ciertos sectores, los que posteriormente fueron asumidos, en su totalidad, por el Instituto.

17. INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIóN.

El Instituto fue creado por la Ley número 7800 como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica propia e independencia administrativa. Su fin primordial es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés público por estar comprometida la salud integral de la población. Para tal efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regulatorio adecuado en consideración de ese interés público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas, en beneficio de los deportistas en particular y de Costa Rica en general.

El Consejo Nacional, en lo esencial, procurará la ejecución de las políticas, los planes y programas necesarios para cumplir los fines del Instituto, dentro de las atribuciones que le competen; coordinar la ejecución del Plan nacional que regirá el deporte y la recreación; planificar las necesidades en las instalaciones deportivas y recreativas suficientes y racionalmente distribuidas, y promover la utilización óptima de las instalaciones y el material destinados al deporte, la actividad física y la recreación; fijar condiciones para el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte; además, promover y auspiciar la investigación científica en la materia con el apoyo de las unidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y cualquier otro organismo o entidad, nacional o extranjero.

18. INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES.

Son objetivos principales del Instituto (artículo 3° de la Ley número 7001) fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga. Además podrá prestar servicios conexos con el citado sistema; rehabilitar, estructurar y modernizar, tanto en lo que se refiere a vías, instalaciones y equipo rodante, como a su administración y prestación de servicios en general, los actuales ferrocarriles nacionales del Atlántico y Eléctrico al Pacífico, a fin de integrarlos en un ferrocarril interoceánico nacional para la prestación del servicio; estudiar, ejecutar y administrar toda nueva red ferroviaria que pueda integrarse a las actuales, a fin de habilitar zonas de producción del país; electrificar, reconstruir y rectificar toda su red ferroviaria existente, dentro de los tres años posteriores a la vigencia de esta ley.

En lo que toca a sus atribuciones (artículo 4º ibídem) valga resaltar las de someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la planificación general relativa a la prestación del servicio y a las obras e instalaciones ferroviarias; así como planificar programas los servicios, las obras e instalaciones ferroviarias que requiera el desarrollo económico y social del país; el establecimiento de las respectivas tarifas del transporte de carga y pasajeros, previa aprobación del Poder Ejecutivo; transportar, vigilar, custodiar y entregar las mercancías y otros bienes a los usuarios de sus servicios, en la forma y condiciones que las leyes y reglamentos determinen; ejecutar, en la forma más eficiente posible, el transporte de carga y de pasajeros.

19. INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA.

El artículo 2° de la Ley número 7384 establece como actividades ordinarias del Instituto las de coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuacultura; normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuacultura; elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos.

Por su parte el numeral 5° fija como atribuciones suyas las de proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación del ministro rector del sector agropecuario; controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política; dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura; regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia prima para la industria nacional; promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el establecimiento de centros de capacitación en pesquería y acuacultura; llevar el registro de acuacultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y exportadores. Así como el registro de precios de productos y subproductos de especies pesqueras; determinar las especies de organismos marinos y de acuacultura que podrán explotarse comercialmente; previo estudio de los recursos marinos existentes, establecer el número de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de imponer a éstas; extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina y construcción de embarcaciones, así como las licencias y concesiones para la producción en el campo de la acuacultura, a las personas físicas y jurídicas que los soliciten y establecer los montos por cobrar por las licencias; determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya captura estará restringida o prohibida; promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente; promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades conexas, así como el establecimiento de instalaciones acuícolas; emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora y la fauna marinas y de acuacultura; establecer convenios de cooperación internacional en beneficio del desarrollo científico y tecnológico de la actividad pesquera, marina y de acuacultura del país; contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas de desarrollo pesquero y de acuacultura, de conformidad con esta Ley; velar por que se cumpla la legislación pesquera y de acuacultura; regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas; regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector pesquero y de acuacultura; ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la Contraloría General de la República; promover la realización de un inventario de biodiversidad marina y de acuacultura, para lo cual solicitará la colaboración del sector científico tecnológico.

20. INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACíFICO.

La Ley número 4964 en su artículo 1º creó el Instituto como una Institución de Derecho Público, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propios, con el objetivo principal de fortalecer la economía del país, asumiendo las prerrogativas y funciones de autoridad portuaria, con el propósito de suministrar eficientes servicios portuarios y facilidades conexas, incluyendo el transporte por ferrocarril de mercancías y pasajeros de y hacia los puestos de la vertiente del Pacífico.

Se reconocen al Instituto las facultades de realizar la planificación específica de las obras e instalaciones portuarias que requiera el desarrollo económico del país en el litoral del Pacífico, de conformidad con la planificación general y la política de desarrollo portuario que determine el Poder Ejecutivo; construir, previa aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las obras que se requieran para un eficiente servicio portuario, así como mejorar, mantener, operar y administrar los servicios e instalaciones que estén a su cargo; establecer los sistemas de trabajo y administración en todos los servicios en que intervenga, así como en el uso de las instalaciones, equipo y facilidades a su cargo; adquirir y administrar los bienes que necesite para el buen logro de sus objetivos, contrayendo las obligaciones que le permita la presente ley; recibir y controlar directamente los barcos que entren o salgan de los puertos del litoral del Pacífico; recibir, trasladar dentro de los recintos portuarios y ubicar en los almacenes, patios, ferrocarriles y demás instalaciones destinadas al efecto, las mercancías y otros bienes que se desembarquen o que estén destinados a embarcarse por los puertos del litoral del Pacífico; vigilar, custodiar, almacenar y entregar las mercancías y otros bienes a los consignatarios o a quienes sus derechos representen, en la forma y condiciones que los reglamentos del Instituto determinen; comprar los terrenos y propiedades que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades; coordinar el desenvolvimiento de las actividades portuarias y de transporte conexas; dictar los reglamentos internos, acuerdos y demás medidas necesarias que se requieran para lograr los objetivos de esta ley; establecer tarifas, cánones o cobrar por los servicios públicos que realice, previa aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la ley; y vigilar el fiel cumplimiento de los contratos del Estado con terceros, por servicios portuarios y ferroviarios en el litoral del Pacífico.

21. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.

La Ley número 1917 destaca en su artículo 4º como finalidad principal del Instituto la de incrementar el turismo en el país. En aras de alcanzar ese objetivo se alude a las acciones concretas de fomento del ingreso y la grata permanencia en el país de los visitantes extranjeros que busquen descanso, diversiones o entretenimiento; promoción de la construcción y mantenimiento de lugares de habitación y recreo para uso de los turistas; realización, en el exterior, de la propaganda necesaria para dar a conocer el país, a fin de atraer el turismo; y promoción y vigilancia de la actividad privada de atención al turismo.

22. INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO.

La Ley de Creación del Instituto (número 6735) le otorga capacidad para comprar, vender y arrendar bienes e inmuebles y títulos valores, y podrá recibir donaciones. Asimismo, tendrá capacidad para emprestar, financiar, hipotecar y para realizar todas las gestiones comerciales y legales que sean necesarias para el desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación, de conformidad con los que dispone la ley de la Administración Financiera de la República. Para los efectos de la ley indicada, establece como actividad ordinaria del Instituto el tráfico de tierras, el cual comprenderá la compra, venta, hipoteca, arrendamiento y adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la tierra y su explotación rural.

Entrando en mayor detalle, el artículo 3º da cuenta de las siguientes funiones del ente: Ejecutar la política del Estado en materia agraria, lo cual hará con la obligada colaboración de los distintos órganos del Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas del Estado, cuando se trate de proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo; administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales y las tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus fines, y efectuar en ellas planes de desarrollo integral, asentamientos campesinos, colonización, parcelación y adjudicación; todo ello con arreglo a las normas de la presente ley; promover y ejercitar las medidas legales pertinentes, para hacer efectivo el principio de la función social de la propiedad; cooperar en la conservación de los recursos naturales del país, promover y coadyuvar en las labores de recuperación de tierras, con el objeto de elevar su productividad y de facilitar la transformación de la propiedad rural; promover, en asocio del Sistema Bancario Nacional, la realización de planes específicos para la mejor organización, extensión y uso del crédito agrícola; fomentar, en colaboración con el organismo competente, la protección de las actividades agropecuarias, mediante la extensión y ampliación de la cobertura de los seguros agrícolas y pecuarios; gestionar ante los organismos competentes, el establecimiento de servicios públicos y la construcción de vías de acceso, instalaciones de regadío y demás obras de infraestructura que demande el desarrollo agrario, sin perjuicio de que el Instituto pueda realizar esas obras con recursos propios; plantear las acciones reinvindicatorias, ante las autoridades competentes, para revertir al Estado las tierras ilegalmente apropiadas; estimular la formación de organizaciones sociales, tales como empresas comunitarias de autogestión campesina, cooperativas y otras formas asociativas que se dediquen a las actividades agrarias y agroindustriales, con el propósito de lograr la integración consiente y efectiva de sus miembros. Asimismo participar, mediante la aportación de capital o adquisición de bienes u otros títulos valores similares, en empresas públicas o de economía mixta, cuyos fines sean el desarrollo de determinadas zonas o regiones del país; estimular el mejoramiento cultural y la organización y capacitación de quienes se dedican a las actividades agrarias y agroindustriales, con el fin de que la aplicación más eficiente de su trabajo les depare, a ellos y a sus familiares, un mayor grado de bienestar y prosperidad; solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de organismos nacionales e internacionales, para la mejor solución de los problemas y situaciones relacionados con el sector de su competencia; promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con los organismos correspondientes, para determinar la aptitud productiva de la tierra en las diferentes zonas del país, a fin de elevar la producción nacional a su más alto nivel. Realizar las acciones de transformación de la estructura de la tenencia de la tierra, para que cumpla su función social de acuerdo con sus facultades de afectación, adquisición, expropiación y adjudicación de predios, establecidas en la ley; ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios; y fomentar la formación de cooperativas de egresados de colegios agropecuarios, en coordinación con la Dirección General de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública y con el Instituto de Fomento Cooperativo.

23. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORíA MUNICIPAL.

La Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal indica que el objeto de esa entidad es el de fortalecer el régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública municipal.

Para ello, el artículo 5° de la misma Ley le asigna las funciones de conceder préstamos a las Municipalidades a corto, mediano y largo plazo, para financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su aplicación; servir de agente financiero a las Municipalidades y avalar, cuando sea conveniente y necesario, tanto los préstamos que aquéllas contraten con entidades financieras nacionales, internacionales o extranjeras, como las operaciones de compras y las contrataciones por obras y servicios locales o regionales; actuar a petición municipal, como organismo central de compras de materiales y equipo; promover la formación de empresas patrimoniales de interés público entre las Municipalidades y otras entidades públicas y privadas; prestar asistencia técnica a las Municipalidades para elaborar y ejecutar proyectos de obras y servicios públicos, locales y regionales; brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la administración; mantener programas permanentes de adiestramiento para Regidores y personal municipal; y cooperar en el reclutamiento y selección de éste; estudiar la organización administrativa y el funcionamiento de los servicios públicos locales con vista a su constante perfeccionamiento; realizar investigaciones y divulgar ideas prácticas que contribuyan al mejoramiento del régimen municipal; administrar aquellas obras o servicios públicos municipales o inter-municipales, cuando una o varias Municipalidades así lo soliciten y el I.F.A.M. lo estime conveniente; estimular la cooperación inter-municipal y promover un intercambio activo de informaciones y experiencias entre las Municipalidades; coordinarse con otros organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer su propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas específicos de las Municipalidades; colaborar con la Oficina de Planificación y con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en sus funciones de planificación regional y urbana.

24. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.

El Instituto tiene como finalidad (artículo 2° de la Ley número 4760) resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.

Como fines más concretos se apuntan los de formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los sectores más débiles de la sociedad costarricense; atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades económicas y sociales del país; preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos; procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos grupos; y coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley.

25. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

La finalidad esencial de esta institución, que destaca el artículo 2° de la Ley número 6868, es la de promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.

Para lograr su fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y formación profesional de todos los sectores de la actividad económica, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes; diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, en todas sus modalidades, o convenir en su ejecución con otros antes públicos o privados, tanto para futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia, como para personas empleadas, subempleadas o desempleadas, así como promover la constitución de empresas; prestar asistencia técnica a instituciones y empresas para la creación, estructuración y funcionamiento de servicios de formación profesional; establecer empresas didácticas y centros de formación-producción, o apoyar la creación y funcionamiento de estos últimos, en coordinación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales; desarrollar un sistema para certificar oficialmente el nivel de conocimientos y destrezas de los trabajadores que se sometan a las evaluaciones, en las áreas que imparta el Instituto, independientemente de la forma en que esos conocimientos y destrezas hayan sido adquiridos; diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, que tiendan a aumentar el ingreso familiar de los grupos de poblaciónde menores recursos; dictar, cuando sea necesario y no corresponda a otras instituciones públicas, normas técnicas-metodológicas que regulen los servicios de capacitación y formación profesional, que ofrezcan entidades privadas a título oneroso, así como velar por su aplicación; realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines; establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras o internacionales que tengan cometidos análogos a los del Instituto, y suscribir con ellas acuerdos de intercambio y cooperación cuando fuere conveniente.

26. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y CENSOS.

Corresponde al Instituto, de conformidad con la Ley número 7839, establecer las normas, los modelos, los formatos y la terminología que regirán los procesos de producción de estadísticas realizadas por él mismo y las entidades que conforman el SEN, para integrar, en forma consistente, los datos económicos, sociales y ambientales del país, sin perjuicio de la autonomía y las exigencias particulares de la actividad de las entidades, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por el INEC; solicitar información a todas las dependencias de la administración pública integrantes o no del SEN, cuando se trate de información estrictamente estadística, no cubierta por secreto de Estado ni otra disposición legal específica que impida suministrarla o acceder a ella. Las dependencias públicas deberán cumplir con lo solicitado según la presente ley y sus principios, dentro de los plazos que se determinen por reglamento; suministrar al público, de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías empleadas. El INEC publicará los datos estadísticos de conformidad con el calendario que disponga anualmente; producir directamente las estadísticas, coordinar su producción con otros entes del sector público y privado o contratarla con otras instituciones públicas o privadas; evaluar la calidad de sus estadísticas y las del SEN, promover la investigación, el desarrollo, el perfeccionamiento y la aplicación de la metodología estadística en los entes que generan estadística básica o de síntesis, así como apoyar y brindar asistencia técnica a los servicios estadísticos del Estado y a otros usuarios, mediante convenios de cooperación mutua; elaborar y mantener al día los directorios poblacionales a fin de extraer las muestras para las encuestas en los sectores público y privado. Tales directorios son necesarios para el acopio de la información estadística a cargo del INEC; asesorar, técnica y metodológicamente, en la elaboración de los convenios internacionales de carácter estadístico

Por otro lado, el artículo 15 de la misma Ley determina los distintos tipo de estadísticas nacionales que debe elaborar el Instituto.

27. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.

En lo que respecta a los fines que impulsaron la creación de esat entidad descentralizada, el artículo 3° de la Ley número 7801 aclara que ellos consisten en formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales; proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer; coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las políticas nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones sectoriales e institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad de género; propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.

Y con el objeto de canalizar esos objetivos, en el artículo siguiente se describen las atribuciones que el legislador asignó al Instituto, entre las que merece mencionar la de elaboración, promoción y coordinación de la ejecución y el seguimiento de políticas públicas dirigidas a la promoción de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; la coordinació del conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas, para que contengan la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos del propio Instituto, que considere necesarios para cumplir sus fines; la coordinación de las acciones e instancias existentes en el seno de la Administración Pública, para promover la condición de las mujeres y la equidad de género; la promoción de la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer; la elaboración, coordinación y ejecución de acciones que impulsen el desarrollo de la familia como espacio de socialización de los derechos humanos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la asesoría y orientación jurídica a todas las instituciones del Estado para que desempeñen sus actividades sin discriminación entre mujeres y hombres; la fiscalización de que las disposiciones administrativas no sean discriminatorias y respeten los derechos de las mujeres; la emisión de criterio acerca de los proyectos de ley en trámite legislativo relacionados con la condición de género y la situación de las mujeres y las familias la promoción y facilitación de la creación y el funcionamiento de un fondo para fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres; el apersonamiento discrecional en los procesos judiciales que afecten los derechos de las mujeres; la promoción y realización de investigaciones que permitan conocer la condición de las mujeres, la equidad de género y la situación de las familias, así como realizar propuestas para su avance; las relaciones de intercambio y cooperación con los organismos internacionales que se ocupen de la promoción de las mujeres, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores y la promoción de la actividad asociativa de las mujeres, brindando a sus organizaciones la asistencia que proceda para su constitución y mejor desarrollo.

28. INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) se creó (artículo 155 de la Ley número 6756) con la finalidad de fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables para una mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social. Para la creación de mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos y realizar una verdadera promoción del hombre costarricense, fortaleciendo la cultura democrática nacional.

En un plano más concreto, son propias del Instituto las siguientes funciones y atribuciones de carácter general: promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones cooperativas; fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad,gerencia y toda actividad educativa que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional; prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas; conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades; servir a las cooperativas y a los organismos integrativos como agente financiero y avalar cuando sea necesario y conveniente, los préstamos que aquellos contraten con entidades financieras nacionales o extranjeras; promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades y entes estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en forma gradual y coordinada, los certificados de aportación pasen a manos de los cooperadores naturales; obtener empréstitos nacionales y extranjeros con instituciones públicas, y gestionar la participación económica de las entidades estatales que corresponda, para el mejor desarrollo del movimiento cooperativo nacional; participar como asociado de las cooperativas, cuando las circunstancias así lo demanden, previa solicitud de la asamblea de la cooperativa respectiva y estudio de factibilidad del INFOCOOP para determinar la importancia del proyecto; promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin de lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo a través de organismos superiores; realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales tendientes a ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía nacional; llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional; mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales, información relacionada con el movimiento cooperativo nacional; colaborar con la Oficina de Planificación en la elaboración de los planes de desarrollo nacional; asimismo con todas las instituciones públicas en los programas que promuevan a las cooperativas dentro del espíritu del artículo 1º de la ley en estudio; servir como organismo consultivo nacional en materias relacionadas con la filosofía, doctrina y métodos cooperativistas; evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre proyectos de ley, que guarden relación con las asociaciones cooperativas; revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y realizar un auditoraje por lo menos cada dos años, o cuando las circunstancias lo ameriten, o así lo soliciten sus cuerpos representativos; solicitar y recibir informes estadísticos u otros datos sobre la marcha de cualquier cooperativa.

29. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS.

La Ley número 12 pone en manos de este Instituto la administración de los seguros del Estado, dándole el carácter de institución autónoma. Específicamente, su actividad se centra en los contratos de seguro sobre riesgos de cualquier género, monopolizados en cabeza del Estado.

30. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Como parte de las finalidades que la Ley número 1788, artículo 4º, decretó en relación con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se encuentran las de orientar sus actividades con miras a obtener un mayor bienestar económico y social, procurando a la familia costarricense una mejor habitación y los elementos conexos correspondientes; planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las necesidades consiguientes; proporcionar a las familias costarricense que carezcan de alojamiento adecuado y, en las condiciones normales, de los medios necesarios para obtenerlo con sus propios recursos, la posibilidad de ocupar en propiedad o en arrendamiento, una vivienda que reúna los requisitos indispensables a efecto de facilitar el desarrollo y conservación de la salud física y mental de sus moradores. De manera preferente, deberá atenderse el problema de la clase de más bajos recursos de la colectividad, tanto en las ciudades como en el campo; promover y efectuar estudios e investigaciones sobre todos los aspectos de vivienda y urbanismo para los fines que persigue el Instituto, procurando la mayor divulgación de sus resultados, a fin de señalar las orientaciones convenientes para el país en estos campos; desarrollar sus planes y programas debidamente coordinados en sus diferentes etapas de investigación socio-económica, de planeamiento y de construcción, así como en las actividades educativas y asistenciales que exija la administración de los mismos; asesorar a los organismos del Estado y demás Instituciones Públicas y coordinar las iniciativas públicas en asuntos de vivienda y urbanización, cuando así se solicite; y adecuar sus planes y estudios a los programas nacionales de desarrollo económico y social, sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Salubridad Pública en sus aspectos sanitarios.

Entre sus atribuciones, corresponde al Insituto preparar planos reguladores; formular planes generales para la construcción e higienización de viviendas o de unidades vecinales; o para la formulación de urbanizaciones; construir viviendas higiénicas, de tipo individual o colectivo, al alcance de familias de escasos recursos económicos; eliminar gradualmente de las áreas urbanas las construcciones y viviendas insalubres o peligrosas, mediante planes adecuados de reconstrucción o de readaptación de la mismas; fomentar la construcción, higienización, reparación o ampliación de viviendas y estimular la ejecución de obras de urbanización y saneamiento urbano por parte de personas o entidades privadas o públicas, siempre que se ajusten a las normas técnicas que dicte el Instituto; ejecutar, dentro de sus programas de construcción de viviendas, las obras de urbanización y saneamiento urbano y construir los centros para los servicios comunales necesarios; promover la coordinación de las actividades relativas a viviendas y urbanismo de todas las dependencias del Estado y sus Instituciones y Corporaciones autónomas que se ocupen de estos asuntos; estimular el desarrollo de aquellas industrias cuya producción pueda contribuir directamente a solucionar los problemas de vivienda y urbanismo; arrendar, vender, permutar, gravar y administrar las viviendas, centros de servicio comunal que adquiera o construya, así como los demás bienes de su propiedad; conceder préstamos en efectivo o en materiales, con garantía hipotecaria, para la construcción, reconstrucción, ampliación o higienización de urbanización, barrios o viviendas urbanas o rurales, dentro de las normas reglamentarias que aseguren su positivo beneficio para la comunidad, de acuerdo con los fines que persigue esta ley; establecer un sistema de financiación de viviendas con garantía de pólizas del Instituto Nacional de Seguros, la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional o la Caja Costarricense de Seguro Social, que garanticen la cancelación total de la hipoteca en caso de fallecimiento del adquirente y, como consecuencia, la posesión inmediata de la vivienda libre de gravámenes para el cónyuge o los otros deudos. Las mencionadas Instituciones podrán invertir parte de sus reservas para financiar a sus asegurados en la construcción de viviendas mediante adelantos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; establecer sistemas de ahorro o de préstamos que se destinarán exclusivamente a financiar operaciones relacionadas con la casa de habitación de las personas que se suscriban a dichos sistemas; dar información y ayuda técnica a las personas de pocos recursos, a fin de que puedan construir viviendas propias y debidamente planeadas, todo de acuerdo con el Reglamento que sobre el particular sea dictado; dar asesoría a las cooperativas de vivienda y a las de ahorro que efectuaren préstamos para vivienda, cuando éstas lo soliciten, colaborando en la vigilancia de la construcción, según sus propias normas y especificaciones.

31. INSTITUTO TECNOLóGICO DE COSTA RICA.

Este centro de educación superior se dedica al campo de la tecnología y ciencias conexas y tiene como propósito lograr, mediante la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, la excelencia en la formación integral de profesionales y la incorporación, sistemática y continua, de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica dentro de su propio campo de acción. (Ley número 4777).

32. JUNTA DE ADMINISTRACIóN PORTUARIA Y DESARROLLO DE LA VERTIENTE ATLáNTICA.

Creada como ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, asumió las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria y se le encargó construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica. Le corresponde también administrar la canalización del Atlántico y las tierras y bienes que esa misma ley (número 3091) le otorga; las empresas de transporte ferroviario del Estado que presten servicios de y hacia los puertos de la Vertiente Atlántica que específicamente contemple el Poder Ejecutivo en los planes nacionales de desarrollo.

Asimismo, debe promover el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica; planificar las obras e instalaciones portuarias que requiera el país en el litoral del Atlántico, de conformidad con la planificación general y la política de desarrollo portuario que determine el Poder Ejecutivo; construir las obras que se requieran para un eficiente servicio portuario, así como mejorar, mantener, operar y administrar los servicios e instalaciones que estén a su cargo; recibir y controlar directamente, las naves que entren o salgan de los puertos del litoral atlántico, extendiendo el zarpe y los demás documentos de rigor; recibir, trasladar, almacenar, custodiar y entregar dentro de la zona portuaria, cuando procesa, la carga, mercancías o bienes que se embarquen o desembarquen por los puertos de la Vertiente Atlántica; cooperar con las autoridades fiscales, de migración y sanidad en el desempeño de sus respectivas funciones; organizar servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria, para vigilar las instalaciones, bienes, equipos y carga en custodia; coordinar las actividades portuarias y de transporte que le son conexas; y tramitar las solicitudes de concesión para el establecimiento de servicios portuarios y de transporte privados en la Vertiente Atlántica, trasladándolas con las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo, quien deberá resolver.

JAPDEVA establecerá las tarifas portuarias y ferroviarias cuya aprobación final corresponde al organismo competente.

33. JUNTA DE DEFENSA DEL TABACO.

De conformidad con su Ley de creación, número 2072 la Junta tiene como atribuciones intervenir a fin de que los contratos sean otorgados distribuyendo equitativamente la cuota de producción entre todos los cultivadores, ya sea en forma individual, o colectivamente cuando éstos estuvieren organizados en cooperativas, atendiendo a parámetros objetivos; recomendar las disposiciones pertinentes para el mejoramiento de la producción de tabaco, y procurar el mejor entendimiento entre productores e industriales; decidir cualquier discrepancia que con respecto a la clasificación del tabaco se presente entre los agricultores y los industriales, para lo cual habrá de atenerse a las normas oficiales de nomenclatura y calidades de tabaco que establezca el Ministerio de Agricultura e Industrias por medio del Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial, y al informe que presente un delegado que la Junta habrá de nombrar en cada lugar de compra; coordinar su acción con todos aquellos organismos que tengan relación directa con la producción del tabaco, a fin de obtener los resultados más provechosos en esa actividad; y recomendar al Consejo Nacional de Producción las medidas tendientes a evitar la superproducción del tabaco.

34. JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR.

Es una institución semiautónoma de derecho público, con personalidad jurídica propia e independencia administrativa, creada por la Ley número 7012, posteriormente reformada por la número 7730.

La Junta tiene entre sus fines primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro comercial del depósito libre comercial de Golfito.

La Junta está a cargo de la administración del depósito libre comercial de Golfito.

35. JUNTA DE PROTECCIóN SOCIAL DE SAN JOSé.

Fundamentada en las disposiciones de las Leyes 1152, 3785 y 7342 se reservó a la Junta de Protección Social de San José la distribución directa de sus loterías en las condiciones que mejor le garanticen su seguridad económica dando participación al mayor número de personas en el negocio. En general, las utilidades provenientes de esta actividad deben ser destinadas a obras relacionadas con la salud pública, la protección del anciano y, en términos amplios, al bienestar general.

36. OFICINA DEL ARROZ.

El objetivo de la creación de la Oficina del Arroz y de la promulgación de la normativa que la regula (Ley número 7014) es establecer un régimen de relaciones entre productores y beneficiadores de arroz, que garantice la participación racional y equitativa de ambos sectores en esa actividad económica, de acuerdo con el interés superior que para la población nacional tiene todo lo relacionado con, lo que califica la Ley dicha, como el más importante producto de consumo popular.

La Oficina tiene bajo su responsabilidad la protección de la actividad arrocera en general, para lo cual se le otorgan las atribuciones de fijar las cuotas de arroz necesarias para el consumo nacional, establecer las reservas que considere pertinentes y garantizarle a los beneficiadores que efectuará la compra de su producto, ya sea en forma directa o por medio de instituciones; de dirigir, reglamentar y ejecutar la exportación de arroz; de intervenir en las relaciones entre los beneficiadores y los productores de arroz para que se cumplan los propósitos de la ley arriba mencionada, así como aprobar las liquidaciones anuales que le presenten los beneficiadores, recomendar el precio del arroz que se pagará al productor y resolver las diferencias que surjan entre los productores y beneficiadores; de regular lo relacionado con el abastecimiento de los insumos necesarios para el cultivo de arroz, e importarlos, si fuere necesario, exentos del pago de los impuestos o sobretasas de nuestra legislación común; de coordinar la labor de los organismos relacionados con el cultivo de arroz, en cuanto a producción, seguros, semillas, investigación, crédito, zonificación y asistencia técnica; de aprobar la instalación de nuevas plantas beneficiadoras de arroz, así como las ampliaciones de las ya existentes, y ordenar el cierre de las que no cumplan los requisitos de esta ley, de sus reglamentos, o de las resoluciones dictadas por la Oficina del Arroz, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes; todo lo referente a producción, comercialización, exportación, importación selección de variedades, selección de zonas para la producción de semillas de arroz y fijación de precios estará regulado por la ley Nº 6289 del 4 de diciembre de 1978 y sus reglamentos. Asimismo, la Oficina Nacional de Semillas queda obligada a coordinar con la Oficina, la ejecución de las políticas y programas de la actividad productiva del arroz. La Oficina, por medio de sus inspectores, de los del Ministerio de Economía y Comercio, así como de los empleados o inspectores que para el efecto asignen las juntas directivas de las cámaras de productores de arroz de las respectivas regiones, podrá comprobar, en cualquier momento, el buen funcionamiento de las romanas, de los determinadores de humedad, y de los determinadores de impureza y de grano quebrado que tengan los beneficiadores o arroceras; así como efectuar cualquier otro tipo de análisis que determine la misma Oficina; y deberá, finalmente, llevar un registro de beneficiadores autorizados como tales. La inscripción en este registro será obligatoria.

37. OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS.

Mediante Ley número 6289 se creó la Oficina Nacional de Semillas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, la cual tendrá a su cargo la promoción y protección, el mejoramiento, control, y el uso de semillas de calidad superior, con el objeto de fomentar su uso, para lo que establecerá las normas y mecanismos de control necesarios para su circulación y comercio. La Oficina contará con independencia en su funcionamiento operativo y en su administración tendrá personería jurídica propia.

Tendrá como finalidad específica la promoción y organización de la producción y el uso de semillas de calidad superior. Estará orientada hacia la consecución de un adecuado abastecimiento nacional de este insumo; y podrá intervenir en todas las etapas de esos procesos y de la aplicación de ellos.

Las funciones que le asigna el artículo 8° de la Ley dicha son las de planificación y fomento de la producción nacional de semillas, en funciónde las necesidades del país; la proposición del reglamento de esa ley sobre las distintas categorías de semillas, así como las medidas adecuadas para su producción y comercio. Podrá asimismo sugerir las modificaciones que considere necesarias; llevar un registro de variedades comerciales, con recomendaciones o restricciones en su uso, así como un registro de variedades protegidas; establecer las normas y controles para la producción de los derechos del obtentor de nuevas variedades; establecer las normas de calidad para semillas que se importen; fijar las normas técnicas, a las que deberán ajustarse la producción y comercio de semillas nacionales; establecer las normas que fijarán el valor de los servicios; fijar las zonas en que, por motivos técnicos, se regule el cultivo y la producción de determinadas especies o variedades; recomendar la exoneración de impuestos de importación para determinados grupos de semillas; llevar el control de todos los análisis oficiales de la calidad de las semillas, los que deberán ser registrados en sus oficinas; coordinar la labor de los centros del sector productor de semilla, relacionado con producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas en el país.

Por otra parte, y según el artículo 15 de la misma Ley, la Oficina tiene como competencias adicionales establecer los sistemas de certificación de las distintas categorías de semillas, tanto para el comercio nacional como para el internacional; aplicar los controles necesarios para que la certificación de semillas se realice de acuerdo con las normas establecidas. llevar el registro de variedades comerciales de plantas y el registro de variedades protegidas, y proponer, en su caso, el establecimiento de variedades recomendadas o restringidas; conceder o anular, oportunamente, certificados de registro; llevar el registro de las importaciones y exportaciones de semilla y establecer controles para comercializarla en el país, observando los criterios de protección de la salud y la vida de personas y animales, la preservación de los vegetales y del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error.

38. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

Este ente descentralizado, mencionado expresamente por la Constitución Política, en su artículo 55, encuentra la plasamación legal de sus metas en el artículo 5º de la Ley número 3286, en los siguientes términos: velar por que se cumplan las leyes protectoras del menor de edad y de su madre, vigilando el buen funcionamiento de las instituciones públicas y particulares que con ellos se relacionen; crear los servicios que constituyan la defensa legal del menor de edad, y de su madre; prestar los servicios y ejecutar las obras y programas, en protección del menor de edad y de su madre, que no estén a cargo de otros órganos especializados; colaborar con las dependencias administrativas del Estado en programas de beneficio para la comunidad, que tiendan a brindar al niño y a la madre una mayor protección; dirigir los congresos, campañas, seminarios, publicaciones, que se relacionen con la defensa legal del niño y de la madre y colaborar en los que se refieren a la defensa en general de ellos; preparar los proyectos de ley que el Estado requiera para el desarrollo de su actividad protectora del niño y de la madre.

En aras de la satisfacción de los objetivos mencionados, el artículo 6° siguiente destaca las atribuciones del Patronato, consistentes en actuación judicial, adopción de decisiones administrtiva provisionales, representación de los menores que carezcan de una figura que lo haga, intervención en adopciones, todo en búsqueda de la protección de los intereses de los menores de edad y de la familia. En detalle las competencias son: intervenir en todo juicio civil, penal, administrativo o de trabajo que afecte, en forma directa, intereses de menores de edad; representar judicialmente al menor de edad que no se encuentre bajo patria potestad o tutela y al que esté bajo la patria potestad de un incapaz; colaborar, en los procesos, a instancia de los Tribunales, como auxiliar de éstos en cuanto a investigaciones de servicio social, comprendidas en sus atribuciones; disponer, de manera provisional y mientras los Tribunales no resuelvan sobre el particular, los conflictos y patria potestad, entre padre y madre; autorizar de modo provisional la salida del hogar de la mujer casada y de sus hijos menores, en caso de urgencia; declarar administrativamente el abandono de los menores de edad, representarlos jurídicamente y disponer en forma provisional sobre su guarda y crianza. Todo mientras los Tribunales no resuelvan sobre el particular; gestionar el internamiento de los menores de edad en un instituto correccional o de rehabilitación, cuando quien ejerza la Patria Potestad o la Tutela, así lo pida y el Patronato lo considere conveniente; gestionar, por la vía judicial, la adopción de las medidas adecuadas en cuanto al menor que incurra en infracciones de orden penal, cuando así lo demandaren la seguridad social o la rehabilitación del mismo menor; otorgar el consentimiento para que el menor que no esté bajo Patria Potestad o Tutela contraiga matrimonio; administrar los bienes del menor que no esté bajo Patria Potestad o Tutela, o que, estándolo, no pueda ser protegido por sus padres, depositarios o tutor, en virtud de imposibilidades de hecho, o porque no se les haya nombrado sustituto en los casos de abandono; regular en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública la salida de menores hacia el extranjero; emancipar al menor, cuando sus padres hayan fallecido, o esté depositado judicialmente o en tutela; requerir la colaboración de los otros organismos del Estado, para coordinar, las actividades de ellos con las propias del Patronato; pronunciarse sobre la fundación de asociaciones, comités, guarderías y otras instituciones de carácter particular dedicadas a menores en cuyo caso los Organismos Públicos encargados por ley de resolver sobre su creación deberán oír previamente el criterio del Patronato; recomendar las normas positivas que tiendan a coordinar la política social de todos los organismos públicos que mantengan servicios, programas y obras de protección al menor de edad y la madre; crear los departamentos, instalaciones, oficinas, y planteles, y elaborar reglamentos necesarios, para ejecutar los programas y servicios que debe prestar en favor del menor y de su madre; recomendar las normas técnicas para el buen funcionamiento de las instituciones de carácter público y particular, dedicadas al cuidado físico o moral de menores de edad; prestar asistencia legal, por medio de sus profesionales en Derecho, al menor de edad y a su madre, si los intereses y derechos que les conciernen se ven afectados de modo directo o por su condición de tales, siempre que el Patronato lo considere conveniente y esté en capacidad de hacerlo; gestionar judicial y extrajudicialmente en defensa legal del menor y de su madre, y brindar asesoría jurídica en la materia a los organismos y personas que los requieran; participar, en los procedimientos de adopción internacional, como ente coordinador con entidades públicas u organismos acreditados en los Estados receptores de personas menores de edad costarricenses, previamente declaradas en estado de abandono y adoptables. Efectuar, por medio de los profesionales que designe, los estudios psicológicos y sociales de las personas menores de edad y sus familias de origen, para determinar si el niño o la niña es adoptable y llevar un registro de las personas menores de edad que lleguen a ser declaradas en esa condición. Recibir y tramitar las solicitudes de adopción de personas sin domicilio en el país para establecer el parentesco de una determinada persona menor de edad, utilizando el registro de menores adoptables; y realizar convenios interinstitucionales con organismos nacionales y solicitar al Poder Ejecutivo la suscripción de convenios con organismos internacionales reconocidos por Costa Rica y por el país donde esté la sede, para dar seguimiento y llevar el control de las personas menores de edad dadas en adopción a personas sin domicilio en el país. Ese control se mantendrá por un período no menor de cinco años, a partir de la fecha de ingreso del menor en su nueva residencia.

39. PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS.

Creado por Ley número 2171 se le define como un organismo con la finalidad de brindar protección a todas las personas ciegas, por los medios y en la forma que en la ley se señalan y coordinar la acción de todos aquellos organismos o asociaciones que tengan relación con los problemas de las personas no videntes.

El artículo 14 refiere las competencias del Patronato, del siguiente modo: unificar la causa social del ciego con miras a su protección, habilitación o rehabilitación; levantar censos sobre la población ciego del país, de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos; velar porque los reglamentos y planes de estudio necesarios para la rehabilitación de los invidentes, sean acordes con las necesidades reales de este grupo; controlar todas las campañas tendientes a recoger fondos para los ciegos y velar por el correcto destino de los mismos; gestionar rebajas hasta de un 50% en las tarifas de transporte nacional e internacional para los ciegos, en las empresas del Estado y en las particulares; autorizar la realización de campañas en favor de los ciegos, de conformidad con los reglamentos que al efecto dicte; actuar como asesor del Estado y de sus instituciones cuando algún organismo les solicite ayuda para los ciegos; gestionar, ante las Instituciones Educativas del país o internacionales, los medios técnicos necesarios para llevar a cabo los fines y medidas protectoras enumeradas en el artículo 16 de la misma Ley; realizar campañas profilácticas y de prevención. administrar los fondos destinados a asistencia social; para este efecto podrá instalar y mantener los órganos administrativos necesarios.

40. PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIóN.

Este Patronato es un organismo de servicio público con personalidad jurídica y tiene a su cargo la administración del "Hogar de Rehabilitación, Santa Ana", para los niños lisiados por la poliomielitis u otras enfermedades que produzcan secuelas similares. Estará bajo la fiscalización técnica y económica de la Dirección General de Asistencia Médico Social del Ministerio de Salubridad Pública (Ley número 3695).

41. PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO

El programa, cuyas siglas son PIMA es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada mediante la Ley número 6142. En ella se enumeran sus funciones, como sigue: organizar y administrar el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA); realizar estudios e investigaciones sobre sistemas de mercadeo de productos relativos al CENADA con el objeto de introducirles mejoras; proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades en la organización, estructura y funcionamiento de sus respectivos mercados.

42. SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO.

Los objetivos del Servicio creado por obra de la Ley número 6877 son fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones; procurar el aprovechamiento óptimo y justo de los recursos de tierras y aguas -tanto superficiales como subterráneas- en las actividades agropecuarias del país, sean éstas de carácter privado, colectivo o cooperativo, en los distritos de riego; contribuir a desarrollar preferentemente aquellos proyectos de desarrollo agropecuario que se sustenten en una justa distribución de la tierra; procurar que en el territorio beneficiado por la creación de distritos de riego y avenamiento, se efectué una modificación racional y democrática en la propiedad de la tierra.

En lo que toca a sus funciones (artículo 3°), ellas son la de elaborar y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego; desarrollar y administrar los distritos de riego, avenamiento y control de las inundaciones en los mismos; contribuir al incremento y diversificación de la producción agropecuaria en el país, procurando el óptimo aprovechamiento y distribución del agua para riego en los distritos de riego; investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos; promover la utilización de los recursos hídricos del país, sin perjuicio de las atribuciones legales del Instituto Costarricense de Electricidad, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Servicio Nacional de Electricidad; realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras que considere necesarias en las cuencas hidrográficas del país, así como las socioeconómicas y ambientales en las áreas y regiones en que sea factible establecer distritos de riego y avenamiento; adquirir los bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución, de riego, asentamiento y protección contra inundaciones, de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua; velar por que se formule una política racional y democrática en el otorgamiento de concesiones relativas a la utilización de las aguas para riego; vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia; suministrar asesoramiento técnico y servicios a instituciones públicas y a particulares. Cuando el asesoramiento y la prestación de servicios a las citadas instituciones no estén concebidos en los programas y proyectos del Servicio, lo mismo que cuando se brinden a particulares, éste cobrará las tarifas que fije con la aprobación de la Contraloría General de la República; coordinar estrechamente con el Instituto de Desarrollo Agrario, a efecto de que todas aquellas tierras en donde existan demasías, en las cuales se encuentren recursos hídricos subterráneos o superficiales, o que sean tierras destinadas a la construcción de obras que se enmarquen dentro de los objetivos de esta ley, sean inmediatamente recuperadas a solicitud del SENARA; orientar, promover, coordinar y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego, drenaje y control de inundaciones, en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior. En particular, el Servicio coordinará con la Comisión Nacional de Emergencia y con los demás organismos correspondientes, la elaboración y ejecución de programas de prevención y control de inundaciones, manteniendo al día, además, los sistemas de información necesarios.

43. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

Fue creada en virtud de la Ley número 362 con el nombre de Universidad de Costa Rica, como una institución docente y de cultura superior con la misión de cultivar las ciencias, la letras y las bellas artes, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de las Profesiones liberales.

Se le exige fomentar el estudio y la investigación de las ciencias puras y de los problemas que atañen a la vida económica, política y social de la Nación, por medio de sus Institutos o Seminarios y contribuir al mejoramiento constante del nivel cultural del país, difundiendo el conocimiento de las ciencias, las letras y las bellas artes por medio de los servicios de extensión universitaria.

En el artículo 21 de la misma Ley se le confiere la facultad de autorizar el ejercicio de profesiones reconocidas en el país, así como las de conocer y resolver sobre incorporaciones universitarias y reconocer equivalencias de estudios profesionales, excepto en lo que se refiere a la medicina, cirugía dental e ingeniería, funciones estas que quedan a cargo de los respectivos Colegios, mientras la Universidad no establezca las respectivas escuelas.

44. UNIVERSIDAD NACIONAL.

Según el artículo 4º de la Ley número 5182 los fines principales de la Universidad Nacional son crear, conservar y trasmitir la cultura; y ofrecer una educación integral a los estudiantes. Mientras que como funciones se le reconocen las de desarrollar el estudio de la investigación científica para contribuir al mejoramiento de la vida espiritual, política y social del país; preparar investigadores y profesionales de nivel superior en todos los campos, y el profesorado necesario en los diversos niveles del sistema educativo del país, manteniendo en sus sedes actuales las escuelas normales Superior, de Guanacaste, de Costa Rica, de San Ramón y de Pérez Zeledón; y fomentar la extensión de la cultura en la vida nacional.

45. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA.

En primer término, merece destacar que los objetivos que se fijaron a la Universidad Estatal a Distancia fueron los de fortalecer los valores en que está fundado el Estado Costarricense; proporcionar educación superior mediante la utilización de técnicas de comunicación social; incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles, a quienes no hubieren podido incorporarse al sistema formal universitario; contribuir a la investigación científica para el progreso cultural, económico y social del país; proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación permanente de todos los habitantes; servir de vehículo para la difusión de la cultura; concertar acuerdos con las otras universidades estatales para la realización de actividades educativas y culturales, propias de ellas o de interés común; contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de cooperación y coordinación, con instituciones especializadas, estatales, o internacionales que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense; y fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico del pueblo costarricense.

En lo que atañe a las comeptencias de la Universidad están las de ofrecer carreras en armonía con los requerimientos del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios; desarrollar programas de investigación en áreas fundamentales para el desarrollo del país; ofrecer cursos de capacitación para la administración pública; llevar a cabo programas de extensión cultural; reconocer estudios, títulos y grados universitarios otorgados por otras universidades (Ley número 6044).

ENTES PUBLICOS NO ESTATALES

Como bien se sabe, se trata de personas de Derecho Público fuera de la estructura -central y descentralizada- del Estado. Materialmente no existe ningún criterio que permita sentar una diferencia entre este tipo de ente y los estatales y, por el contrario, del repaso que se expone a continuación, más bien se concluye en la gama bastísima de funciones que ellas engloban. No se incluye el detalle de los Colegios Profesionales.

1. ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS.

Creada por Ley número 7544, debe ubicarse en el contexto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología al que se refiere la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (número 7169) y del cual forman también parte el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Sus objetivos los determina la primera Ley mencionada, de la siguiente forma: promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país; fomentar la difusión y el intercambio de información y material científico y tecnológico, entre la Academia, las instituciones y los entes científicos del país; constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales; colaborar al mejoramiento de los recursos humanos dedicados a la investigación científica; velar por la calidad de las actividades científicas y el cumplimiento de principios éticos en su realización; proponer proyectos de ley y decretos en el campo de su competencia; firmar convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras; fomentar la conservación del acervo científico nacional; programar foros y conferencias científicas y participar en los que se realicen sobre el particular, tanto dentro como fuera del país; recibir y analizar los planteamientos y las propuestas que le presenten las personas, físicas y jurídicas, interesadas en el quehacer científico nacional.

2. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA.

Los principales objetivos del banco, según su Ley de creación, número 7052, son obtener recursos, coordinar la adecuada distribución de los que recauden las entidades autorizadas, y destinarlos exclusivamente a los fines que señala esa ley; promover, financiar, orientar y supervisar las entidades autorizadas; garantizar las operaciones de las entidades autorizadas, en los términos de la ley dicha y de sus reglamentos; promover, desarrollar y estabilizar el mercado secundario de títulos valores en el campo de la vivienda; velar permanentemente por el correcto funcionamiento de las entidades autorizadas y hacer los estudios necesarios para la evaluación y perfeccionamiento de sus operaciones.

En lo que respecta a las atribuciones y funciones del Banco, el artículo 6° las define del siguiente modo: elaborar los proyectos de reglamento de la ley que aquí ocupa, así como sus reformas, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo, para que sean promulgados mediante el o los decretos correspondientes; incentivar el ahorro interno y la inversión nacional como el medio más importante de lograr la solución del problema habitacional en el país; disponer a cuáles instituciones podrá otorgar la condición de entidades autorizadas; promover, otorgar financiamiento, asesorar y supervisar las entidades autorizadas, y velar por su correcto funcionamiento; garantizar, si lo considerare conveniente, los depósitos en cuentas de ahorro que se efectúen en las mutuales, y descontar la cartera de las entidades autorizadas y darles la asesoría técnica que necesiten; avalar financiamiento interino o transitorio para la ejecución de proyectos de conjuntos habitacionales, así como para las obras y servicios complementarios, siempre y cuando éstos sean promovidos por medio de los entes autorizados; contratar empréstitos en moneda nacional o extranjera, dentro y fuera del país, destinados al cumplimiento de sus fines; crear el fondo que se requiera para estabilizar el mercado secundario de hipotecas y de títulos valores en el campo de la vivienda; participar en por cuenta propia y de terceros, y velar por que se mantenga y desarrolle dentro de un clima de confianza pública; ajustar sus acciones a las política, lineamientos y directrices que dicte el Estado en materia de vivienda, desarrollo urbano y asentamientos humanos; determinar la política financiera general del Sistema; garantizar, si lo considerare conveniente, los préstamos hipotecarios otorgados por las entidades autorizadas, para asegurar al acreedor hipotecario, o al cesionario de los derechos, el cobro íntegro del capital, de los intereses y de las demás obligaciones accesorias de la hipoteca, incluidos los gastos del juicio de ejecución.

En el artículo 7° se añade a lo dicho hasta aquí que el Banco deberá promover programas de desarrollo de vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito y proyectos habitacionales que se desarrollen al amparo de incentivos fiscales, para cumplir los objetivos de carácter social y el propósito de que las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar, de escasos recursos económicos, tengan la posibilidad de adquirir casa propia. Asimismo, para el mejor cumplimiento de sus fines, el Banco podrá conceder créditos por medio de las entidades autorizadas para la construcción de viviendas de carácter social, sus obras y los servicios complementarios. Las garantías de estos créditos serán las que el Banco considere satisfactorias.

3. BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

El Banco es una institución de Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y funcional. Tiene como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito. Con este propósito procura el desarrollo económico y social de los trabajadores, para lo cual está facultado para conceder créditos para necesidades urgentes, así como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que tengan viabilidad económica. Asimismo, puede financiar programas de desarrollo comunal (Ley número 4351).

4. CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS.

Al Consejo Nacional de Cooperativas le corresponde elegir y remover los representantes del sector cooperativo en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; actuar como cuerpo representativo de las asambleas y nombrar su secretario ejecutivo; cumplir las disposiciones y resoluciones del Congreso Anual Cooperativo; servir de organismo consultor para el Instituto mencionado; servir de mediador en las diferencias que puedan suscitarse entre la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y las cooperativas del país; propiciar el acercamiento y las mejores relaciones entre los diferentes sectores y entidades cooperativas superiores; y convocar y presidir asambleas generales (Ley número 7052).

5. CORPORACIóN BANANERA NACIONAL.

De conformidad con la Ley número 4895, artículo 2°, el objetivo fundamental de la Corporación es el desarrollo bananero nacional, mediante el fortalecimiento de la participación de empresas costarricenses en la producción y, especialmente, en la comercialización del banano.

Para esto, se le otorgan las atribuciones como las de gestionar recursos para empresas bananeras nuevas o ya establecidas; preparar y financiar estudios de pre-inversión en la rama bananera; elaborar y ejecutar programas y proyectos de fomento bananero; gestionar o contratar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del país, con la garantía del Estado, empréstitos con instituciones públicas o privadas así como garantías a favor de inversionistas; participar como socio, accionista o asociado, invirtiendo en forma directa y adquiriendo acciones, cuotas sociales o certificados de participación en nuevas empresas bananeras o dedicadas a actividades conexas; y en las ya existentes a través de ampliaciones de capital cuyo objetivo fundamental sea el suministro de fondos para atender gastos de operación o de rehabilitación; conceder préstamos a las empresas bananeras; propiciar y mantener un régimen equitativo de relaciones entre productores nacionales y empresas comercializadoras, que garantice una participación racional y justa de cada sector en el negocio bananero; participar, conjuntamente con el Gobierno de la República, en los foros y organismos internacionales relacionados con la actividad bananera; y propiciar el ordenamiento del mercado internacional del banano para lograr una mayor independencia económica en todas las fases del negocio bananero; comprar, transportar, distribuir y comercializar banano, productos derivados del banano, insumos y demás productos utilizados en la actividad bananera, ya sea directamente o por intermedio de las empresas o entidades en que participe conjuntamente con productores nacionales; propiciar una creciente participación de los productores nacionales en la comercialización del banano en los mercados internacionales, para lo cual contará con el apoyo del Estado y de las entidades nacionalizadas del Sistema Bancario Nacional; promover, fomentar y participar en la investigación y en el desarrollo tecnológico vinculado con la actividad bananera; fomentar la participación de pequeños y medianos productores, ya sea individualmente u organizados, en los programas de desarrollo bananero que decrete el Gobierno de la República.

6. INSTITUTO COSTARRICENSE CONTRA EL CáNCER.

Mediante Ley número 7765 se crea el Instituto Costarricense contra el Cáncer como entidad especializada para la docencia, la investigación y la prevención del cáncer, así como para el tratamiento de quienes lo padecen. Tendrá a su cargo la definición de las políticas, los planes y programas nacionales relacionados con las materias de su competencia; para tal efecto, deberá coordinar sus actividades con las instituciones y los organismos públicos con atribuciones concurrentes o similares a las del Instituto. Se le define como un ente público corporativo de carácter no estatal, con personería jurídica propia.

7. INSTITUTO DEL CAFé DE COSTA RICA.

La Ley número 2762 incursiona en esta actividad agrícola, una de las principales del país, imponiendo una entidad encargada de intervenir en la organización de la producción, industrialización y comercialización del café. Según el artículo 102 de esa normativa el Instituto es una entidad pública de carácter no estatal. Tiene personería y patrimonio propios; además, amplia capacidad para celebrar contratos y dictar actos de conformidad con las atribuciones que se le señalan en la Ley.

Así, por ejemplo el artículo 10 indica que el Instituto deberá llevar registros de productores, beneficiadores, exportadores, torrefactores e industriales que realicen cualquier proceso ulterior del café y sus subproductos; el 13 que está facultado para vigilar, de oficio, y obligado a hacerlo a petición de parte interesada, el acto de medir las entregas de café, para que se realice de manera equitativa y uniforme en todo el país; el 26 que aprobará el sistema de empaque a que deben sujetarse las exportaciones de café, atendiendo al interés general en el prestigio, la presentación y protección del grano; el 27 que es atribución exclusiva suya extender certificado de origen y certificados de calidad del café para exportación.

Uno de los actos de mayor importancia que tiene a su cargo es el de la fijación de las cuotas para cada cosecha, indicando los porcentajes correspondientes para consumo nacional, exportación y, cuando sea necesario, una cuota provisional en disponibilidad (artículo 40).

Asimismo, desarrolla labores de investigación, fomento y apoyo a los pequeños productores (véanse, por ejemplo, los artículos 45 y 68).

8. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELéCTRICO DE CARTAGO.

La Junta (cuyas siglas son JASEC) es una persona jurídica de derecho público, de carácter no estatal -así lo señala el artículo 2° de la Ley número 3300-, con plena capacidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa y técnica en el cumplimiento de sus deberes y se le faculta para prestar los servicios públicos que define el artículo 5° de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (principalmente, suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización) excepto los de transmisión de datos y los señalados en el inciso b) de dicha ley (servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley). Deberá contar con la concesión respectiva cuando sea necesario. Queda también facultada para prestar los servicios de televisión por cable.

9. JUNTA DE FOMENTO SALINERO.

En el artículo 11 de la Ley número 6080 quedan plasmados los fines principales de la Junta: Trabajar por la organización y efectivo desarrollo de la industria salinera; propiciar y promover el mejor conocimiento y contacto entre los salineros de la República; velar por los intereses de los productores de sal del país. Procurar las medidas que conduzcan al mejor desenvolvimiento de la industria salinera, perfeccionándola técnicamente; promover la modernización de las instalaciones salineras y el establecimiento de una refinería de sal; obtener y proporcionar directamente asistencia técnica a los productores o las empresas industrializadoras de la sal; otorgar avales y garantías en operaciones de crédito de los productores o de las personas o entidades que intervengan en la industrialización de la sal; recomendar a los diferentes organismos o instituciones del sector público, las medidas que estime pertinentes para incrementar la producción nacional de sal; llevar un control estadístico de la producción nacional, de las importaciones y de las exportaciones; en ausencia de gestión directa de los interesados debe tutelar los derechos de los productores de sal y en tal virtud deberá atendérsela como parte, en todas las acciones civiles o penales que se deriven de las relaciones reguladas por esta ley; llevar registros actualizados de productores e industriales de la sal; autorizar los traspasos de derechos de explotación; recomendar a la Dirección General de Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la fijación de precios para las diferentes etapas de comercialización de la sal; autorizar el funcionamiento de las refinerías, yodizadoras y salinas.

La Junta tiene también la competencia (artículo 28) para recomendar a la Dirección de Comercio Interior, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, los precios de venta en las diferentes etapas de comercialización de la sal distinguiendo si el uso final es para consumo humano, industrial o pecuario, basada en estudios técnicos.

Por otra parte, funge como regulador de la actividad produciva al fijar anualmente, previo al inicio de la zafra, las cantidades de cada tipo o clase de sal para el consumo nacional que se necesite producir, tomando en cuenta las necesidades que tenga el mercado nacional sobre cada tipo de sal y distribuirá su elaboración según las proyecciones que determine.

10. JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.

Son atribuciones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión; mantener al día un registro de jubilados y pensionados, que deberá ser complementado con un expediente para cada pensionado y jubilado; adecuar el monto de la deducción individual que deba hacerse a los beneficiarios de este régimen, de conformidad con los límites que establece la misma Ley; administrar el fondo indicado en el artículo 28 de la Ley; informar anualmente de sus labores a la Contraloría General de la República y a las instituciones representadas en su seno; cobrar las cuotas patronales y obreras de las instituciones privadas y de los entes de educación superior; verificar que los patronos cumplan su obligación de contribuir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de esa Ley; llevar todos los registros contables y financieros que se requieran para la buena marcha del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; funciones de administración y régimen interno (presupuestarias, sobre el personal, etc.)

Por tratarse de una labor vinculada a un régimen jubilatorio, el artículo 28 de la Ley que interesa exige que, cada dos años, la Junta elabore o contrate la elaboración de un estudio actuarial, con la finalidad de conocer la situación financiera del Régimen y realizar los ajustes necesarios para preservarlo (Ley número 7628).

11. JUNTA NACIONAL DE CABUYA.

Creada por medio de la Ley número 7153, en ella se establece que los objetivos de la Junta Nacional de la Cabuya consisten en promover el desarrollo de la actividad cabuyera nacional, mediante el fortalecimiento de las personas físicas y jurídicas que se dediquen a ella, y el mejoramiento de la situación económica y social de los productores, que dependen, básicamente, de esta actividad para su subsistencia; mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores y entre éstos y las entidades que se dediquen a la industrialización de la cabuya, en todas sus etapas; vincular a todas las personas y entidades públicas o privadas que se dediquen a la producción e industrialización de la cabuya.

12. LIGA DE AGRICULTURA E INDUSTRIA DE LA CAñA.

Esta entidad se enmarca dentro de aquellas fundadas con el propóstio de regular una actividad económica específica, con la particularidad de que, en nuestro medio, normalmente esas reguaciones recaen sobre el campo agrícola. Tratándose de la caña de azúcar, a la Liga de la Caña se le confirieron los siguientes deberes y facultades (artículo 9 de la Ley número 7818): velar por el mantenimiento de relaciones buenas y equitativas entre productores de caña y los ingenios de azúcar, así como entre estos últimos, con arreglo a esta ley; investigar, con la finalidad de mejorar la agricultura de la caña y los procesos de elaboración de azúcar. Asimismo, transferir tecnología en estas actividades; modificar, previos estudios técnicos y con la audiencia de los interesados, los porcentajes de liquidación; regular la disposición del azúcar de producción nacional, de conformidad con la presente ley y las reglamentaciones que se dicten; fijar anualmente la Cuota Nacional de Producción de Azúcar y distribuirla; comercializar azúcar, mieles y alcohol y prestar servicios de almacenamiento, exportación o importación de dichos productos, por medio de las instalaciones que operen con estos propósitos; asimismo, establecer el valor de tales servicios; velar por el aprovechamiento total de las mieles y otros subproductos con valor comercial resultantes de la elaboración del azúcar; inspeccionar la producción y controlar el mercadeo, con sujeción al reglamento; producir, rectificar o transformar alcohol; colaborar con el Poder Ejecutivo en el cumplimiento de los convenios internacionales sobre azúcar suscritos por la República, y procurar que se llenen oportunamente, las cuotas preferenciales concedidas al país, en los mercados del exterior, cuya administración le corresponderá; llevar la cuenta detallada de todos los ingresos y egresos ordinarios o extraordinarios de la Corporación y, con ese fin, adoptar los más apropiados sistemas de contabilidad y control; dictar las medidas necesarias para asegurar la fiscalización eficaz en la percepción de los ingresos, la disposición de fondos y la ejecución correcta de los presupuestos, cuyo control y aprobación le corresponderán a ella; todo sujeto exclusivamente a esta ley y sus reglamentos; realizar toda clase de actos y contratos lícitos necesarios para el cumplimiento de sus fines; además, colaborar dentro de sus posibilidades, con las organizaciones del sector agroindustrial de la caña o los afines a él; recaudar por cuenta del Estado y como agente fiscal especial, los impuestos y las contribuciones sobre la producción de azúcar.

Asimismo, la Liga llevará un registro de los ingenios del país y de los productores de caña independientes, conforme al reglamento. La prestación de servicios de la infraestructura de comercialización de la Liga, entre ellos el almacenamiento, la exportación o la importación, estará a disposición de los ingenios que la soliciten, con sujeción a las posibilidades y los compromisos de dicha Corporación. El valor de tales servicios para quienes contribuyeron económicamente a su establecimiento y desarrollo, será fijado de acuerdo con el criterio de servicio al costo. Cuando lo considere conveniente, la Liga podrá convenir con los ingenios la prestación de servicios de comercialización de los excedentes de azúcar que elaboren o bien su adquisición, cobrando lo correspondiente por tales servicios.

Finalmente, valga anotar que la Liga ostenta facultades de inspección y denuncia (en este sentido, los artículos 91, 161 y 173).

13. OFICINA NACIONAL FORESTAL.

Por mandarto de la Ley número 7575 corresponde a la Oficina Nacional Forestal proponer, al Ministro del Ambiente y Energía, políticas y estrategias para el desarrollo adecuado de las actividades forestales; ejecutar y apoyar programas de capacitación tecnológica y estudios e investigaciones aplicadas a los recursos forestales del país, para su mejor desarrollo y utilización; impulsar programas de prevención para proteger los recursos forestales contra incendios, plagas, enfermedades, erosión y degradación de suelos y cualesquiera otras amenazas; impulsar programas para el fomento de las inversiones en el sector forestal y promover la captación de recursos financieros para desarrollarlo; divulgar, entre todos los productores, información nacional e internacional sobre mercados, costos, precios, tendencias, compradores, existencias y otros, para la comercialización óptima de los productos del sector; además, dirigir, en el país y fuera de él, la promoción necesaria para dar a conocer los productos forestales costarricenses; promover la constitución y el fortalecimiento de asociaciones y grupos organizados para el desarrollo del sector forestal, con énfasis en la incorporación de los campesinos y pequeños productores a los beneficios del aprovechamiento y la comercialización e industrialización de las plantaciones forestales; incentivar programas orientados a las comunidades rurales, para incorporar a los pequeños propietarios en los programas de reforestación; efectuar campañas de divulgación y capacitación, dirigidas a la comunidad nacional, sobre los beneficios que pueden generar el manejo adecuado y la conservación e incremento de las plantaciones forestales; presentar, ante la Contraloría General de la República, un informe anual en el que detallará el uso de los recursos públicos asignados mediante esta ley. Asimismo, remitirá un informe anual a la Administración Forestal del Estado sobre las actuaciones de la Oficina en cuanto a la promoción del sector; asesorar a los Consejos Regionales Ambientales y coordinar con ellos sus funciones.

14. PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR.

Ente obligado a coordinar su función con la del rector político de la materia -el Ministerio de Comercio Exterior- tiene los siguientes objetivos y funciones, asignados por su Ley de creación, número 7638: Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones, con sujeción a las directrices que dicte el Poder Ejecutivo; apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior para administrar los regímenes especiales de exportación, promover los intereses comerciales del país en el exterior y defenderlos; administrar un sistema de ventanilla única de comercio exterior, que centralice y agilice los trámites de importación y exportación; dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior, en coordinación con las instituciones competentes; administrar bienes en fideicomiso y, en general, celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con los objetivos y funciones de la Promotora.

15.- COLEGIOS PROFESIONALES. Se incluye un listado con el nombre del Colegio y la Ley de Creación:

Colegio de Abogados, Ley No. 13, de 28 de octubre de 1941

Colegio de Farmacéuticos , Ley No. 15, de 09 de noviembre de 1945

Colegio de Contadores Privados , Ley No. 1269, de 02 de marzo de 1951

Colegio de Enfermeras de Costa Rica , Ley No. 2343, de 04 de mayo de 1959

Colegio de Médicos y Cirujanos , Ley No. 3019, de 09 de agosto de 1962

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos , Ley No. 3663, de 10 de enero de 1966

Colegio de Trabajadores Sociales , Ley No. 3943, de 06 de setiembre de 1967

Colegio de Biólogos , Ley No. 4288, de 20 de diciembre de 1968

Colegio de Periodistas , Ley No. 4420, de 22 de setiembre de 1969

Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales, Ley No. 4505, de 18 de diciembre de 1969

Colegio de Secretariado Profesional , Ley No. 5005, de 15 de junio de 1972

Colegio de Geólogos , Ley No. 5230, de 02 de julio de 1973

Colegio de Bibliotecarios , Ley No. 5402, de 30 de abril de 1974

Colegio de Cirujanos Dentistas , Ley No. 5784, de 19 de agosto de 1975

Colegio de Psicólogos , Ley No. 6144, de 28 de noviembre de 1977

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas , Ley No. 7106, de 04 de noviembre de 1988

Colegio de Ingenieros Agrónomos , Ley No. 7221, de 06 de abril de 1991

Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Ley No. 4770 de 13 de octubre de 1992

Colegio de Físicos, Ley No. 7503

Colegio de Médicos Veterinarios , Ley No. 7724, de 13 de enero de 1998

Colegio de Quiroprácticos , Ley No. 7912, de 21 de Setiembre de 1999

EMPRESAS PUBLICAS

1. COMPAñíA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ.

En virtud de la Ley número 4197, se adscribe al Instituto Costarricense de Electricidad la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, encargada, originalmente, del suministro del servicio de electricidad en ciertos sectores, los que posteriormente fueron asumidos, en su totalidad, por el Instituto.

2. CORREOS DE COSTA RICA S.A.

Por Ley número 7768 la Dirección Nacional de Comunicaciones, órgano desconcentrado del Ministerio de Gobernación y Policía, con personalidad jurídica instrumental, pasó a ser una sociedad anónima, cuyo patrimonio y capital social íntegro quedó en manos del Estado.

Se le asignaron las siguientes funciones: Garantizar la eficacia, eficiencia, calidad, seguridad y oportunidad de sus servicios; participar en el mercado de los servicios postales y financieros afines; garantizar la cobertura nacional de sus servicios, según criterios de servicio social y desarrollo económico regionalmente equilibrado; garantizar la mayor eficiencia en el uso de sus recursos humanos, materiales y financieros, en forma compatible con los objetivos de servicio social eficaz y oportuno; participar, previa delegación del Poder Ejecutivo, en los organismos internacionales propios de los servicios de su competencia; vender los sellos postales; depositar en cada apartado postal toda la correspondencia dirigida a él.

Pese a la forma de sociedad anónima, el artículo 6° de la Ley aclara que es obligación del Estado, prestar en todo el territorio nacional por medio de Correos de Costa Rica el servicio social de comunicación postal declarado servicio público, en virtud de esta ley y regulado por la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, de 9 de agosto de 1996. Este servicio comprenderá, únicamente, las cartas clasificadas como correspondencia "LC" según el convenio de la Unión Postal Universal.

3. EMPRESA DE SERVICIOS PúBLICOS DE HEREDIA S.A.

Según lo explica el artículo 5° de la Ley número 7789 esa empresa goza de plenas facultades para prestar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales; así como para la generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público, en convenio con las municipalidades de la provincia de Heredia incorporadas, dentro de la jurisdicción de estas.

Se le permite, también, desempeñar esas funciones en forma directa, por medio de las subsidiarias que constituya para tal efecto mediante la celebración de contrataciones o alianzas con entidades de reconocido prestigio tecnológico y financiero.

Dentro de sus atribuciones se señalan las de solucionar los requerimientos de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario y otros servicios públicos, excepto los servicios de telecomunicación, necesarios para el desarrollo, en las condiciones apropiadas de cantidad, calidad, regularidad y eficiencia; unificar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de agua potable, electricidad y otros servicios en el ámbito regional; estimular la investigación científica en materia ambiental; promover el desarrollo, la educación y la conservación sostenible de los recursos naturales en la región;

promover el desarrollo, la cooperación, la producción y el crecimiento sostenible de los recursos de agua potable y energía eléctrica, con la colaboración del Estado y otras instituciones relacionadas con su ámbito de competencia; asumir, en la región, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía, la responsabilidad de promover la investigación y explotación racional de diversas fuentes energéticas. Para este efecto, podrá celebrar convenios de cooperación científica con instituciones de enseñanza superior y otros centros de investigación públicos y privados, nacionales o extranjeros, con apego a la Constitución y las leyes de la República; asumir la conservación, administración y explotación racional de los recursos energéticos e hídricos en la región de Heredia, y proteger las cuencas, los manantiales, los cauces y los lechos de los ríos, corrientes superficiales de agua y mantos acuíferos; para esto contará con el apoyo técnico y financiero del Estado y las municipalidades; promover la aplicación de los avances tecnológicos que contribuyan a mejorar los procesos técnicos y administrativos en los servicios públicos que se brinden; con este propósito, podrá introducir y adoptar tecnologías que incentiven la eficiencia y mejoren el funcionamiento de la Empresa en su misión.

Vale la pena destacar de la anterior enunciación de competencias, que se alude a la Provincia de Heredia como región. Esto, para efectos de lo que se ha señalado en anteriores informes sobre regionalización y sectorialización.

4. RADIOGRáFICA COSTARRICENSE S.A.

Radiográfica Costarricense, S. A. es una sociedad mixta para cuya constitución se autorizó al Instituto Costarricense de Electricidad, por medio de la Ley número 3293, en virtud de que -al mismo tiempo- se atribuyó al Instituto la competencia de explotar los servicios de telecomunicaciones regulados en la Ley Nº 47 de 25 de julio de 1921, por tiempo indefinido y en las condiciones allí establecidas.

5. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRóLEO.

Son dos las leyes que se refieren a la Refinadora. En la primera de ellas, número 5508, se le autorizada expresamente para celebrar cualquier convenio o convenios con los inversionistas nacionales o extranjeros para obtener el financiamiento necesario para modernizar o ampliar sus instalaciones, a fin de que pueda atender debidamente la demanda de combustible y otros derivados del petróleo para satisfacer las necesidades de estos productos en el país, para la expansión de la empresa, con el objeto de abastecer otros mercados.

Asimismo, en virtud del artículo 5° de esa misma Ley y con el propósito de proteger el consumo, se autoriza a la empresa a tomar las medidas que estime convenientes para asegurar la distribución eficiente y económica de todos los derivados del petróleo que produzca o que importe, quedando obligada a ir asumiendo directamente la distribución cada vez que se venza un contrato de distribución de cualquiera de las compañías que opere actualmente en Costa Rica.

Asimismo, queda facultada para distribuir derivados de petróleo en cualquier momento que se lo considere conveniente a los intereses del país, la que efectuará cubriendo únicamente los gastos, sin que por este concepto obtenga utilidad alguna y sin abarcar las estaciones de servicio que deben quedar en manos de particulares.

Finalmente, se le autorizó para efectuar importaciones de petróleo hasta que la capacidad de sus instalaciones, una vez mejoradas y ampliadas, permitan abastecer el consumo nacional.

La segunda de las Leyes que se ocupa de esta entidad es la número 7356 que declara monopolio del Estado la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. Se designa administradora de ese monopolio a RECOPE S.A., en tanto su capital accionario pertenezca en su totalidad al Estado.